Este martes a la mañana debían comenzar las indagatorias de la segunda causa por delitos de lesa humanidad que se sigue contra el empresario Marcos Levin y otros cuatro imputados por los secuestros de 16 trabajadores de la empresa de transporte La Veloz del Norte, ocurridos en 1977. Las víctimas aguardaban el procedimiento desde hace, por lo menos, año y medio, luego de que la Corte Suprema revirtiera el rechazo de los hechos como delitos de lesa humanidad decidida por la Cámara de Casación. Sin embargo, las estrategias para continuar demorando a la Justicia de parte de los acusados no cesan: la defensa de Víctor Hugo Bocos comunicó que el ex policía no está en condiciones de declarar. “Vamos a averiguar qué pasó y si es cierto que tiene problemas psiquiátricos. Pero esto va a avanzar, las víctimas esperaron más de 40 años, no se van a cansar”, advirtió el fiscal Carlos Amad.

Bocos debía ser el primero de los acusados en el cronograma de indagatorias que había planteado el juez federal Julio Bavio para dar continuidad a la segunda parte de la investigación sobre delitos de lesa humanidad cometidos contra trabajadores de La Veloz del Norte que contaron con la participación del dueño de la empresa, Marcos Levin, y que le valió una condena en 2016. Él, los ex policías Enrique Víctor Cardozo, Víctor Hugo Almirón y el ex jefe de personal de La Veloz José Antonio Grueso están citados para el jueves, el viernes y la semana que viene.

Sin embargo, el primer paso quedó trunco: la defensa de Bocos presentó ante el juzgado un certificado médico que plantea que estaría con problemas psiquiátricos. “Vamos a presentar pedido para que se certifiquen esos problemas. Las indagatorias, no obstante, seguirán”, remarcó Amad en diálogo con este diario. Con Cardozo, que está citado para este jueves, también hay inconvenientes: por el momento, no se lo halló en el domicilio que figura en el expediente. Hay otros dos imputados, informó la Fiscalía, que no tienen internet en sus casas, lo cual complica sus declaraciones en el marco del aislamiento preventivo, social y obligatorio que rige frente a la pandemia de coronavirus.

Las indagatorias son un paso más que esperado por las víctimas y sus familiares. Llegan un año y medio después de que la Corte Suprema de Justicia ordenara a Bavio que investigara a los acusados por los secuestros y las torturas contra 15 trabajadores de la empresa de transporte en Salta, hechos que el magistrado, al inicio de la investigación, había desestimado. El último de varios pedidos al respecto presentado por la Fiscalía y las querellas tuvo lugar en febrero pasado .

Bavio solo había avanzado en la pericia sobre el secuestro y las torturas sufridas por el entonces delegado de la UTA en la empresa, Víctor Cobos. Esa instrucción derivó en juicio oral y la primera condena a un empresario, el dueño de La Veloz, Marcos Levin, por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. El fallo, que también había alcanzado a Bocos, Cardozo y Almirón, fue discutido en Casación, en donde los camaristas Juan Carlos Gemignani, Eduardo Riggi y Carlos Mahiques determinaron que los hechos habían prescripto. La Fiscalía y las querellas aguardan la decisión de la Corte Suprema en ese expediente.

“Estas indagatorias deberían haberse hecho hace muchísimo tiempo, pero el juez decidió apartarlas del secuestro de Cobos. Nosotros consideramos que unas y otra son un mismo hecho, que se trata de delitos de lesa humanidad”, remarcó Amad.

Ahora, el magistrado indagará y se tomará unos días para considerar si hay elementos suficientes para dictar los procesamientos en contra de Levin y los otros imputados. “No tenemos dudas de que hay elementos. Así la investigación va a por fin comenzar a avanzar”, sostuvo el fiscal.

Cobos, delegado sindical y chofer de la Veloz del Norte, fue secuestrado el 22 de enero de 1977 por una patota integrada por los ex policías imputados en la causa, que lo llevaron a una comisaría de la capital salteña y lo torturaron a la espera de que “cantara” a sus compañeros. Durante su cautiverio, otros 20 empleados de la empresa fueron secuestrados y torturados, hechos que integran la segunda parte de la investigación judicial. Por las violaciones a los derechos humanos sufridas por Cobos, el Tribunal Oral Federal de Salta condenó a Levin a 12 años de prisión al igual que Almirón y Bocos, en tanto que Cardozo recibió una pena de ocho años, por el mismo delito. La condena, que tuvo lugar en marzo de 20116, fue la primera que tuvo a un empresario civil entre sus receptores.