Otros dos agentes de inteligencia que venían de la policía porteña y que son investigados por espionaje ilegal visitaban la Casa Rosada durante el gobierno de Cambiemos e iban directo al despacho del entonces secretario general, Fernando De Andreis, según una nueva presentación que hizo Cristina Fernández de Kirchner --a través de su abogado Alberto Beraldi-- en la causa a cargo del juez federal de Lomas de Zamora. La vicepresidenta, víctima central de los seguimientos, ya había denunciado que los espías Leandro Araque, Facundo Melo y Jorge “el Turco” Sáez tenían una docena de entradas a la Casa de Gobierno, donde iban a ver a una ex funcionaria, Susana Martinengo, alguien de extrema confianza de Mauricio Macri, y que tenía el despacho a unos pocos metros del suyo. Los nuevos nombres son Javier Bustos y Jonatan Nievas y sus domicilios ya habían sido allanados en el expediente. Es un dato adicional que coloca estas actividades de inteligencia irregulares cada vez más cerca del ex presidente Macri.

Otro material revelador que entregó Beraldi al juzgado de Lomas de Zamora muestra que Araque y Sáez participaron de allanamientos que mandó a hacer los días 13 y 14 julio de 2015 el fallecido juez Claudio Bonadio en la causa conocida como “Hotesur” contra CFK. Araque era subinspector de la entonces Policía Metropolitana y Sáez era oficial mayor de la fuerza. Ambos integraban el Area de Investigaciones Comuna IV. Cristina ocupaba entonces la Presidencia de la Nación y Macri la jefatura del gobierno porteño. Bonadio quería que los policías buscaran documentación en la AFIP sobre la familia Kirchner y le pidió a Macri su policía para eso, aunque se trataba de una fuerza que no actuaba como auxiliar en causas federales. La AFIP informó que había documentación requerida en Santa Cruz, así que el juez mandó a la policía porteña a Río Gallegos y a El Calafate.

Luego Bonadio le mandó al entonces ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad una felicitación destinada “a todo el personal que participó en los procedimientos, por la diligencia, la planificación y el profesionalismo con que fueron ejecutados”. Entre los destinatarios obviamente estaban Araque y Sáez. El mismo mecanismo --elegir no sólo de qué organismo o fuerza valerse sino también las personas-- fue aplicado por el juez cuando ya durante el gobierno de Cambiemos le pedía ayuda a la AFIP. Ahí requería directamente los servicios de Jaime Mecikovsky, un hombre del riñón del Elisa Carrió que actualmente es investigado por presuntas filtraciones de información protegida por secreto fiscal sobre algunas figuras conocidas, desde Hugo Moyano hasta Susana Giménez y el empresario Angelo Calcaterra, primo del ex presidente.

Araque y Sáez tienen una característica común a muchos de los imputados por el espionaje ilegal en la causa de Lomas de Zamora: pertenecieron a la policía de la Ciudad, antes Metropolitana, luego fueron asignados a la AFI cuando Macri llegó a la Presidencia, en diciembre del año pasado fueron nombrados de vuelta en distintos puestos y áreas a la fuerza porteña. En su mayoría fueron desplazados de sus cargos días atrás.

También hicieron el mismo recorrido Bustos y Nievas, otros dos imputados en la causa de Villena. Según un escrito que presentó el abogado de CFK, al analizar los registros de entradas a la Casa Rosada, se halló que ambos habían ido a la Secretaría General de la Presidencia el 21 de enero de 2016, a poco de asumir Macri el gobierno y que estuvieron allí entre las 10.21 y las 13.04. El texto estima que, por la coincidencia horaria, también estuvo en el mismo encuentro otro policía llamado Rodrigo Simón, “un comisionado de la Policía Metropolitana que fue detenido en 2010 en el marco de un operativo contra el narcotráfico, quien luego fue acusado de tenencia ilegal de armas y explosivos, por lo que resultó separado preventivamente de su cargo”:

El listado con información de los ingresos y salidas a la Casa de Gobierno es público y lo difunde Poder Ciudadano. Araque reconoció el viernes pasado ante la Comisión Bicameral que fiscaliza los organismos y actividades de inteligencia que solía tener reuniones con la ex funcionaria Martinengo, que tenía a cargo la Dirección de Documentación Presidencial y había trabajado con Macri ya en la administración porteña. Con la funcionaria, contó, se reunían también en el domicilio de ella, en San Martín, y a veces se juntaban a almorzar. La mujer les indicaba, según relató, cuando alguno de los informes de inteligencia podía interesar “arriba”. El celular de este espía ha sido clave en la investigación de Villena, ya que estaba lleno de archivos de seguimientos fotográficos, videos y hasta conversaciones entre agentes. Entre los damnificados hay políticos oficialistas y opositores, miembros de la iglesia católica, sindicalistas y dirigentes y organizaciones sociales.

El lunes último fue citado como víctima de espionaje el periodista de La Nación Hugo Alconada Mon. Estuvo más de tres horas en el juzgado. Le explicaron que las actividades de inteligencia se habrían hecho bajo el mando del ex jefe de Operaciones Especiales de la AFI, Alan Ruiz, y a través de integrantes de dos grupos de WhatsApp (uno llamado “Súper Mario Bros” y el otro “Grupo Pilar”, integrados por espías, en su mayoría orgánicos. Había seguimientos a su auto, fotos de la casa donde vive con su familia en La Plata y hasta del domicilio de sus padres. Su legajo era llamado “Anaconda” por los agentes.

La primera mención que hay entre sus comunicaciones a esa carpeta es el 1 de marzo de 2018. Alconada había escrito sobre la posible vinculación de Gustavo Arribas –ex jefe de la AFI-- con transferencias sospechosas de la constructora Odebrecht. Ese día la policía brasileña había hecho allanamientos y detenciones en San Pablo y confirmó oficialmente que investigaba a Arribas. Los seguimientos se prolongaron, de acuerdo al material que tiene el juzgado, hasta agosto. En el ínterin, Alconada escribió sobre las menciones a Angelo Calcaterra (primo de Macri y dueño de la constructora Iecsa) en el Lava Jato en Brasil, sobre el blanqueo del Gianfranco Macri de 63 millones de pesos y, en su libro La Raíz, sobre los pedidos del ex presidente a los empresarios del uno por ciento de su patrimonio durante la campaña electoral de 2015. Todo indica que los agentes buscaban, entre otras cosas, establecer sus fuentes.