En un informe nacional sobre la situación que viven en contexto de coronavirus y aislamiento el 80% de los pueblos originarios del país, un equipo de investigadores de Universidad Nacional de Salta diagnosticó la problemática a nivel local. “Relevamiento de la situación de comunidades indígenas frente al COVID-19 en las tierras altas y bajas de la Provincia de Salta” denominaron este informe que da cuenta del trabajo mancomunado y en condiciones atípicas en torno al oficio antropológico, y que han realizado en tiempo récord, en un marco de necesidad y urgencia.
Salta posee una gran diversidad ambiental, cultural y lingüística, en términos tanto cualitativos como cuantitativos. La antropóloga Norma Naharro, investigadora del equipo, explicó como se hizo el trabajo: “No es que todas las comunidades fueron consultadas, obviamente, porque en Salta hay más de 300 comunidades indígenas, lo que sí, abarcamos todas las áreas, es decir, desde la Puna hasta el Chaco, tratando de conectarnos con gente de los distintos pueblos. Ese relevamiento se hace más difícil en Salta que en otras provincias, porque acá hasta el momento hay 14 pueblos indígenas distintos, hay 14 identidades indígenas distintas, y entonces se presenta una gran heterogeneidad cultural y una gran heterogeneidad de situaciones ambientales, políticas y sociales”.
El informe se organizó sistematizando la información organizada según una diferenciación geocultural clásica: “tierras altas” y ”tierras bajas”. La primera, también conocida como “región andina” o “subandina”, incluye la Puna, los Valles Calchaquíes y la Quebrada del Toro, donde se encuentran los pueblos Atacamas, Kollas, Diaguitas/Diaguitas-Calchaquíes, Tastiles y Lules. La segunda alude al “Chaco salteño” e incluye areas de yunga y chaco, es el territorio de los pueblos Wichí, Chorote, Chulupí, Iogys, Weenhayek, Tapiete, Qom (Toba), Guaraní y Chané.
En términos generales, las precarias condiciones de vida de los pueblos originarios locales se asientan en una configuración social históricamente orientada a la apropiación y concentración de la tierra que dificulta el acceso a los derechos de propiedad comunitaria. En las últimas décadas se agudizaron las situaciones de inseguridad jurídica y, por lo tanto, la conflictividad. El interés empresario sobre los territorios para la puesta en marcha de emprendimientos productivos, agronegocios, el aumento del valor de las tierras, la deforestación y degradación ambiental, y la multiplicación de situaciones de desalojos, reprodujeron y agravaron la exclusión y subordinación histórica de estas poblaciones.
Con altos niveles de pobreza y desocupación, la provincia es considerada la segunda del país con las tasas de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) más altas, siendo sus habitantes considerados “pobres estructurales” (INDEC, 2010). A su vez, los indicadores de calidad de vida, educación y trabajo de la provincia expresan un acceso desigual entre la población indígena y no indígena a los bienes y servicios básicos. Estas brechas dan cuenta del lugar marginal que los pueblos originarios tienen dentro de la estructura social salteña. Dichas condiciones de vida, hoy afectadas por las medidas tomadas en torno a la pandemia, varían ampliamente en el territorio provincial. El 6,6% de la población total salteña se autoidentifica como indígena o descendiente. Según el informe, de este total provincial el 57,4% vive en zonas urbanas y periurbanas, y un 42,6% reside en zonas rurales, por lo que otro criterio que el equipo de investigación tomó fue la diferencia entre cada ambiente y localización, que se traduce, a su vez, en distintos problemas a resolver.
Efectos del aislamiento en las comunidades
Considerando que el informe está dirigido a funcionarios y técnicos de organismos públicos y en torno a la toma de medidas concretas en el marco del contexto de la pandemia, el equipo salteño puntualizó sobre las problemáticas de los pueblos indígenas en este contexto abordando distintos ejes.
Los "servicios de salud pública se vieron profundamente afectados por las medidas estatales preventivas tomadas en la Provincia. La asistencia a hospitales y puestos sanitarios por parte de los miembros de comunidades se vio impedida en la mayor parte de los casos debido a la situación de emergencia, dado que se priorizan casos de complejidad" reseñó. En el caso de las tierras bajas, particularmente en las comunidades wichí, se agudizaron las desigualdades que ya se venían notando a principio de año con la crisis a través de la cual se declaró la emergencia socio sanitaria en relación a la escasez de agua potable, y la muerte por desnutrición y deshidratación, pues se frenaron todas las ayudas e intervenciones que se venían realizando.
