El fiscal Hernán Trejo, a cargo del Ministerio Publico Fiscal de Río Negro, dio curso a una investigación por una denuncia penal que realizó una trabajadora del refugio para víctimas de violencia por razones de género, en Viedma, contra la coordinadora de dicho establecimiento. “La operadora asumía que estaban haciendo un aborto ilegal”, señaló Mercedes Pietranera, secretaria de Igualdad de Género de la provincia, y detalló que “la denuncia dice que ellas convencieron a la mujer de realizarse el aborto”. La mujer, que se encontraba en el hogar desde principios de junio, había solicitado la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), que fue aprobada y realizada de forma ambulatoria, bajo la órbita del sistema público de salud. “No hay ningún delito”, aseguró Pietranera.
La denuncia, radicada en la Fiscalía N°2 de Viedma, fue tomada por el fiscal de turno, Guillermo Ortiz, quien, bajo la aprobación de Hernán Trejo, inició una investigación preliminar, en la que se solicitó la historia clínica de la mujer involucrada, además de realizar un allanamiento en el hogar refugio donde vivía la mujer. “Los fiscales no llamaron en ningún momento a las trabajadoras del hogar ni a la mujer en cuestión”, relató Barbara Donoso, integrante de la agrupación Rosa Salvaje quienes, a pedido de la Secretaría de Igualdad de Género, acompañaron a la mujer en el proceso de la ILE, y agregó que “el allanamiento fue invasivo, violento y en contra de todos los derechos de la víctima”.
“Ella tenía un embarazo no deseado producto de la violencia de su agresor”, relató Pietranera. Por su parte, José Rovasio, director del Hospital Zatti, donde se atendió la mujer, afirmó en una entrevista en un medio local que “toda la ILE se hizo por profesionales del hospital y bajo todas las normas y reglamentos que tenemos”. Luego del allanamiento al refugio donde se encontraba viviendo, la mujer, junto a sus dos hijos, se mudó a la casa de un familiar. “El refugio era el lugar donde debía estar resguardada de su agresor”, señaló Donoso y afirmó que el hombre, contra el que se aprobó la medida cautelar por violencia de género, “está detenido”.
“Ella sabe que hizo lo que tenía que hacer”, aseguró Donoso y relató que “al decidir la interrupción de ese embarazo ella nos dijo que estaba cerrando toda una historia y una vida atravesada por la violencia”.
Desde el martes pasado, las trabajadoras del hogar se encuentran de licencia, mientras que, aseguró Pietranera, la operadora que realizó la denuncia “va a tener algún tipo de sanción”. Según afirmó la responsable de los hogares refugio, “la autocrítica es haber llegado con la denuncia penal ya radicada” y agregó que, en adelante, “vamos a fortalecer no sólo la protección a las víctimas sino también a las mismas trabajadoras”.
Informe: Lorena Bermejo
