Desde Tegucigalpa. El actual gobernante hondureño Juan Orlando Hernández se encuentra internado desde el miércoles pasado en el Hospital Militar, después de que los médicos lo diagnosticaran con un cuadro de neumonía, consecuencia de haberse enfermado con covid-19. Pero el nivel de descrédito que tiene el mandatario es tan alto, que la opinión pública desconfía del anuncio, consecuencia del desgaste que su imagen ha sufrido después de varios episodios de corrupción y narcotráfico que lo rodean a él y a su entorno más cercano.

Políticos opositores y figuras públicas dicen abiertamente en los medios que es todo una cortina de humo para desviar la atención de las últimas novedades alrededor del caso donde el  ex diputado Tony Hernández, hermano del presidente, se encuentra condenado en Estados Unidos desde fines del año pasado por tráfico de droga a gran escala.

Hace poco más de un mes, se entregó a la justicia norteamericana el ex Director de la Policía Nacional,  Juan C. El Tigre Bonilla, acusado de haber conspirado en la importación de cocaína, además de haber asesinado a un miembro de otro clan. Además, hace menos de una semana, fueron detenidos dos guatemaltecos que habrían estado presentes en la reunión donde Jaquín El Chapo Guzmán -ex líder del mexicano Cartel de Sinaloa- habría entregado, a cambio de protección, un millón de dólares para financiar la campaña presidencial de Hernández del 2013.

Campaña que no sólo se financió con plata del narcotráfico, sino también saqueando varias instituciones públicas, como el Instituto Hondureño de Seguridad Social, según admitió el ex presidente Porfirio Pepe Lobo ,cuyo hijo también está detenido por tráfico de estupefacientes en EEUU. Lobo es uno de los políticos que ha dicho públicamente que no cree que Hernández esté enfermo. Otros es el pesentador televisivo y ex candidato presidencial Salvador Nasralla.

Cuando se hizo público el desfalco en 2015, la gente se volcó a la calles durante meses a protestar. De igual forma, el año pasado el Colegio Médico se movilizó durante meses denunciando la precariedad del sistema de salud, que antes de la pandemia contaba con una ocupación del 90 por ciento.

Ante el avance del virus, el gobierno prometió que inyectaría dinero de emergencia para atender las necesidades, pero organismos de control han denunciado que esa plata se esfumó, se usó para compras sobrevaloradas -como en el caso de mascarillas N95- o directamente, se compró material obsoleto, como los 32 ventiladores que juntan polvo en las bodegas del Hospital del Tórax, ya que no sólo no sirven para la covid-19, sino que además llegaron sin todas sus piezas.

Según las cifras oficiales, hasta el momento hay 11,258 mil contagiados y 349 muertes sobre un total de nueve millones de hondureños. Pero las mismas autoridades de los centros médicos admiten que es imposible saber el número real de difuntos por el virus, ya que el laboratorio encargado de analizar las supuestas pruebas rápidas tiene una demora de casi 4000 tests, por lo que muchos pacientes mueren sin saber si estaban o no contagiados. Y el forense, al no tener la certeza, anota otra causa de fallecimiento. Forenses que no dan abasto y por lo cual se acumulan cuerpos en bolsas sobre camillas, rodeados de enfermos aún con vida.

El personal médico sabe que trabaja con equipos de bioseguridad incompletos y en muchos casos son ellos mismos quienes tienen que proveerse la protección adecuada. El viernes murió por coronavirus el ex director del hospital más importante de San Pedro Sula. Se estima que del total de infectados, entre un 10 y un 15 por ciento es gente que trabaja en el área.

En un país cuyo presupuesto de defensa aumentó en los últimos ochos años 190 por ciento en comparación al 53 de salud y donde solo se contrataron 670 enfermeros en comparación a los 4000 policías militares, la gente que puede respeta la cuarentena impuesta con toque de queda. Pero con un casi 70 por ciento de pobreza y 40 de indigencia, muchos no se pueden dar el lujo de quedarse encerrados.

Más de la mitad de los trabajadores trabajan de manera informal y se ven obligados a poner el cuerpo para llevar diariamente comida a sus casas. Casas pequeñas en colonias superpobladas donde el virus está haciendo estragos tan grandes como en las cárceles. Otros, sin changas, directamente se agrupan en semáforos rogando alimento, ya que con la pandemia, se frenaron las caravanas migrantes y no hay hacia donde huir.

Para el colmo, y a pesar de que aún no se llegó al pico de la curva, la necesidad de la gente y la presión empresarial hizo que se empezara a liberar la economía, aunque en los últimos días hayan tenido que cerrar varios mercados de la capital por ser focos de contagios masivos.

Y si alguien confía en que en algún momento se hará justicia, los diputados están aprovechando la epidemia para que entre en vigencia un nuevo Código Penal, criticado hasta por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por favorecer a agresores sexuales, corruptos y narcotraficantes -vaya casualidad-, en detrimento de penas más altas para el delincuente común.