El viernes de la semana pasada se conoció que la resolución 002/2020 que proviene de la Secretaría de Planeamiento del Ministerio de Educación de Salta, a cargo de Analía Guardo, llamaba desde hoy a la toma de exámenes presenciales y virtuales. La decisión generó enojo en los gremios porque mientras trabajaban con el Gobierno en el protocolo para retornar a clases, y en ese contexto Educación convocó unilateralmente a exámenes presenciales en todos los niveles.

Ante la sorpresiva disposición, los docentes presentaron una nota al Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Salta el martes 16 temprano pidiendo su anulación. Por la tarde, el frente intergremial docente se reunió con el titular de la cartera, Matías Cánepa y allí se decidió que la cuestionada resolución 002/2020 no será anulada sino que será analizada por los gremios y se modificarán las fechas de los llamados a exámenes, sean presenciales o a distancia.

El titular la Unión de Docentes Argentinos (UDA), Guillermo Burich, manifestó a Salta/12 que “la toma de exámenes fue inconsulta, sin consensos y sin ningún gremio presente”. “Nos parecían muy apresuradas las fechas dispuestas porque además no estaban elaborados los protocolos de seguridad e higiene”, afirmó.

La resolución 002 hacía un primer llamado de exámenes a partir de hoy para quienes estén terminando sus estudios en los niveles primario, secundario, técnico y terciario, y del Sistema Virtual de Formación a Distancia. Salvo en este último caso, todos los demás exámenes eran presenciales.

El gremialista explicó que la resolución no será derogada sino que “se va a modificar en base a los que vayamos trabajando en estos días”. En el encuentro, el ministro Cánepa se comprometió a continuar con las reuniones que se estaban realizando. 

Burich dijo que sí representa una preocupación la toma de exámanes a los alumnos para que puedan terminar los niveles y no se entorpezcan sus procesos educativos. Por eso, apeló al trabajo continuado que vienen gestando con el Gobierno. Afirmó que la aplicación de la resolución se dará una vez que se apruebe el protocolo que se viene elaborando de forma conjunta con las entidades gremiales y las autoridades del Ministerio de Educación de Salta.

La intergremial está compuesta por la Asociación Docente Provincial (ADP), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), el Sindicato de los Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta (SiTEPSa), la Unión de Docentes Argentinos (UDA), la Unión del Personal Civil de la Nacion (UPCN), el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP) y la Central de los Trabajadores de la Argentina Salta (CTA).

Volver con muchas vacantes

Una de las principales preocupaciones que manifestaron los gremios en las reiteradas reuniones con el Gobierno son las vacantes en los puestos de ordenanzas que aún no están cubiertos. A esto se añade que existen 548 ordenanzas comprendidos dentro de los grupos de riesgo ante la Covid-19 y que deberán tener una suplencia.

Burich dijo que “hay muchos cargos de ordenanzas que no se cubren", que estas vacantes se produjeron porque hubo cambios de funciones, se jubilaron y hoy se dan casos de algunas escuelas que funcionan con un ordenanza para cada turno. Según el gremialista, lo óptimo sería que un establecimiento tenga de cuatro a seis ordenanzas.

Por otro lado, también deberán trabajar en la suplencia de los mismos docentes que se encuentran dentro de los grupos de riesgo y que no podrían volver a dictar clases en el caso de que se avance, como prevé la Nación, recomiencen las clases presenciales con los últimos años de primaria y secundaria finalizar los niveles. De ser así, hay 197 docentes salteños que enseñan en séptimos grados y aún no podrán volver. En el caso del nivel secundario, la cifra es mayor por el número de materias que se enseñan.

También protocolo para administrativos

En la reunión con Cánepa se decidió avanzar en los protocolos para el personal administrativo. Una de las razones se debe a los diferentes trámites que tienen que ejecutar los docentes y las familias de los estudiantes, sea el cobro del salario familiar o la presentación de legajos, entre otros. “Hay chicos que necesitan el certificado de escolaridad para cobrar el salario”, dijo Burich y por ello, “el Ministerio quería que vuelva el personal para dar una solución a estos trámites”, explicó.

Otra de las razones, se debe a que la inscripción por parte de los docentes a la Junta Calificadora de Méritos y Disciplina, que hoy tiene una prórroga, se hace de manera presencial en las escuelas y es el propio personal administrativo quien lleva adelante el proceso.

De igual manera, también se habló del estado actual de las 890 escuelas que hay en toda la provincia. Burich aseguró que sus estados varían de acuerdo a las zonas y que incluso hay establecimientos donde no hay acceso al agua. “La higiene, la seguridad, la infraestructura y los recursos humanos son claves para avanzar en cualquier protocolo que permita el reinicio de cualquier actividad educativa”, sostuvo.