Con el confinamiento se extremaron las medidas de control y seguridad en todo el territorio provincial, implicando una mayor presencia policial y de Gendarmería en las principales rutas y vías de acceso utilizadas por integrantes de las comunidades. Esto provocó superposiciones de alcance jurisdiccional en diferentes espacios de la provincia, ocasionando problemas en relación a permisos de circulación. Cabe destacar que en Salta los espacios más poblados por pueblos originarios colindan con Jujuy y con países vecinos, principalmente Bolivia y parte de Paraguay. El cierre de las fronteras internacionales y su militarización generó un abrupto cese del comercio informal, afectando a familias cuyo sustento depende de esta actividad y provocando el desabastecimiento de muchos productos. Es crítica la situación de algunas comunidades e incluso poblados que quedaron incomunicados, lo cual también impidió que los trabajadores “golondrina” regresaran a sus localidades. Las autoridades provinciales y municipales han operado como intermediarias para agilizar el retorno de estos trabajadores. "No obstante, se denunciaron situaciones de abandono tanto en el traslado (encierro sin provisiones) como en el cumplimiento del período de aislamiento en instalaciones edilicias de la provincia, sin que se cubrieran las raciones mínimas de alimento. También se ha puesto en evidencia la práctica discriminatoria y degradante por parte de las autoridades hacia estos grupos de trabajadores en base a su condición de clase y de etnia, incluyendo al gobernador que los calificó como 'delincuentes'", sostiene el informe.
En el marco de una profundización del control y vigilancia sobre la población, se generaron situaciones de intimidación y de abuso. En este punto adquiere especial relevancia el decreto provincial 255 que otorga a la jefa de la Policía provincial la facultad de detener, juzgar, sentenciar y aplicar la pena de arresto a cualquier persona considerada infractora. Así se legalizaron intervenciones arbitrarias de la Policía. “Se han presentado algunas situaciones de violencia institucional como es el caso de un desalojo que se produjo en comunidades periurbanas de la localidad de Tartagal, donde la Policía realizó algunas prácticas muy violentas de intervención en un contexto donde habían niños, personas discapacitadas, pertenecientes a los pueblos toba y chorote”, contó la antropóloga Mónica Flores Klarik, integrante del equipo de investigación.
Conectividad, políticas sociales y educación
A nivel general, una de las dificultades más evidentes se dio alrededor de los entornos virtuales, la ausencia de equipos para acceder a internet “y la falta de conectividad misma, que en esta situación y en este contexto tomaron especial relevancia porque muchas de las políticas sociales de compensación económica se canalizaron por formularios y pedidos por internet”, agregó Naharro.
El acceso a internet y a las TICs es desigual y produce una brecha excluyente determinada tanto por la ubicación del lugar de residencia como por las capacidades económicas de quienes puedan tener acceso al servicio. Las propuestas pedagógicas basadas en la virtualidad son poco viables e inadecuadas en estos espacios.
En este sentido, en el informe se recomienda el uso y mantenimiento de la gran cantidad de radios comunitarias que hay en el territorio provincial para estos fines, pues el recurso radiofónico desde una perspectiva pedagógica es considerado como una solución más equitativa y accesible. "Es importante que la política pública trabaje fortaleciendo estas radios que en general no reciben pautas publicitarias, no reciben apoyo económico, y que hasta cuando se rompe un equipo es la gente de la misma comunidad la que tiene que comprarlo o juntar fondos y demás para mantenerlas”, dijo Naharro.
Asimismo, el aislamiento hizo notoria la importancia del acceso a la tierra y el agua en torno a la capacidad de autosubsistencia, producción, intercambio y circulación de bienes, la principal reivindicación de los pueblos indígenas. “Las comunidades que tienen acceso a la tierra y al agua sufrieron mucho menos el aislamiento porque eso les permite una cierta soberanía alimentaria, lo que les permite transitar este tiempo tranquilos, digamos. Mientras que las comunidades que están en la zona chaqueña, de ampliación de la frontera agropecuaria, que sufren los desmontes y las fumigaciones, han pasado muchas más necesidades alimentarias”, refirió Naharro. Como asegura el informe, en el Chaco salteño los problemas de nutrición de la población se hallan íntimamente vinculados con la falta de acceso al agua potable y la deforestación que impide el acceso a los recursos del monte.
