El Concejo Deliberante de Humahuaca aprobó por unanimidad un proyecto de declaración donde denuncia al colectivo Ni Una Menos de Jujuy por haber realizado, el pasado 3 de junio, una concentración frente al Poder Judicial de la ciudad. El concejal Oscar González, quien firmó el proyecto, llamó al poder ejecutivo municipal y al Ministerio de Seguridad de la provincia a “aplicar las más severas contravenciones que están estipuladas en el marco de la pandemia covid-19, a todas las personas que organizaron y fueron parte de la movilización”. La misma se había realizado en el marco del aniversario de la masiva manifestación Ni Una Menos, el 3 de junio del 2015, y en reclamo por la muerte de Rocío Fernández , activista feminista y residente de la ciudad de Humahuaca.
“En Jujuy llevamos cinco años de sanciones hacia la movilización y el reclamo en general, sumado a que esta declaración se da en una comunidad donde el concejo deliberante está conformado solamente por varones”, señaló Luis Paz, abogado que acompaña a la madre de Fernández en el seguimiento de la investigación, que actualmente se encuentra paralizada por la decisión del gobernador Gerardo Morales de retroceder a la fase 1 del aislamiento obligatorio , por lo cual las actividades del Poder Judicial quedaron suspendidas por al menos 7 días.
“Hubo un procedimiento muy irregular”, afirmó Paz y señaló que, actualmente, además de la investigación por la muerte de Rocío, “hay otro expediente mediante el que se va a investigar el accionar de la oficial de turno y del ayudante del fiscal”. “Hubo un tratamiento irresponsable de la información por parte de la Policía”, relató el abogado. Cabe recordar que Rocío Fernández fue encontrada por su amiga, Anna Esquetino, compañera del movimiento Mujeres Autoconvocadas de Humahuaca, quien avisó a la Policía sobre la situación. “Pasaron cinco horas entre la primera alarma y el momento en que el ayudante del fiscal entra a la casa”, explicó Paz y agregó que durante ese tiempo, “aunque todavía no había información concreta, ya había medios que hablaban de femicidio, lo que habla de una filtración de información, posiblemente por parte de la Policía”.
Por estas irregularidades, distintas organizaciones sociales y feministas de Jujuy convocaron una movilización, para ese mismo día, en la plaza principal de la cuidad de Humahuaca. “Hablan de una sanción de más de 300 mil pesos, y me tienen como principal acusada por la organización de la marcha”, relató Esquetino, quien lleva adelante la denuncia contra el ayudante del fiscal y la oficial de turno de la Policía provincial, por el “mal procedimiento” durante aquel día. En los argumentos, el texto de la declaración afirma que el colectivo feminista “causó daños materiales en la delegación de Poder Judicial de la ciudad”.
El concejal Oscar González, de Juntos por el Cambio, quien puso la firma al proyecto de declaración aprobado por el poder legislativo de Humahuaca, señaló durante la presentación que “esta movilización la realizan personas que no son autóctonas de Humahuaca” quienes “deben acomodarse y amoldarse a nuestra cultura”. Además, hizo referencia a la situación económica de la ciudad ante la falta de turismo, por la pandemia del coronavirus, y afirmó: “Menos vamos a poderla reactivar si hacemos correr la noticia de que en Humahuaca hubo un femicidio”.
Por su parte, el texto de la declaración afirma que “estas mujeres se manifestaron pidiendo esclarecer el caso de la muerte de Rocío Fernández, aduciendo que la causa de la muerte de la misma se trataba de un femicidio”. Sin embargo, tal como afirmó Esquetino, “fueron los medios locales, informados por la Policía, quienes dijeron que había sido un femicidio”. Tras conocer la aprobación de la declaración, distintas organizaciones sociales, entre ellas Mujeres Autoconvocadas de Humahuaca, se manifestaron a través de un comunicado en el que repudiaron “el accionar discriminatorio de Oscar González en particular, y del Concejo Deliberante en general”, reclamaron “que se aplique la Ley Micaela en el municipio y se capacite a los tres poderes del Estado”, y exigieron “la inmediata derogación de este proyecto de declaración, a través del cual se discrimina por posiciones políticas, ideológicas, y xenofobia”.
Si bien la investigación aún está en curso, según Paz “la hipótesis es que la muerte habría ocurrido por intoxicación de monóxido de carbono”, aunque afirmó que “se confirmará con los informes toxicológicos que faltan”. El abogado, que acompaña a la madre de Fernández, afirmó que la mujer, que vive en la localidad de Florencio Varela en la Provincia de Buenos Aires, “se va a quedar en Humahuaca hasta averiguar la verdad de lo que pasó”. A su vez señaló que, por el expediente iniciado contra la oficial y el ayudante del Fiscal, “podrían tener que realizarse nuevas inspecciones oculares” en la casa de Fernández.
Informe: Lorena Bermejo
