El fiscal penal de La Plata Marcelo Romero presentó una denuncia contra el referente del Movimiento Evita Emilio Pérsico por anticipar que habrá cortes de calles y rutas la semana que viene. Cercano al macrismo, Romero es un cruzado de la mano dura que en 2005 había intentado instruir a la policía para que identifique y filme a manifestantes que tengan la cara tapada.
La denuncia contra Pérsico se dio luego de que el dirigente adelantara en declaraciones radiales que la próxima semana terminará el cuarto intermedio acordado con el Gobierno para negociar la aplicación de la Ley de Emergencia Social. "La semana que viene vamos a salir de vuelta a las calles y le anunciamos a la compañera Patricia que vamos a cortar las rutas, que no se imagine otra cosa", expresó el referente del Evita en FM Blue en respuesta a la intención de la ministra de Seguridad de impedir los piquetes. “Hay mucha masividad en los cortes, Patricia Bullrich no tiene manera de controlarlo", completó.
Por esas declaraciones, el fiscal penal Marcelo Romero entendió que correspondía denunciar a Pérsico por los presuntos delitos de “apología del crimen” e “incitación a la violencia colectiva”, que tienen una pena de un año a seis años de prisión. Lo hizo ante su par de turno en La Plata, Virginia Bravo, al considerar que los dichos del dirigente fueron “desafiantes” y “superan con holgura la simple libertad de expresión, internándose en el plano de la ilegalidad”.
Justo hoy el bloque Peronismo para la Victoria (PPV) de Diputados reclamó el tratamiento de un proyecto de ley que presentó para "promover y proteger" el derecho a la protesta en la vía pública. "La única respuesta que está ensayando el Gobierno es represiva", denunció Leonardo Grosso, diputado y dirigente del Movimiento Evita, en una conferencia de prensa. La iniciativa, que está frenada hace tiempo en la comisión de Asuntos Constitucionales, crea una comisión bicameral para seguir el cumplimiento del derecho de manifestarse y establece "criterios mínimos" para la actuación de las fuerzas de seguridad. En su penúltimo artículo declara la amnistía de las personas detenidas por delitos relacionados con el ejercicio de la protesta y la manifestación pública.
La denuncia contra Pérsico fue repudiada por Fernando “Chino” Navarro, diputado bonaerense por el Frente para la Victoria y dirigente del Evita, quien advirtió al fiscal que “tanto Emilio Pérsico como miles de militantes seguiremos en la calle todo lo que sea necesario”. “Mientras haya hambre y pobreza estaremos en la calle. Resulta que el compromiso de Emilio Pérsico con los pobres es incitación a la violencia”, tuiteó Navarro.
También la agrupación La Cámpora rechazó la presentación judicial y afirmó que se trata de “una nueva amenaza de persecución política contra todo aquel que planteé cuestionamientos al gobierno de Mauricio Macri”. “Es un grave ataque al derecho a manifestarse”, sostuvo la organización kirchnerista en un comunicado, en el que sostiene que la Justicia es “ariete del poder macrista” y está “al servicio de la política represiva planteada recientemente por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich”.
Marcelo Romero, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nª6 de La Plata, es un defensor de las políticas de mano dura y enemigo declarado de lo que llama “el abolicionismo”. En su blog hace alarde de un cartel que colocó en la mesa de entradas de su fiscalía, que informa: “En esta fiscalía no existen altares dedicados a Eugenio Raúl Zaffaroni ni se reparten estampitas de Michel Foucault”.
En la denuncia contra Pérsico, el fiscal platense afirma que el dirigente debe ser investigado por que en sus declaraciones “pondera la comisión de graves delitos contra los poderes públicos y la convivencia democrática”. Romero opina en su presentación que “ya no se trata del debate respecto de la legalidad o ilegalidad” de los piquetes porque “ese debate absurdo sólo pudo darse por la inactividad en todos estos años de los sucesivos Poderes Ejecutivos, tanto de la Nación como de las provincias”.
El fiscal había intentado en 2005 dar una instrucción a la Policía Bonaerense para que identificara a las personas que marcharan con la cara tapada o con palos. Ordenó secuestrar esos elementos y, en caso de que los manifestantes se opusieran, filmarlos e iniciarles un proceso por intimidación pública. Esa resolución fue anulada por la entonces procuradora bonaerense María del Carmen Falbo, que consideró que avanzaba sobre un tema que es competencia del Ejecutivo.
Romero es miembro honorario de la asociación civil Usina de Justicia, formada por varios intelectuales del macrismo, y eventual columnista de Infobae. En ese portal y en su blog personal despotrica contra el kirchnerismo, contra los cortes de calle y contra “el abolicionismo”, mientras pide mano dura y reclama la baja de la edad de imputabilidad. Entre otras cosas, ensalza la política de “tolerancia cero” del excalalde de Nueva York Rudolph Giuliani, considera que los piquetes son “un exceso en el ejercicio de un derecho” y critica a “los gurúes locales del abolicionismo vernáculo” por haber creado “un verdadero vocabulario gramsciano del derecho penal”.
