BlackRock es el fondo de inversión que lidera la posición más dura de los acreedores de la deuda en default virtual de Macri. El dueño es Larry Fink, hoy rey de las finanzas globales con estrechos vínculos personales y económicos con la administración de Donald Trump. También los tiene con otros gobiernos europeos (Francia, España y Alemania) y latinoamericanos (México).
Es un fondo que maneja mucho dinero de países, administra una cartera de activos de muchas fortunas personales y activos de compañías de todo el mundo y, a diferencia de otros jugadores del mercado financiero, tiene una explícita lógica de poder.
Frente a semejante protagonista del negocio de las finanzas globales, cuyo comportamiento influye en otros fondos de inversión poderosos, lo menos que tiene que mostrar el gobierno de Alberto Fernández es ansiedad para cerrar un acuerdo.
Buena fe
Alberto Fernández con el ministro Martín Guzmán están negociando de buena fe con los acreedores. Asesores informales pueden aconsejarle un rápido trato para cerrar el capítulo del desastre financiero que dejó Macri, otros consultores pueden indicarle que la diferencia no es tan importante para no concretar y que se puede estirar un poco más la oferta, y hasta Sergio Massa estaría enviando señales a Wall Street que pueden llegar a confundir acerca de cuál es la estrategia oficial.
A esta altura, se sabe que en este juego de presiones quienes quedan atrapados de la ansiedad se debilitan y retroceden casilleros. Por lo pronto, Fernández eludió esa trampa y el Ministerio de Economía anunció que extendió otra vez el plazo de negociación, en esta oportunidad hasta el 24 de julio.
Voceros locales de los acreedores presionan al gobierno de Alberto Fernández para que mejore todavía más la segunda oferta. Llegaron a advertirle que la decisión de rescate de Vicentin, cuyos dueños están acusados de fraude financiero, evasión fiscal y blanqueo de capitales, afectó la relación con los acreedores. No es así. Quienes lo expresaron desconocen que a los financistas les importa nada esos conflictos; más bien se les encienden luces del radar para observar si pueden hacer algún negocio en ese conflicto.
Lo que no dice esa legión de militantes a cara descubierta de los fondos de inversión es que seguir estirando más la cuerda a favor de los acreedores implicará poner mayor tensión en el frente social y previsional. El esquema es sencillo: más dinero para los bonistas implicará menos para atender la cuestión social y de los jubilados. O sea, ajustar las cuentas de la caja previsional y de cobertura social.
Protagonistas
A esta altura no debería ser un misterio la dinámica de este tira y afloje. Intervienen tres actores principales y están en juego dos variables fundamentales.
Los actores son:
* Argentina.
* Los fondos de inversión acreedores.
* El FMI.
Las variables son:
* La magnitud de la quita a la deuda.
* La dimensión del ajuste de la economía.
En la interrelación de esos protagonistas se definen las cifras de esas dos variables, que se vinculan estrechamente: cuanto más elevado sea el alivio en los pagos futuros de intereses de la deuda, menor exigencia habrá sobre las cuentas públicas y, por lo tanto, mayor será la capacidad de pago.
No es una cuestión sólo de un numerito del valor del acuerdo, sino que esa cifra definirá en gran parte cuál será el sendero a transitar de la economía en los próximos años, con más o menos holgura.
Quien no entienda esa relación, en la cual se define el juego de presiones e intereses entre esos tres actores de la deuda argentina, es inocente, no entiende de qué se trata o tiene intereses inconfesables.
Esto significa que más que hablar de la tasa de descuento, que es el término preferido del mundo de las finanzas y de sus repetidores mediáticos, la clave de la negociación es la capacidad de pago y las necesidades de financiamiento de los próximos años. O sea, proyectar ratios de solvencia de la economía, como deuda/PIB o deuda/exportaciones.
A los acreedores también debería importarles esos indicadores para no caer en una nueva reestructuración dentro de unos años.
Oferta
La segunda oferta mejora bastante las condiciones para los acreedores. Los fondos de inversión que acumulan el mayor porcentaje de bonos en default virtual de Macri no la aceptaron inicialmente.
En relación a la primera propuesta, la presentación oficial subió en promedio de 40 a casi 50 dólares, lo que implica un esfuerzo importante. El ministro de Economía, Martín Guzmán, eliminó el período de gracia, casi no hay quita de capital, subió un poco la tasa de interés, se incluyó la amortización semestral del capital y redujo algo la extensión del plazo de los nuevos bonos.
Los acreedores quieren más de cada una de esas variables que definen el valor del canje. Con los dados económicos del valor de las ofertas tirados sobre el paño, el acuerdo ingresa en una instancia de definición política.
Guzmán también incluyó en las conversaciones con los acreedores la posibilidad de un bono con los intereses atrasados y un cupón atado a la evolución de las exportaciones. Con estos dos agregados, el valor de la oferta sube a casi 52 dólares.
