El lunes próximo el intendente de Cambiemos en Olavarría, Ezequiel Galli, se sentará frente al Concejo Deliberante para ser interpelado por su responsabilidad y la de la comuna que representa en el dislate que terminó siendo la organización (en la parte que correspondió a la municipalidad) del show del Indio Solari, el 11 de marzo pasado. El Concejo votó ayer por unanimidad el llamado a interpelación. En una demostración de claridad y rostro al viento, Galli pidió adelantar la sesión que resultaría el 31, para el lunes 27. Algunos creen que el viento sopla de popa y que el pedido de adelanto es para evitar que la interpelación se pegue con la apertura anual de las sesiones ordinarias, el 3 de abril. Apenas disparada en los medios la debacle de la retirada del público ricotero, Galli había asegurado que no tenía ninguna responsabilidad en el espectáculo. En esta nota tendrá oportunidad de enterarse de algunas responsabilidades que el viento no se llevó.

Ayer, por unanimidad, los 20 concejales de Olavarría aprobaron el llamado a interpelación del intendente Galli por su responsabilidad en los sucesos ocurridos en el recital del Indio, que convocó a más de 300.000 personas y en el que murieron dos hombres (no por aplastamiento) y decenas resultaron heridos. El procedimiento indica que el listado de preguntas se debe presentar con 5 días hábiles de anticipación a la fecha de interpelación. Es decir que la sesión debía realizarse el 31. Pero Galli pidió por nota que se anticipara la fecha al 27. La hora de inicio fue pautada para las 20.30 (en el interior bonaerense las sesiones inician a las 19 para dar tiempo a los vecinos a acercarse a la audiencia) aunque Galli pidió que se iniciara a las 22 alegando que regresaba de un viaje a las 20.30. No le dieron el ok. El Concejo dará 15 minutos de tolerancia y después, si no se acercó, podrá considerarlo una falta grave.

Además de la convocatoria a la interpelación, el Concejo aprobó, a propuesta del PJ, la conformación de una comisión especial para recabar información y documentos sobre funcionarios que hayan resultado responsables. Esta comisión, sin cumplir la función de la Comisión Investigadora (para cuya conformación se requieren los dos tercios de los votos), se adelanta para ir ganando tiempo a la recopilación de datos.

“Los diferentes bloques presentaron ante la Secretaría del Concejo, 380 preguntas –describió Einar Iguerategui, presidente del bloque de Olavarría para la Victoria, a este diario–. Se eliminaron las que se repetían y quedaron 324.” Galli podrá responderlas en vivo o por escrito y se leerán en ese momento por la Secretaría.

Las áreas temáticas de las preguntas se concentran en un par de ejes: la mayoría, de índole técnica, y otras, sobre la cuestión política. 

De las primeras, por ejemplo, se tomará como base el contrato que firmó como fiador del evento ante el concurso de quiebra de la cooperativa La Colmena. En ese documento, Galli firmó que garantizaba como fiador “la indemnidad de las partes”. “Se le va a preguntar qué entiende por indemnidad”, señaló Iguerategui.

También se le preguntará cómo fueron liquidadas las tasas. “Hasta el miércoles no habían liquidado nada aunque, por versiones, nos dijeron que las pagaron la semana pasada pero no tenemos constancia”, aseguró el legislador.

Por otro lado, los legisladores detectaron una importante cantidad de desprolijidades garrafales en el expediente de habilitación. Por empezar, la disposición de habilitación del espectáculo tiene fecha del 3 de marzo. “Pero encontramos que en el mismo expediente hay un informe de Bomberos de Azul en el que se confirma que la inspección para habilitar la seguridad se realizaría el día anterior al show, el 10 de marzo.” Galli habilitó el espectáculo siete días antes de que los bomberos dieran el ok.

Por otro lado, el 3 de marzo recién estaban levantando la sala, las torres de sonido, la iluminación, el escenario. “Habrá terminado el 6 o 7 de marzo. No puede habilitar sin haber inspeccionado esas áreas”, señaló Iguerategui.

Desde su primera declaración post show, Galli insistió en que no tenía nada que ver con la organización y que los productores le habían mentido porque le informaron 150 mil personas y habían sido muchos más. “En la disposición de la habilitación, del 3 de marzo, mencionan que se vendieron 200 mil tickets y que la tasa de espectáculos quedaba pagada. Y citan las fojas del expediente en el que deben aparecer las declaraciones juradas con la cantidad de ventas y de pago de la tasa. La primera desprolijidad en este punto –explicó Iguerategui– es que en las fojas citadas no aparecen las declaraciones juradas. En segundo lugar, el documento es del 3 de marzo pero las tasas fueron pagadas, si lo fueron, la semana pasada. Pero además, ya aceptaban que se habían vendido 200 mil tickets, cuando los bomberos informaron que habilitaban para una persona por metro cuadrado, es decir, 155 mil metros cuadrados, 155 mil tickets. Galli decía que le habían mentido pero ya estaba enterado a esa altura de que irían al menos 200 mil personas”.

También, los puestos de bebida alcohólica que alquiló o vendió el municipio (cobró 8 mil pesos) estaban en la vereda pero dentro del área alquilada a la producción. “Hay un convenio entre la empresa y el municipio para que el municipio alquile y controle esos puestos”, señaló el legislador.

Entre los desajustes detectados se encontró que la empresa alquiló el predio por 300 mil pesos. La cantidad de puestos que alquiló el municipio fueron 122 pero pagaron cerca de 46 (no hay ticket de pago del resto): “Muchos vecinos nos dijeron que llamaron del municipio para devolverles el dinero, 8 mil por puesto, suponemos que para evitar denuncias”. El municipio recaudó 392 mil pesos por los puestos. Los legisladores preguntaran sobre las dos cifras, que no concuerdan con la lógica: se cobró más por venta de bebidas que por alquiler del predio.

También detectaron que el expediente de contrato de los puestos fue realizado el 15 de marzo, cuatro días después de finalizado el show.

En el área política se le preguntará qué funcionario tomó decisiones particulares, como modificar el ingreso de los colectivos, por ejemplo. No se respetó la entrada pautada por lo que los micros estacionaron hasta a 7 kilómetros, “por eso, la gente, no conocía el lugar y se perdió al volver”. También, qué funcionarios ordenaron el retiro de público en cinco camiones (el secretario de Seguridad, Eduardo Simon, incluso hizo de camionero).

Y qué funcionario se comunicó con Cristian Ritondo, que el jueves previo estuvo en el pueblo y no se acercó al predio.

El lunes habrá repreguntas y el Concejo puede tomar alguna decisión inmediata. “Está en conversación si el Concejo declara en ese momento nula la garantía y hace responsable al intendente con sus bienes, con una fianza sin límites hasta que sean cuantificables los daños reclamados”, señaló Iguerategui.

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