Jair Bolsonaro emprendió una nueva cruzada: esta vez contra un dibujante, a quien le quiere aplicar una ley de la dictadura. Se trata de Renato Aroeira, quien según el gobierno del ultraderechista, habría violado el artículo 26 de la Ley de Seguridad Nacional aprobada en 1983 en tiempos de Joao Figueiredo, el último dictador de Brasil.

Ese artículo condena expresamente los delitos de "calumnia" o "difamación" en los casos  del presidente de la República, del Senado, de la Cámara de Diputados o del Supremo Tribunal Federal y establece una pena de uno a cuatro años de prisión.

Aroeira dibujó a Bolsonaro con un tarro pintura haciendo una intervención sobre la Cruz Roja. El Bolsonaro de la caricatura agrega unos trazos negros en las puntas de la cruz, resignificando el símbolo universal de la salud que, entonces, semeja una esvástica. "¿Vamos a invadir otro?", se pregunta el presidente de extrema derecha en la viñeta. El dibujo lleva como título: "Crimen continuado". 

"El pedido de investigación tiene en cuenta la ley que trata de crímenes contra la seguridad nacional y el orden político y social", afirmó un comunicado del Ministerio de Justicia, respecto del pedido a la Fiscalía General para que tome cartas en el asunto. La persecución no se limita solamente al autor de la caricatura, apunta también a quienes divulguen el dibujo, incluso en redes sociales.

La denuncia se extiende, de manera automática, a uno de los periodistas más respetados del país, Ricardo Noblat, de 70 años, que compartió el dibujo de Aroeira en su blog en la revista Veja. 

La Asociación Brasileña de Prensa (ABI) protestó por la iniciativa oficial. "La aversión a la crítica es propia de las dictaduras o de los candidatos a dictador" afirmó la ABI, que recalcó que "las amenazas no callan la defensa de la libertad de prensa y de la democracia".

Por su parte, la Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación (Abraji) manifestó su "preocupación" por el hecho de que se invoque una ley de la dictadura. "Aún cuando todo ciudadano tiene derecho a buscar una reparación judicial cuando se siente afectado en su honor, usar el peso del Estado y una ley creada durante un período de excepción no es proporcional en este caso", resaltó en un comunicado. Además, estimó que apelar a esa norma "sugiere que el real objetivo es intimidar a la prensa y cercenar la libertad de expresión".