Después de cinco días de detención en la Alcaidía de Salta, a seis de los siete remiseros que fueron detenidos en la represión del jueves 12, le concedieron la prisión domiciliaria. En tanto, Marcos Angel José Carabajal quedó preso en la Ciudad Judicial y los familiares desconocen el motivo. Hoy presentarán una apelación por esa detención y rechazarán la prisión domiciliaria, dado que consideran que los remiseros deben quedar en libertad de forma inmediata.

“Se va a apelar la providencia del juez que dicta la prisión domiciliaria porque entendemos que no existen motivos para mantener dicha prisión”, contó a Salta/12 el abogado de los trabajadores, Rodrigo Franco Anachuri. 

Los siete remiseros que lograron la prisión domiciliaria son Francisco Flores, Juan Vega, Hugo López, Joel Salvador, Martín Cruz y el delegado de la Unión de Conductores de Remises y Afines de Salta (UCRAS), Sergio Salinas.  

Anachuri dijo que presentarán los planteos ante el juez de Garantías 4, Diego Rodríguez Pipino, quien lleva la causa. 

“Solo me notificaron la parte resolutiva del fallo del juez y no la explicación de por qué decide mantener la prisión del señor Carabajal”, sostuvo el abogado, que no pudo acceder a esa información en virtud de que no era un día hábil en la Justicia por el feriado provincial en conmemoriación del fallecimiento de Martín Miguel de Güemes.

Por eso Anachuri presentará ambas apelaciones hoy temprano. Tras las visitas de familiares a los detenidos, contaron que uno ellos estaba "muy mal”. Ese es precisamente Carabajal. Según sus compañeros, fue operado hace pocos meses de la columna y en la represión vieron que un Policía lo tenía contra el piso y con un pie encima del pecho.

El abogado ya había manifestado a Salta/12 que cuando vio a los remiseros el jueves en el Hospital Público San Bernardo, vio que Carabajal tenía lesiones de consideración. Agregó que tenía lastimaduras porque lo habían arrastrado, "tenía el pantalón roto y una fisura en el cráneo”. El trabajador quedó internado ese jueves, pero fue dado de alta al día siguiente y de inmediato fue llevado al mismo destino que el resto de sus compañeros.

En cuanto a la decisión de Rodríguez Pipino, el abogado defensor la catalogó como “tibia”. “No quiere quedar mal con los familiares de los remiseros y tampoco con el poder político”, continuó, “por eso para conformar medianamente a ambas partes, le da la prisión domiciliaria, pero no es lo que nosotros pedimos sino que les den la libertad”, afirmó.

Los siete continúan en calidad de imputados por lesiones leves, lesiones graves, coacción agravada y resistencia a la autoridad desde la represión que ocurrió el jueves 12 en las puertas de la Legislatura de la Provincia de Salta.

Los choferes de remises se habían movilizado el martes 9 con el pedido puntual de que se cambie la modalidad de entrega de licencias y que sean otorgadas a los trabajadores y no a las agencias de remises, tal como sucede ahora. Desde ese día mantuvieron un acampe en la plaza ubicada frente al edificio legislativo. Los remiseros denuncian que son explotados por las 53 remiseras que existen en la Capital, que les cobran un canon diario para permitirles trabajar con sus licencias.

“No puede catalogarse como represión”

El vicegobernador de Salta, Antonio Marocco, manifestó en su perfil personal de Facebook que los sucesos ocurridos el jueves 12 “no pueden catalogarse como represión”. Contó que ese día, antes del inicio de la sesión del Senado, se reunió con algunos trabajadores y les expresó que “el diálogo y el consenso son las vías adecuadas para encontrar soluciones a los conflictos”. Afirmó que eso fue entendido por los trabajadores, pero que siguieron cortando la calle Mitre.

Manifestó que “algunas personas traspasaron las vallas colocadas por orden de la autoridad sanitaria y de seguridad, otras agredieron a los policías y arrojaron objetos contra el edifico público. Por esto, un juez intervino y ordenó el desalojo de la arteria dando intervención a grupos especiales de la Policía de la provincia que actuaron, repito, por orden judicial”.

Marocco, dijo que “el grupo de policías que se encontraba custodiando el edificio al momento de producirse los primeros incidentes, compuesto en su mayoría por personal femenino, intentó disuadir pacíficamente a quienes transgredían las normas sanitarias y de seguridad, recibiendo agresiones que terminaron con un oficial herido que luego debió ser intervenido quirúrgicamente en un sanatorio”.

Luego de su expresión en las redes sociales, el vicegobernador tuvo un encuentro con periodistas y se mostró molesto. Una de las acusaciones que circula en torno a la represión del jueves es que el edifico legislativo fue utilizado para seguir golpeando a los remiseros que eran llevados a su interior. Una de las personas que hizo esa afirmación fue el periodista Samuel Valdiviezo. 

El vicegobernador dijo que “la Legislatura tenía hasta una sala de detención”. Justificó que eso “es propio de los sistemas democráticos, no creas que es una cosa que se inventó ahora”, respondió a los trabajadores de la prensa. Sostuvo también que el Valdiviezo fue sacado de la Legislatura “porque estaba violando las medidas de seguridad y fue desalojado por una policía”. 

Aseguró que en el caso que esos hechos hubieran ocurrido, las pruebas que se tengan deberán llevarse a la justicia. “Voy a estar del lado de las fuerzas de seguridad que cumplen con el deber y los protocolos correspondientes”, aseveró. “Si usted (por el periodista Alexis Miranda) tiene una imagen o una denuncia o algo que se parezca sobre eso, se la llevan al juez. Hay un juez que ordenó un procedimiento y es lo que la Policía cumplió”, finalizó.