La primera indagatoria prevista en el retorno formal de la actividad en la investigación de los delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia se frustró ayer porque el policía retirado Víctor Hugo Bocos adujo no estar en condiciones para participar de este acto, que se iba a realizar a través de internet, debido a las restricciones por la pandemia y a que los acusados están en los grupos considerados de riesgo para la Covid-19.
Bocos era el primero de cinco acusados cuya indagatoria se fijó para estos días en la segunda causa en la que se investigan las detenciones irregulares y las torturas que sufrieron 16 empleados de la transportista La Veloz del Norte en enero de 1977, una acción del terrorismo estatal que ha sido interpretada como una forma de eliminar la actividad sindical en la empresa, que por entonces pertenecía a Marcos Jacobo Levin, quien también está imputado en esta causa.
Según trascendió, Bocos informó que se encuentra sedado, por medicamentos que consume para contrarrestar los efectos de un accidente cerebro vascular que sufrió el año pasado, y que esto le impide afrontar una indagatoria. Aunque ya el juez federal Julio Bavio había dispuesto la suspensión de la audiencia, la Fiscalía presentó enseguida un informe aportado en otra causa vinculada sobre una pericia psiquiátrica en el que la médica Rocío Lazarte asegura que el policía, de 69 años, "está en condiciones de afrontar un proceso penal".
Además, se indicó que Bocos argumentó que tampoco cuenta con servicio de internet en su vivienda, para realizar la indagatoria vía Skype, la vía que dispuso el juez para llevar adelante estos trámites, atendiendo a la especial situación por el coronavirus.
El fiscal general Carlos Amad entendió que si esto es así, la defensa oficial que asiste al policía debería tomar medidas para que en una nueva convocatoria se prevea que esté en un lugar con conexión digital.
En esta causa también están imputados los policías retirados Víctor Hugo Almirón y Enrique Víctor Cardozo, y el ex jefe de personal de La Veloz, José Antonio Grueso.
El juez fijó audiencias escalonadas, empezando por Bocos. Para mañana está prevista la indagatoria a Almirón, mientras que Cardozo tiene fecha para el 23; Levín, el 24 y Grueso al día siguiente, 25. Habrá que ver si podrán desarrollarse o si nuevamente serán jornadas de nuevas excusas, como suele ocurrir en estos procesos en que los acusados recurren a todo tipo de argucias para ralentizar aún más el avance de las causas.
En un juicio histórico que analizó por primera vez la co-responsabilidad empresaria en el terrorismo de Estado, Levín, Bocos, Cardozo y Almirón ya fueron juzgados y condenados en 2016 por la detención ilegal y las torturas a Víctor Cobos, que también era empleado de La Veloz y era delegado gremial de la Unión Tranviarios Automotor (UTA). Sin embargo, esta sentencia fue anulada en 2017 por los camaristas Juan Carlos Gemignani, Eduardo Riggi y Carlos Mahiques, de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, afirmando que no se trató de un delito de lesa humanidad. La Fiscalía y las querella apelaron esta decisión y la causa llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que debe decidir si confirma la condena o la decisión de la Cámara. Esta misma Corte ya dijo en 2018, en el caso de los otros trabajadores de La Veloz detenidos en el mismo operativo terrorista, que estos hechos deben investigarse como delitos de lesa humanidad, que no prescriben.
Esta segunda causa es por la detención ilegal y torturas en perjuicio de Ciriaco Nolberto Justiniano, Juan Alberto Alonso, Miguel Ángel Rodríguez, Manuel Eugenio Modad, Carlos Lidoro Aponte, Sonia Rey, Jorge Arturo Romero, Aurelio Rada, Sebastián Lindor Gallará, Oscar Horacio Espeche, Carlos Horacio Pereyra, Jorge Francisco Delaloye, Emilio Bórquez, Norberto Bórquez, Rubén Héctor Vrh y Carlos Eugenio Bais.
La Fiscalía sostiene que en el juicio por los hechos de los que fue víctima Cobos ya se demostró "la especial imbricación que existía entre la estructura empresarial y las estructuras represivas legales e ilegales", a tal punto que Bocos era al mismo tiempo policía y empleado de La Veloz y que Levín había puesto un automóvil Ford Falcon a disposición de la Policía.
"Levín tenía a su disposición la estructura de una empresa importante en el medio salteño y como correlato de ello disponía del poder social diferencial que dicha posición le confería. Esto sin duda incrementaba notablemente su poder de determinación más allá de la relación laboral mantenía con Bocos", sostuvo la Fiscalía.