Los acreedores plantearon que el cupón vinculado a la evolución de las exportaciones es un instrumento financiero de pagos inciertos. Por eso propusieron descontarlo a una tasa más elevada de la pactada del 10 por ciento, lo que disminuyeron así el valor de ese aporte, que no fue aceptado por el equipo económico.
Lectores atentos de esta columna recordarán que ese valor de 52 dólares fue el ejercicio teórico que se planteó en el artículo "La estrategia Kirchner y cómo viene el partido de la deuda" . Entenderán entonces cómo fue evolucionando la dinámica de la negociación para eludir análisis vulgares acerca del sendero transitado por Guzmán, y el saldo positivo que resultaría para la posición argentina el acuerdo en estas condiciones.
Con ese valor de la presentación oficial, la diferencia con un grupo de acreedores es apenas de 1 dólar, mientras que con la pretensión del comité donde participa BlackRock se amplía a casi 4 dólares.
Quiniela
Como se mencionó, es conveniente no concentrar todo el análisis en el concepto quinielero de la tasa de descuento y el valor de la oferta, para avanzar en la capacidad de pago de la economía; es decir, en la sustentabilidad de la nueva deuda.
La estrategia comunicacional de los acreedores en su amplia red de voceros en medios locales apunta a que la brecha con los acreedores es pequeña y que cerrarla es responsabilidad del gobierno de Alberto Fernández.
Pese a que esa prédica es constante, no deja de ser sorprendente esa subordinación al poderoso y la impunidad o escaso pudor con la que es exhibida.
No incorporan en esa evaluación sesgada hacia los intereses de los acreedores la firme voluntad de negociación de buena fe de la dupla Fernández-Guzmán en cada una de las instancias de este proceso. El inicial aporte de reservas del BCRA (4571 millones de dólares) para pagar deuda de diciembre a marzo hasta comenzar las conversaciones formales y, en especial, las características de la segunda oferta argentina, que implican una mejora del 30 por ciento respecto a la primera.
Ese cambio redujo en la misma proporción el margen de sustentabilidad de la deuda. Subir de 40 a 50/52 dólares no es sólo una cuestión de cifras del valor para alcanzar el acuerdo, sino que significa que la economía argentina disminuye los estrechos límites con los que tendrá que moverse.
Insaciables
La última propuesta argentina agotó la flexibilidad del esquema macroeconómico definido por el equipo de Guzmán. El ejercicio de sustentabilidad se fue tensionando, desde un valor de 40 que brindaba margen hasta el límite de 50/52 que deja poco espacio ante cualquier shock externo o crisis local.
Es el mismo ejercicio que realizó el Fondo Monetario Internacional, que es el próximo acreedor con el cual el gobierno tendrá que sentarse a negociar la refinanciación de la deuda de 44 mil millones de dólares contraída por la administración Macri.
Los fondos acreedores, desde los más duros hasta los más flexibles, reconocen ese trayecto de mejora de la oferta en el espacio de negociación con los funcionarios, pero quieren más. No les importa que dentro de unos años o por un evento económico negativo tengan que encarar una nueva reestructuración.
Son financistas arrogantes del aquí y ahora. El equipo económico en cambio no quiere que la oferta de canje de deuda y la evolución de la economía quede a merced de la suerte, a favor o en contra.
Fink
BlackRock es el mayor administrador de activos (acciones, deuda soberana y bonos corporativos) de Occidente, acumula una cartera global de poco más de 7 billones de dólares. El titular, Larry Fink, hoy es el hombre más poderoso del mundo financiero global.
La estrecha relación con los responsables políticos de manejar la economía de Estados Unidos queda al descubierta con el contrato que firmó la Reserva Federal (banca central estadounidense) con BlackRock para que esa firma financiera se ocupe de la compraventa de bonos corporativos en la actual crisis.
Esta intervención tiene el objetivo de evitar quiebras masivas de empresas. La FED informó que dispuso 750 mil millones de dólares para esa tarea.
Resulta evidente el conflicto de intereses de ese acuerdo. El fondo de Fink es accionista principal de miles de empresas y, ahora, por orden de la Reserva Federal saldrá al rescate de compañías.
La promiscuidad de esa mezcla de negocios, finanzas y poder político es una de las características de Fink como el principal dueño del poderoso BlackRock.
Esta referencia permite especular con que BlackRock se subirá recién al final para la foto del acuerdo, negociación que ahora se extendió hasta el 24 de julio, con la excusa de alguna mejora marginal pero que le permitirá mostrar al mundo de las finanzas su fortaleza.
Esta lógica de poder es una pista para comprender que BlackRock no puede mostrar que Argentina le ganó la pulseada en la negociación de la deuda.
Con varios otros fondos acreedores muy cerca de rubricar el acuerdo y con la apuesta de ver cómo se moverá en términos geopolíticos la administración Trump en este nuevo tramo de la negociación, la renovada propuesta de Guzmán está demasiado cerca para que los acreedores tiren todo por la ventana para ingresar en un default con litigio judicial, instancia donde tienen mucho más para perder en el corto plazo que la economía argentina.