El sector yerbatero llegó ayer a un acuerdo para destrabar el conflicto que había despertado protestas en Misiones y en la ciudad de Buenos Aires. Productores e industriales combinaron que “se suspenderán nuevas plantaciones de yerba hasta 2019 para bajar la sobreoferta y se establecerá la obligatoriedad para que las plantaciones, una vez finalizada la cosecha, tengan un remanente no cosechado del 20 por ciento de la superficie total”. También habrá una fiscalización de la AFIP y del Ministerio de Agroindustria para el control del precio de la materia prima. Se destinarán, además, entre 200 y 300 millones de pesos para compra de materia prima por parte de los secaderos.