Los tres gendarmes imputados por el crimen de Facundo Scalzo, ocurrido el miércoles en el barrio Rivadavia II del bajo Flores, siguen detenidos en la alcaidía de la comisaría comunal séptima de la Policía de la Ciudad, pero dos de ellos serían excarcelados en las próximas horas. El principal imputado por el “homicidio calificado” del joven de 20 años es Diego Arturo Rocha, quien seguirá preso, mientras que los otros dos gendarmes, Juan Pablo Ruiz y Jorge Luis Pérez, saldrán excarcelados si pagan la fianza de cien mil pesos que fijó la jueza Alejandra Mercedes Allaud, a cargo de la investigación.

Si bien tanto Ruiz como Pérez seguirán procesados por el hecho, su excarcelación será apelada este lunes por la abogada Romina Avila, que representa a la madre de la víctima, Andrea Scalenghe. La querellante fue designada por la Coordinación Nacional Interdisciplinaria de la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. La dirección está a cargo de Gabriela Carpineti.

Lucas Contreras Alderete y Mario Alejandro Ferreira, abogados defensores de los gendarmes, solicitaron la excarcelación de los tres imputados, pero el pedido fue rechazado en el caso de Rocha, quien sería autor de los disparos que provocaron la muerte de Fernando. Aunque todavía no se conoció el resultado de la autopsia, se sabe de manera extraoficial que la víctima recibió dos disparos mortales en la espalda y otros dos en los brazos. La ambulancia del SAME llegó casi una hora después al lugar del hecho y el joven falleció a poco de ingresar al Hospital Piñero.

Al rechazar la solicitud de excarcelación del gendarme Rocha, la jueza Allaud tuvo en cuenta que en su caso “de momento se avizora la existencia de un muy alto peligro de fuga y un muy alto peligro de entorpecimiento de la investigación que no puede ser conculcado por una medida menos lesiva que la detención preventiva (…) y que deja al resto de las alternativas por ahora invalidadas para cautelar ambos peligros”. Por esos motivos no se hizo lugar a la excarcelación de Rocha “bajo ningún tipo de caución”.

En la causa se esperan, para el próximo miércoles, los resultados del dermotest realizado sobre las manos de los tres gendarmes, para determinar si existían en ese momento residuos de disparos de armas de fuego. Los vecinos dicen que hubo varios disparos, antes de que vieran caer herido a Facundo, en la esquina de Alfonsina Storni y Pasaje Roldán, en el barrio Rivadavia II,

También le hicieron el dermotest a la víctima, dado que la versión de los gendarmes es que se trató de un supuesto enfrentamiento a tiros y no un nuevo caso de gatillo fácil. Las primeras versiones señalaron que el joven tenía alguna vinculación con el narcotráfico, falsa denuncia que quedó desechada porque Scalzo nunca tuvo en su vida relación alguna con ningún hecho delictivo. Los estudios comprenden también el análisis destinado a saber de qué armas reglamentarias salieron los disparos. En el lugar del hecho se encontraron vainas servidas que confirmarían lo dicho por los vecinos en cuanto a que los gendarmes no sólo dispararon sobre Scalzo, sino que hicieron disparos al aire con la intención de amedrentar a los vecinos que habían salido a la calle al escuchar el tiroteo.

Los peritajes están a cargo del Laboratorio Químico, División Análisis Físicos, Químicos e Industrial, Área Microscopia, solicitado a través de la comisaría séptima, que entregará su informe el miércoles próximo en horas de la mañana. El juzgado pidió a la defensa y a la querella que presenten peritos de parte para analizar esos resultados, que son claves para determinar las responsabilidades en el caso.

La jueza ordenó también que se designe una asistente social para que realice “un informe social” de los imputados alojados hasta ahora en la alcaidía de la ComisaríaComunal séptima de la Policía de la Ciudad. Los gendarmes prestaron declaración indagatoria el viernes por la mañana y dijeron que habían concurrido al barrio al recibir la denuncia de una vecina por un robo. Hasta ahora, ese supuesto llamado no está refrendado por el registro del sistema de recepción del 911.

Los tres gendarmes han sido relevados del servicio activo por decisión del Ministerio de Seguridad. Gabriela Carpineti le dijo a Página/12 que la dirección a su cargo, que depende de la cartera de Justicia y DDHH, está trabajando junto con la abogada querellante Romina Avila “en las apelaciones de las excarcelaciones” de dos de los imputados. Agregó que el ministerio “tomó el compromiso de acompañar a la familia (de Scalzo) para que este hecho no quede impune y que se haga justicia”.

Vecinos le dijeron a este diario que la Gendarmería, que desde hace años cumple funciones operativas en esa zona de la Ciudad de Buenos Aires, entró al barrio “para intervenir frente a una discusión entre vecinos”, en la cual todo indica que Facundo Scalzo no tenía participación alguna. Junto con un amigo empezaron a correr hacia sus casas, en el Barrio Rivadavia I, muy cerca de allí, y por eso comenzaron a perseguirlos. Los vecinos dicen que no hubo advertencia alguna y que los gendarmes comenzaron a disparar. En la indagatoria, los imputados dijeron que “tiraron hacia las piernas”, pero una médica del Piñero le confirmó a la mamá de Facundo que el chico tenía dos impactos de bala a la altura de la espalda que le produjeron la muerte.

El cuerpo estuvo casi una hora tirado en el piso, sin la menor atención médica, de manera que también habría que determinar si podrían haberle salvado la vida si la atención hubiera sido urgente. Decenas de gendarmes ocuparon toda la escena del crimen y ni siquiera dejaron que la madre del joven se acercara a él para saber si todavía seguía con vida.

Lo sucedido fue repudiado por organizaciones barriales que denunciaron que “la violencia institucional” de parte de la Gendarmería Nacional es un problema constante “que se ha incrementado en los últimos tiempos”. Los que se han pronunciado, entre otros, son la parroquia del barrio, el Comité de Crisis del Bajo Flores, el Observatorio de Derechos Humanos de la Comuna 7 y los docentes, a través de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE).