Para el economista Sergio Arelovich, docente de la Universidad Nacional de Rosario y asesor de la Federación Aceitera, la presentación de la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe para participar en la intervención de Vicentin ante el juez Fabián Lorenzini es "un paso adelante que debiera ser acompañado por la anulación del DNU 522". El análisis de Arelovich es que "se confundieron dos cosas diferentes". "Más allá de la presión mediática y las manifestaciones, se mezclaron dos cosas como si fueran la misma, la intervención y la expropiación. Para mí lo más importante y lo más urgente era y sigue siendo la intervención, ¿por qué? Porque le tenés que sacar a los tipos la gestión de la empresa y tenés que evitar que se produzca un vaciamiento total", consideró.

Arelovich ponderó la presentación de la provincia de Santa Fe, ya que "al decir que es el órgano de aplicación porque se trata de sociedades, y tiene que intervenir, quita el debate de la inconstitucionalidad o constitucionalidad del DNU 522 y se para en lo que dice la ley de sociedades, que es indiscutible". Estudioso del entramado societario de Vicentin, subraya que en la página 12 de la presentación "apunta al nudo, que es el tema de la estructura corporativa completa que incluye a todas las compañías extranjeras". Efectivamente, el documento firmado por la Inspectora de Personas Jurídicas, María Victoria Stratta sostiene que "si se aprecian los porcentajes de participación que la sociedad denuncia entre sus activos, el control parece circunscribirse a sociedades constituidas en el extranjero: Vicentín Paraguay, Vicentín Europa, Vicentín Brasil". 

Lo más importante para Arelovich es impedir la impunidad. "Intervenir te permite entrar en un proceso de investigación que de otra manera no podés encarar. Tenés que estar adentro", subraya el economista sobre el proceso que se abre ahora y deja en claro que "la expropiación es sólo una de las estrategias jurídicas posibles para sacarles de las manos a estos delincuentes la empresa y hacer otra cosa". 

Arelovich subraya otro dato alentador en la presentación de la provincia de Santa Fe, y es que "dice que la intervención por 60 días no va a resolver nada porque el plazo es poco, es una intervención para todo el tiempo que haga falta". Es taxativa sobre la imposible continuidad de la actual dirigencia empresaria, encabezada por Sergio Nardelli. "Es claro que no están a la altura de las circunstancias para este cometido. Son quienes la condujeron durante el tiempo en que llegó al estado de cesación de pagos que motivó la apertura del concurso y que afecta el interés público. A ello cabe agregar que la sociedad se encuentra sospechada de haber cometido delitos durante su gestión. Y también varios de ellos están siendo investigados", dice textualmente.

Por eso, Arelovich apunta a que haya delegados de la intervención en todas las empresas controladas o vinculadas por Vicentin, ya que el pedido de intervención de Santa Fe señala con claridad la malversación de Vicentin en su presentación en el concurso de acreedores, al mostrarse como socia minoritaria de empresas que controla y ocultar así sus activos. "La empresa para la que se designó interventor, que es la misma para la cual se abrió el concurso, es nada más que la cabecera del holding, y el dulce de leche no está ahí, está en otro lado", lo hace más asequible el economista. 

"Hay que construir una correlación de fuerzas para que Personas Jurídicas no tenga ningún límite en su trabajo"

El diputado Carlos Del Frade señala que la expropiación es un instrumento democrático porque obliga a pasar la decisión por el Congreso Nacional. Al respecto, Arelovich plantea matices. "Lo que hacés pasar por el Congreso es la decisión de expropiarlo, pero después todo el procedimiento está por fuera. No digo que sea importante que apruebe una ley de expropiación, pero también es importante con qué intervención y con qué supervisión". La posición de Del Frade es que "sin ley de expropiación, herramienta constitucional desde los tiempos de Juan Bautista Alberdi, el debate sobre el futuro de Vicentín no llegará al congreso nacional, garantía de participación democrática. Una vez más decimos que hay que democratizar la democracia: investigación a fondo, participación de todos los sectores y debate abierto en el congreso de la Nación". 

Entre las medidas posibles, Arelovich alude a la ley 26.005, que "permite constituir un consorcio de cooperación". Aclara que no es la única alternativa. "Tenés montones de recursos para administrar la empresa, éste es uno. Ese consorcio puede estar integrado con los acreedores principales, el Banco Nación, el Banco Provincia de Buenos Aires, el Banco Ciudad, las cooperativas. Inclusive la creación de un consorcio de cooperación la podés decidir por una ley del Congreso", considera Arelovich. Lo claro es que para el asesor de Aceiteros, "eso es una segunda etapa. La primera es una intervención sin plazo de vencimiento, que cuenta con los dos funcionarios que designó el Presidente, Gabriel Delgado y Luciano Zarich, al que suma un representante de la provincia de Santa Fe, Alejandro Bento y hay que construir una correlación de fuerzas para que Personas Jurídicas no tenga ningún límite en su trabajo".

"Durante el gobierno de Macri, Vicentin extranjerizó hasta las pezuñas, fue cuando creó todas las off shore" 

Su sugerencia de anular el DNU no implica que Arelovich lo critique, por el contrario, lo celebra. "Lo mandaron en el preciso momento, 48 horas después la empresa ya estaba vendida a Glencore, con otra de las maniobras. Por eso me parece que lo que hizo este decreto de intervención fue frenar, no necesariamente impedir a futuro, pero frenar que en ese momento se extranjerizara. De lo contrario sería muy tarde".

La otra cuestión son los tiempos del concurso de acreedores, y cómo mientras tanto, la intervención debería "garantizar el sostenimiento de la fuente de trabajo y que siga funcionando la empresa porque en la práctica, lo que pasó en estos días, como ya nadie confía en mandarle a Vicentin, los granos no se los vendieron a Molinos Agro ni a Aceitera General Deheza. Fueron a Glencore, Cofco y Cargill. El volumen de negocios se fue a empresas extranjeras". Por eso, la prioridad sería "recuperar la confianza de los productores, para que sigan mandando los granos". Arelovich cree que el objetivo es claro: una intervención operativa urgente, para descubrir el proceso de vaciamiento. "Quiero investigación y reparación económica".

Al estudiar el proceso de Vicentin, Arelovich lo discriminó en tres etapas. Entre 1929 y 1977, como empresa nacional. "Vicentin empezó a diversificarse y a crear empresas durante la última dictadura, en 1977. Tiene un segundo ciclo, que fue en los 90 y después de 2001, durante el menemismo y kirchnerismo, cuando siguió profundizándose el proceso de expansión. Y después viene un tercer ciclo, que es durante el gobierno de Mauricio Macri. A partir de ese momento, extranjerizan hasta las pezuñas, y ahí crean todas las empresas de afuera. Ya tenían una, que habían comprado antes, pero a partir de ahí crean todas las off shore, porque Macri se los permitió modificando los regímenes de regulación, y ahí pudieron hacer el vaciamiento". 

La cuestión es que "se puede el derecho legítimo que tiene buena parte de la población de Reconquista que ve en el apellido Vicentin una historia, la escuela, los hospitales, las luminarias, pero ese Vicentin es hasta 1977. A partir de 1977 es una multinacional, que tiene casa matriz en Madrid". La paradoja que señala Arelovich es que "la derecha, los conservadores y la gente que está mal informada rechaza la expropiación porque ve en esto un atentado a la propiedad privada, y no ve un atentado a la propiedad privada en que Vicentin les deje de pagar a los productores y a las cooperativas". Como ejemplo, una perlita: En Matorrales, donde la cooperativa le pagó a Vicentin, la cerealera le debe 200.000 pesos a cada uno de los 1200 habitantes.