Las referentas de la Unión de Inquilinos de Salta, Natalia Soraire y Natalia Bares, se reunieron con el titular del INADI en Salta, Gustavo Farquharson, y con el defensor general, Pedro García Castiella. La preocupación tiene que ver con los incumplientos en Salta al DNU 320 del Gobierno Nacional que prohíbe los desalojos durante la pandemia y la posibilidad de que los alquileres se incrementen cuando esta disposición deje de tener vigencia, ya que rige hasta el 30 de septiembre. La Defensoría General se comprometió a brindar asesoría jurídica y a trabajar en conjunto. 

"Nos juntamos con el defensor oficial para hablar de los desalojos en alquileres y asentamientos. Las tomas se produjeron porque hubo desalojos, las personas no estuvieron amparadas por el Estado pese a la vigencia del DNU 320", sostuvo Soraire. 

La referenta planteó que desde la Unión de Inquilinos están buscando herramientas para la defensa ante los desalojos. "Para que esto no nos supere, el 30 de septiembre caduca el decreto y no sabemos qué va a suceder. Pedimos con la Federación de Inquilinos Nacional (FIN) la prórroga del decreto aunque tal vez no se dé porque ahora hay una ley de alquileres que también prohíbe desalojos arbitrarios. No sabemos cómo va a intervenir la Provincia. Queremos que se siga regularizando el decreto", expresó. 

García Castiella explicó a Salta/12 que la Defensoría General de la provincia atiende a los sectores con mayores dificultades en el acceso a la justicia. "Nos reunimos con el INADI y con la Unión de Inquilinos ante la posibilidad de articular futuras políticas. La Unión de Inquilinos está en procura de la prórroga del decreto que evita los desalojos. Si no se prorroga, se puede producir una oleada masiva de acciones de desalojo", sostuvo. Planteó que esto afectaría a los sectores con economías precarias cuya situación se ha agudizado por el parate que ha generado el aislamiento social, preventivo y obligatorio ante la pandemia.

El jefe de los defensores generales de Salta contó que estuvo tratando de frenar expulsiones durante la cuarentena. Mencionó al menos dos casos, uno de éstos fue en la localidad de Cerrillos donde una familia tenía una sentencia de desalojo. "Con Acción Social de la Municipalidad y la Defensoría logramos frenarlos, estamos asistiendo jurídicamente", aseveró.

"La Defensoría tiene a los defensores oficiales que trabajan para atender a los que no pueden acceder a una defensa privada. Vamos a ponernos a disposición en la medida de los recursos disponibles. Hay mucha gente a la que le precarizan los contratos de locación o no los tienen y pueden desalojarla con facilidad", planteó García Castiella.

La Unión de Inquilinos también expuso que las mujeres con hijos e hijas atraviesan situaciones de discriminación en la Provincia. "El 90% de las personas que están en barrios populares son mujeres de familias monoparentales, es decir que son el único sostén de familia. Queremos trabajar en una campaña de no discriminación en alquileres. Es un proceso que estamos viendo para que no haya discriminación a mujeres e infancias", sostuvo Soraire. 

García Castiella dijo que la condición de género hace más vulnerables a las mujeres ante los desalojos. "Estamos trabajando para generar nuevas áreas en la Defensoría. La matriz es la atención y la defensa de intereses o derechos colectivos: cuestiones de desalojo, asistencia a adultos mayores, situaciones que no están siendo atendidas". El defensor general dijo que quieren lograr en este sentido una articulación provincial.

Respecto a las "usurpaciones y ocupaciones de terrenos", precisó que no pueden intervenir en el tema civil porque "cuando hay quien invoca la titularidad de la propiedad puede ser materia de acción delictiva". "La Defensoría no puede estar consintiendo la toma de terrenos", esbozó. Aclaró que sí puede intervenir la defensa penal cuando hay un causa en ese ámbito. 

"A dos meses de haber asumido, tenemos una aguda limitación de recursos", señaló además García Castiella. Acotó que que es un tema que tendrán que poner en discusión e impulsar proyectos de ley para ampliar la base logística de la Defensoría General, que atiende el 70% de temas civiles e interviene en el 90% de las causas penales que están en tribunales pero "no tuvo la suficiente prioridad en la agenda gubenamental" de las gestiones pasadas. 

Por su parte, Farquharson planteó que lograron articular la reunión con el defensor general luego de escuchar las inquietudes y reclamos de la Unión de Inquilinos ante desalojos, maltratos y discriminación a madres que no pueden alquilar porque tienen hijos e hijas. "Fue importante. El defensor dio canales de comunicación ante desalojos y se comprometió a arbitrar mecanismos para evitarlos. Está prevista una próxima reunión. García Castiella solicitó un pedido formal para la intervención de la Defensoría. Se comprometió a trabajarlo y quiere conocer casos puntuales", manifestó. 

Para denunciar discriminación 

El titular del INADI en Salta sostuvo que tienen la idea de avanzar con un trabajo articulado para "defender a sectores en una vulnerabilidad importante". "A nivel nacional el INADI hizo un convenio con la Federación para recepcionar denuncias. En Buenos Aires hubo casos donde el organismo intervino. En Salta no tuvimos denuncias formales por discriminación pero estamos con los canales abiertos para recepcionarlas", aseguró.

Las denuncias se pueden realizar a través de las cuentas de email: [email protected]  o [email protected] . También, mediante líneas de Whatsapp: 1164921079 o 1161853968. Por la cuarentena, las oficinas del INADI en Salta permanecen cerradas. El titular dijo que ante la situación de la Provincia en que no hay contagio comunitario de la Covid-19 han solicitado la reapertura pero aún no cuentan con autorización.

La Unión de Inquilinos también solicitó la creación de una defensoría a nivel municipal y presentaron a través del edil Fernando Ruarte (FDT) un proyecto en el Concejo Deliberante capitalino. El organismo declaró de interés las acciones de la organización, aprobó que, a través de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, se realice una campaña de acción y concientización sobre los derechos y defensa de los inquilinos para el acceso digno a una vivienda, y encomendó al Comisionado de la Defensoría del Pueblo que realice acciones concretas, difunda los derechos de los inquilinos y los asista ante situaciones de conflicto. 

Soraire contó que se reunieron con la subsecretaria de defensa al consumidor, Emilia Calmejane, quien propuso una mesa de trabajo. "Necesitamos estadísticas, ella nos dijo que tiene recursos para hacer censos o buscar información. Y que también pone los abogados a disposición para asesoría gratuita y el Centro de Mediación si se necesita". Aunque la referenta aclaró que pedían la creación de un área específica que aborde las problemáticas de inquilinos e inquilinas.

También la Unión de Inquilinos se ha reunido con el defensor del Pueblo, Federico Nuñez, y con abogados de la Asociación de Mediaciones Itinerantes. El defensor les manifestó que "tienen intenciones" de que haya un área para la defensa de inquilinos "pero falta presupuesto", detalló Soraire.

"La ley de alquileres establece que la defensa de inquilinos se tiene que llevar a cabo mediante el Ministerio de Derechos Humanos de Nación. Hay que ver cómo la Provincia va adecuando esta ley", dijo la referenta.