El Gobierno estableció que las tarifas de electricidad y gas se mantendrán congeladas hasta fin de año. La medida fue oficializada por decreto, pero ya había sido adelantada por Alberto Fernández en conferencia de prensa: "No estamos en condiciones de aumentar nada en una economía como la que está la Argentina". El mismo DNU amplía de tres a seis la cantidad de facturas impagas que tiene que tener los usuarios más vulnerables para que les interrumpan el acceso a servicios públicos. En tanto, también se mantiene congelada la nafta, el transporte público y las tarifas de telefonía, internet y tv paga. Por otro lado, el gobierno trabaja en dos proyectos de ley para el sector energético.
Tarifas
Las tarifas de luz mantienen sus valores desde marzo de 2019, y las de gas, desde abril del año pasado. En diciembre pasado, la ley de solidaridad social que aprobó el Congreso estableció el congelamiento de tarifas por 180 días, que vencía en los próximos días. Lo que hizo el Gobierno a través del decreto 543, publicado este viernes, fue extender este plazo por otros 180 días.
La idea del oficialismo, apenas asumió, era encarar una revisión tarifaria, para analizar si hubo irregularidades en los sucesivos aumentos de los últimos años, estudiar los contratos y establecer si se llevaron adelante las inversiones. Esto podría inclusive derivar en una "reducción de la carga tarifaria real en hogares, comercios e industrias", según establece el mismo DNU.
Pero para eso, la secretaría de Energía se encuentra a la espera de los informes que proveerán los entes reguladores (Enre y Enargas), que no alcanzaron a formular debido a la emergencia sanitaria y al aislamiento. Además, según pudo saber este diario, en este contexto el Gobierno quiere evitar cualquier tipo de enfrentamiento con las empresas que proveen luz y gas, sobre todo en pleno invierno y ante la urgencia del abastecimiento. Una revisión tarifaria toca intereses y podría generar cortocircuitos.
Proyectos
El congelamiento tarifario, que comenzó el año pasado con Macri, suele venir acompañado con amenazas empresarias de desinversión o cortes en el servicio. Fuentes oficiales plantean que no hubo tal planteo. Por el contrario, buscan dar señales para el sector energético. El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, planteó en una reunión con más de 100 empresarios que la energía será una de las prioridades de la agenda productiva post pandemia. Un ejemplo, destacó, fue el establecimiento del barril criollo para sostener la producción.
“Apuntamos a lograr un equilibrio que garantice la inversión, la rentabilidad que los inversores necesitan y también el cuidado que las familias necesitan para poder volver a salir adelante”, afirmó Kulfas. Según pudo saber este diario, en los próximos días será presentado al Congreso un proyecto de ley con incentivos de precios a la producción de gas natural de las cuencas y yacimientos del país, incluido Vaca Muerta. “No vamos a esperar a la post pandemia para esto. En el cuarto trimestre las empresas deberían estar produciendo”, indicaron fuentes oficiales. Luego, en la nueva normalidad, se avanzará en la ley de hidrocarburos. El objetivo es abastecer la demanda interna y a la vez, generar saldos exportables.
Interrupciones
El decreto publicado este viernes estable que no se podrán interrumpir servicios de electricidad, gas, agua, telefonía, internet y tv por cable, en el caso de los usuarios amparados por la norma que tengan hasta 6 facturas impagas, con vencimientos desde el primero de marzo. También están comprendidos los usuarios con aviso de corte en curso. La medida también estará vigente hasta fin de año y está destinada a los “hogares vulnerables”. Estos son: donde viven beneficiarios de asignaciones, pensiones, monotributistas, jubilados, electrodependientes y empleadas domésticas. También en los casos donde trabajadores perciben una remuneración bruta menor a dos salarios mínimos.
Por otro lado, el DNU extendió hasta el 28 de junio la obligación de las empresas de telefonía móvil e Internet de brindar un servicio reducido para garantizar la conectividad a los usuarios con servicio prepago que no realicen recargas. Las medidas fueron tomadas ante el impacto económico que generó la pandemia para acceder a servicios básicos que aseguren “mínimas condiciones sanitarias, comunicarse con servicios de emergencia, obtener información, acceder a plataformas educativas, entre otras funcionalidades básicas”.