En otro orden, el impedimento de la circulación afectó fuertemente a las comunidades, por ser uno de los rasgos generales la informalidad y el “trabajo golondrina” que alterna circuitos laborales estacionales. Según el relevamiento, el aislamiento produjo dos efectos simultáneos: el cese de los circuitos de contratación estacional dejó a les trabajadores en situación de desamparo, alejades de su hogar y sin ingresos. Por otro lado, la suspensión generalizada de medios de transporte accesibles y los cuantiosos controles de circulación imposibilitaron a las familias comercializar parte del excedente de su producción agrícola, ganadero y artesanal, “esto provocó la dependencia cada vez mayor de las ayudas que se fueron implementando a través de diferentes mecanismos pero que con el tema de las distancias, en algunos casos, se vio dificultada y muchas familias quedaron sin poder acceder a estos recursos”, sostuvo Flores Klarik.
Gestionar ayuda, otro problema
El informe sostiene que la gestión de las prestaciones monetarias estatales resulta sumamente complicada para la mayoría de las personas de las comunidades rurales. Además de la falta de conectividad se añade la dificultad que presenta el llenado de formularios cuando no se tienen conocimientos básicos para hacerlo. En el caso del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), se presentaron numerosas dificultades para concretar su cobro, sobre todo para quienes no poseen cuenta bancaria.
Quienes solicitaron cobrar por Correo Argentino en muchos casos no pudieron hacerlo porque en el pueblo cercano sólo hay estafetas postales. En el caso del cobro por bancos, se señaló con mucha frecuencia que les asignaron cajeros muy distantes, “hay gente de Rivadavia Banda Sur que se le asignó para cobrar Santa Victoria Este, que están en el mismo departamento pero para llegar tienen que recorrer 500 kilómetros", contó Naharro, y agregó que al informe anexaron un mapeo actualizado de cajeros y sucursales de correo cercanas a las comunidades con el objetivo de que sea tenido en cuenta para la próxima.
Les investigadores hicieron hincapié en la necesidad de la consulta directa a representantes de los pueblos originarios a la hora de formular medidas concretas, como transmitió Flores Klarik: “este resultado que estamos presentando tratamos que sea tenido en cuenta para una transformación en lo que son las concepciones de las políticas públicas que muchas veces se realizan desde oficinas que están muy lejanas de las realidades donde pasan estas problemáticas, y los contextos y las situaciones son muy diversas, sobre todo en Salta. Esta síntesis intenta mostrar el panorama de la diversidad y, sobre todo, de las desigualdades”.
La “nueva normalidad” en el oficio antropológico
El equipo de investigación de Salta está conformado por docentes, egresados y estudiantes de la UNSa que tienen un fuerte trabajo previo en los territorios relevados: Naharro, Flores Klarik, Paula Milana, Marcela Álvarez, María Victoria Sabio Collado, Ana Victoria Casimiro Córdoba, Leda Kantor, María Eugenia Flores, Lucía Luna Figueroa, Sebastián Abeledo, Emilio Acho y Martín Formia, pertenecientes al Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades (ICSOH- CONICET), el Centro de Investigaciones Sociales y Educativas del Norte Argentino (CISEN) de la UNSa, y la Escuela de Antropología de la Facultad de Humanidades.
El equipo tuvo que llevar a cabo su "trabajo de campo" de manera atípica: cuando lo usual son estadías prolongadas en el espacio de interés, en este caso se tuvo que trabajar con una metodología rápida, distante y estructurada, es decir, lejos de los territorios, las comunidades y las personas, comunicándose vía telefónica o virtual con dirigentes comunitarios, técnicos o referentes de organizaciones, haciendo sus indagaciones a partir de un cuestionario común.
“Como el informe tenía que realizarse de manera urgente, porque no tenía mucho sentido que saliera después que la pandemia hubiera pasado, uno de los desafíos fue pensar en cómo acceder a la información y cómo llevar adelante la consulta. Un desafío y a la vez una limitación que tiene el informe (...). Hicimos un cuestionario común que tomara casi todos los aspectos: educación, salud, economía, relaciones sociales, etcétera, y tratamos de ir relevando con esta limitación todas las áreas”, explicó Naharro.
“Efectos socioeconómicos y culturales de la pandemia COVID-19 y del aislamiento social, preventivo y obligatorio en los Pueblos Indígenas del país” es el nombre del informe que a nivel nacional fue realizado por 30 equipos de 12 universidades o unidades ejecutoras del CONICET que trabajaron de forma mancomunada y autogestionada, abarcando las regiones Metropolitana, Pampeana, Noroeste, Noreste, Cuyo y Patagonia. En https://drive.google.com/file/d/16QgXpoBn2EHtg8KcqaSCR3WBzjuyAxkf/view?usp=sharing se puede acceder al informe completo. También se puede escuchar un radio informe en https://vove.com.ar/radioinforme-lmp-8-pueblos-originarios-de-salta-y-aspo/
