La deuda ingresó en el tramo final de las negociaciones. Las diferencias de dinero se encuentran cerradas. Los pagos que propone hacer el Gobierno difieren en menos de un punto del PIB respecto de los que quieren recibir los bonistas. Se trata de una distancia insignificante que hace improbable que pueda escaparse el acuerdo.

La principal traba para terminar de hacer el apretón de manos se encuentra en la letra chica de los contratos. Se trata de una instancia natural de las negociaciones. Cada una de las partes quiere terminar de posicionarse lo mejor posible sobre los detalles. La consultora del mercado 1816 fue la que hizo uno de los análisis más claros de la situación esta semana.

Los bonistas pretenden una serie de coberturas en las cláusulas de la oferta que muchos funcionarios argentinos consideran excesivas. Uno de los pedidos es que los nuevos bonos no se emitan con cláusulas de acción colectiva single-limb.

Esta cláusula habilita a los Gobiernos a canjear series de bonos en forma escalonada (sin tener que negociar con todos los inversores al mismo tiempo) y limita el poder de negociación de los fondos en futuros eventos de reestructuración. En la jerga de las finanzas se llama la estrategia del PacMan y los fondos más duros quieren borrarla del prospecto.

Los representantes de los bonistas hicieron más pedidos para la letra chica de los acuerdos. En la consultora 1816 los resumieron en forma precisa. “Los comités de bonistas AdHoc + EBG solicitaron una serie de requisitos que a priori lucen muy agresivos”. En el listado de las solicitudes pueden enumerarse las siguientes:

a) que los bonos devenguen cupón + 2 por ciento ante un default;

b) que el 50 por ciento de nuevo financiamiento externo vaya a recomprar deuda;

c) que Argentina se comprometa a emitir cualquier nuevo bono en un futuro bajo Indenture 2005;

d) que se elimine explícitamente posibilidad de re-designation en futuras operaciones;

e) que Argentina tenga que cumplir con el Artículo IV de FMI (sino no lo hace estaría en una situación de default):

f) que se dispare un default si Argentina acuerda con tenedores de títulos postergar algún pago; y

g) que el país extienda la renuncia de inmunidad soberana incorporando entidades intrasector público (facilitando embargos de eventuales fondos buitres en un futuro).

Muchos de estos puntos requieren amoldarse o suavizarse para evitar que dañen la capacidad de respuesta de la economía argentina ante situaciones de contingencia. Pero es claro que se trata de la forma en la que se escriben los contratos y no de su contenido (que es el monto de la deuda que se compromete a pagar la Argentina en los próximos años).

“Cuando uno analiza el perfil de vencimientos la sensación es que el acuerdo, al menos en lo relacionado a flujos de pago, no se puede escapar”. Estas palabras de la consultora son simples y pueden resumirse con un sólo dato duro. 

“La distancia entre lo que propone desembolsar la Argentina de aquí al vencimiento de los bonos y lo que proponen cobrar los bonistas más agresivos es de apenas el 1 por ciento del PIB”. Este cálculo se estima a partir de los pagos que irá haciendo el país hasta el vencimiento de cada uno de los nuevos bonos.

Uno de los grupos de bonistas menos agresivos piden cobrar en los primeros cuatro años años (hasta 2023) en torno 1900 millones de dólares mientras que el Gobierno le ofrece pagar en el mismo período 1700 millones . En las condiciones sin canje los pagos de estos años sumaban 28.000 millones de dólares.

Los incentivos para terminar en un acuerdo existen a ambos lados de la mesa. La macro posiblemente se resienta sin una reestructuración en el corto plazo afectando a la economía argentina. Pero ese mismo default impactará también en la capacidad de repago futuro del país afectando la intención de los bonistas de recuperar los activos.