A diferencia del comisario Víctor Hugo Bocos, el acusado que debía declarar en primer lugar en la segunda causa en la que se investigan actos de terrorismo de Estado cometidos en perjuicio de empleados de la empresa transportista La Veloz del Norte, el comisario retirado Víctor Hugo Almirón no solo se presentó en persona en los tribunales (cuando tenía la posibilidad de declarar por vía remota), sino que también accedió a hablar. Negó las acusaciones y aseguró que jamás lastimó a nadie. 

“Siempre estuve a disposición de la Justicia porque como funcionario que fui tengo que ser investigado si creen que hice algo mal”, dijo Almirón cuando se le hizo la pregunta de rigor sobre si iba a declarar o no, ayer en los tribunales federales de Salta, en el marco de una investigación que dirige el juez federal Julio Bavio.

Almirón es el segundo de una lista de cinco imputados que debían ser indagados en estos días. Atendiendo a las condiciones impuestas por la pandemia del coronavirus y a que los acusados son personas de edad que están comprendidas en el grupo de riesgo para la Covid-19, el juez había decidido que el trámite se realizará vía Skype. El primer citado fue Bocos, quien sorteó por ahora la convocatoria afirmando que no se encuentra en condiciones de salud para afrontar esta medida. Almirón fue citado en segundo lugar. La semana que viene está previsto que declaren el también policía retirado Enrique Cardozo, el empresario Marcos Levín y el ex jefe de persona de La Veloz del Norte, José Antonio Grueso. 

En esta causa se investigan delitos cometidos en perjuicio de 16 ex empleados de La Veloz que fueron denunciados por Levín, detenidos y obligados a firmar falsas declaraciones responsabilizándose por un supuesto fraude a la empresa, acusación que nunca fue probada y de la cual fueron finalmente sobreseídos. 

Almirón insistió ayer en que todo el procedimiento en torno a esta causa fue legal, con supervisión de un juez (Jorge Trincavelli) y la intervención de un fiscal, y destacó que fue este juez quien ordenó las detenciones y libertades que se produjeron en el proceso. 

En ese contexto, negó haber participado de apremios ilegas o detenciones irregulares. Dijo que como auxiliares de la justicia en la Comisaría recibían indagatorias. “Nosotros poníamos al detenido y le decíamos sus derechos y si quería declaraba y si no, no”, aseguró, a pesar de que varios de los denunciantes han relatado haber sido obligados, bajo torturas y amenazas, a firmar declaraciones incriminatorias. Estos hechos se cometieron en enero de 1977. 

La Comisaría 4º, de la que Almirón era el jefe en la época funcionó como un centro clandestino de detención y torturas. 

En esta causa la acusación es por privación ilegítima de la libertad, apremios ilegales "y/o tormentos" en perjuicio de Miguel Ángel Rodríguez, Ciriaco Nolberto Justiniano, Juan Alberto Alonso, Rubén Héctor Vrh, Manuel Eugenio Modad, Carlos Lídoro Aponte, Sonia Rey, Jorge Arturo Romero, Aurelio Rada, Oscar Horacio Espeche, Sebastián Lindor Gallará, Carlos Horacio Pereyra, Jorge Francisco Delaloye, Emilio Bórquez, Norberto Bórquez y Carlos Eugenio Bais. 

Esta es la segunda causa por las detenciones desatadas tras la denuncia de Levín en contra de un grupo de trabajadores de La Veloz del Norte. La primera causa es por la detención ilegal y las torturas a Víctor Cobos, que era chofer y delegado de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en la empresa. En su momento el juez Bavio entendió que solo los actos en perjuicio de Cobos constituían delitos de lesa humanidad, y por lo tanto no estaban prescriptos, y desechó las demás denuncias de los otros trabajadores. 

Entonces la acusación inicial, en la que estaban comprendidos todos los trabajadores detenidos en aquel momento, se dividió: la de Cobos siguió la instrucción y la del resto subió en alzada a tribunales superiores, porque los trabajadores insisten en que fueron víctimas del terrorismo estatal. Finalmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación concedió que debía realizarse la investigación y así bajó el expediente para avanzar en la investigación que ahora está en proceso. 

En cambio, la causa por Cobos llegó a juicio, se dictaron condenas contra Levín y los tres policías pero la Cámara Federal de Casación revocó este fallo, y la causa está ahora en revisión en la Corte Suprema.