El Consejo de la Magistratura avanza con el concurso para cubrir dos vacantes en la Cámara Federal. Según el orden de mérito provisorio, el juez Diego Amarante, el abogado Roberto Boico y el magistrado Alejo Ramos Padilla se ubicaron en los tres primeros lugares. Julián Ercolini quedó lejos, en el puesto catorce, mientras que la ex vice jefa de la Unidad de Información Financiera durante el macrismo y ex abogada del HSBC, María Eugenia Talerico salió número 26, con un total de 36 postulantes.

Si bien los cargos a ocupar en el tribunal de alzada son dos, algunos afirman que deberían ser cuatro. Es porque aún están en funciones dos jueces ascendidos a dedo por el macrismo, sin aval del Senado ni el concurso previo correspondiente. Se trata de Pablo Bertuzzi –quien ocupó el lugar del desplazado Jorge Ballestero luego de haber ordenado la detención del ex vicepresidente Amado Boudou-- y de Leopoldo Bruglia, quien titularizó sin cumplir los requisitos previos, en reemplazo del también desplazado de la Sala I, Jorge Freiler. Las dos designaciones irregulares podrían ser revocadas con una simple decisión del Poder Ejecutivo. Sin embargo, ambos aún conservan sus cargos y por el momento el Consejo de la Magistratura avanza con el proceso para cubrir los otros dos puestos, en un tribunal que es clave en el funcionamiento de Comodoro Py.

El concurso en marcha (el 412/2020) es para dos vacantes de la Sala II, en donde el único titular es Martín Irurzun. De allí se fueron Eduardo Farah y Horacio Cattani. El primero fue trasladado como castigo por el Gobierno de Macri, tras haber fallado a favor de la libertad de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa. El segundo --un histórico de los tribunales de Retiro-- se pidió licencia médica en 2016.

Según el orden de mérito provisorio de la compulsa, los tres primeros puestos quedaron así:

1º) Diego Alejandro Amarante, con 94 puntos en el examen, más 80 puntos, total: 174. Discípulo de esteban Riggi, se desempeña en la actualidad como juez del fuero penal económico.

2º) Roberto José Boico, con 85 puntos, más 88,50 puntos, total: 173,50 puntos. Abogado constitucionalista de extensa trayectoria, hace años que viene concursando por un lugar en la Justicia.

3º) Alejo Ramos Padilla, con 74 puntos del examen, más 92 puntos, total 166 puntos. Juez Federal de Dolores, conocido por la instrucción de la mega causa de espionaje ilegal, lo que le valió la fuerte pero fallida embestida del gobierno anterior en el Consejo de la Magistratura.

Entre los nombre más resonantes de las 36 personas que participan del concurso, quienes no tuvieron la misma suerte en el examen fueron Julián Ercolini y María Eugenia Talerico. El titular del Juzgado Federal 10, instructor de las causas más resonantes contra Cristina Kirchner, quedó en el puesto catorce, con 65 puntos, llegando a un total de 150,60. Por su parte, la ex vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera de la era Macri se ubicó en el escalón número veintiséis, con sesenta y cinco (65) puntos más 64,25 puntos, totalizando solo 129,25. Talerico, ex abogada del HSBC, fue denunciada penalmente en enero de este año por sospechas de encubrimiento de presuntas maniobras de lavado de dinero por parte de la entidad bancaria para la que había trabajado antes de asumir en la función pública.

¿Cómo es el proceso de selección de jueces?

Son numerosos los pasos que un postulante debe atravesar para acceder a un cargo o conseguir un ascenso dentro del Poder Judicial. Al final, es el Poder Ejecutivo quien tiene la última palabra para definir qué pliego pondrá a consideración del Senado.

El mecanismo es encabezado por el Consejo de la Magistratura, órgano encargado de designar, evaluar y eventualmente sancionar o destituir jueces. Quienes pueden concursar para los diferentes cargos son abogado/as con un mínimo de cinco años de matrícula activa. El Consejo les toma lo que se denomina “examen de oposición”. La nota que saquen en esa prueba se computa junto con los antecedentes y una entrevista personal a la que sólo acceden los seis u ocho que hayan sacado mayor puntaje en el examen.

La nota que establece el orden de mérito provisorio es el promedio entre los antecedentes profesionales --que tienen un sistema de adjudicación reglado-- y el examen de oposición, que consta de ocho horas de duración y consiste en uno o dos casos a resolver, de acuerdo a la competencia del tribunal o juzgado al que se quiere acceder.

Una vez publicado el orden de mérito provisorio los aspirantes cuentan con cinco días hábiles para presentar impugnaciones sobre sus contrincantes. Este paso aún no ocurrió en este caso, dado que aún rige la feria extraordinaria por la pandemia. Una vez presentadas esas impugnaciones se designa un consejero para resolverlas, pero las objeciones sólo versan sobre posibles arbitrariedades en la asignación de los puntajes de los antecedentes y muy rara vez se revisan los exámenes.

Una vez que termina la etapa de impugnaciones se elabora un nuevo orden de mérito, también provisorio. En base a este nuevo ranking se hacen las convocatorias de los postulantes a las entrevistas individuales ante la comisión de selección del Consejo de la Magistratura. Luego se elabora un dictamen a consideración del Plenario, es decir, de los trece integrantes del Consejo y se vota el orden de mérito definitivo, que es aquel que permite la conformación de las ternas para remitir al Poder Ejecutivo.

Allí se abre una primera instancia, en donde los aspirantes deben presentar documentación relacionada a su patrimonio, como declaraciones juradas e información de la AFIP. En ese momento se inicia un plazo de treinta días para las presentaciones públicas de avales e impugnaciones, todo publicado en el boletín oficial. Recién una vez que finaliza esta instancia, el Poder Ejecutivo decide cuál de los tres pliegos enviará al Senado.

Ya en la Cámara Alta, en la Comisión de Acuerdos se reciben –nuevamente- apoyos e impugnaciones. Como uno de los últimos escalones de la carrera, se convoca a una audiencia pública donde el candidato/a defiende su postulación. Recién al final de todo este proceso el pleno del Senado aprueba o rechaza el pliego.

Una vez que se publica el Decreto de designación se remite comunicación a la Corte Suprema. Una vez que se le toma juramento, empieza la actividad del nuevo/a juez o jueza.

Los cambios en el proceso de selección

Como ya adelantó Página/12, parte de la reforma judicial anunciada por el Gobierno de Alberto Fernández incluirá cambios en este mecanismo de designación de magistrados/as. Según creen desde el Ministerio de Justicia, gran parte de la discrecionalidad se da en la instancia de la entrevista personal, cuyo puntaje puede hacer que alguien que sacó menos nota en el examen quede por arriba de otro que logró una mejor evaluación.

Otras de las críticas que suelen hacer los candidatos/as es que los exámenes suelen tener también arbitrariedades, ya que las preguntas pueden exigir conocimientos que pasen por todas las especialidades del derecho. De esta manera, un abogado/a civil y comercial tiene que terminar respondiendo sobre especificidades del derecho penal, que, lógicamente, desconoce.