El día que fue al juzgado de Lomas de Zamora para ver las pruebas de cómo la espiaron durante el gobierno de Cambiemos, Cristina Fernández de Kirchner se encontró con un enorme croquis desplegado en una pizarra en el que se detallaban en una columna los “informes de inteligencia” sobre ella y en otra los “seguimientos y espionaje”. El gran cuadro estaba lleno de nombres, muchos de ellos de los miembros de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que se ocupaban de seguirla, algunos ya conocidos a esta altura como Jorge “el Turco” Sáez, Leandro Araque y Facundo Melo y su jefe, Alan Ruiz. Pero en medio del material había otros datos reveladores. Uno es que en la confección de informes sobre la vida de la vicepresidenta colaboraban casi todas las fuerzas de seguridad: Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Gendarmería Nacional, además de que varios espías estaban en comisión en la AFI pero cobraban su sueldo de la Policía porteña. El otro tema es que aparece con claridad que la ex funcionaria Susana Martinengo, mano derecha de Mauricio Macri en la Casa Rosada, pedía información de inteligencia para él, “para el Presidente”, según reconstruyó el juez Federico Villena. Es ostensible que la agenda de los agentes sobre CFK hacía foco en las causas judiciales, sus reuniones y el Instituto Patria.
La maquinaria de espionaje montada durante el gobierno de Macri no respetó la legalidad ni fue fruto de las tropelías de un grupito de agentes sueltos. La radiografía de las causas judiciales más recientes muestra que desde la AFI que comandó Gustavo Arribas hubo una política diseñada para hacer inteligencia sobre sectores y actores precisos: dirigentes políticos propios y ajenos, periodistas (incluso aliados), miembros de la iglesia católica, jueces, referentes sociales.
Una de las denuncias que hizo la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, sobre la recolección de información acerca de periodistas y miembros de organizaciones que se querían acreditar para la Conferencia de la OMC en 2017 y la Cumbre del G-20 en 2018 muestra que el punto de partida era un protocolo del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich para evaluar a quién admitían y a quién no. Para evaluar los datos volcados en fichas personales usaban los colores de un semáforo. Esta denuncia y otra que investiga correos electrónicos interceptados a políticos, colaboradores y periodistas, están a cargo del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.
De 2017 a 2019
En el cuadro que le mostraron a la ex presidenta, con actividades de inteligencia que comienzan en octubre de 2017 y se extienden hasta fines de 2019, se advierte la presencia en los seguimientos de buena parte del grupo de espías que se autodenominaba “Super Mario Bros”. Es notorio el papel preponderante del Turco Sáez, quien aparece como "T.S." y operaba como una especie de jefe. Por encima tenía a Alan Ruiz , que también figura en la pizarra con sus iniciales, “A.R”. Sáez había integrado el Servicio Penitenciario Federal y la Policía de la Ciudad. Ruiz había estado con Bullrich en Seguridad, desde el 2 de diciembre de 2016 hasta el 8 de marzo de 2018 como coordinador de Asuntos Legales y Despacho; luego como coordinador de Búsqueda de Prófugos hasta el 30 de abril de 2018. Después pasó a la AFI, como jefe de Operaciones Especiales: lo curioso es que ahí nunca tuvo nombramiento formal.
El mecanismo por el cual algunos de los agentes guardaban vinculación con otra dependencia de origen fue habitual. Varios miembros de “Súper Mario Bros” estuvieron comisionados desde la Policía de la Ciudad, que les seguía pagando el sueldo. Habían pertenecido a la Metropolitana y cuando Macri asumió la Presidencia fueron derivados a la AFI; el año pasado volvieron a la policía porteña. Algunos de los que aparecen reincorporados a las filas de la Policía de la Ciudad en noviembre y que también figuran en el espionaje a CFK son Jonatan Nievas (que en 2016 registra una visita en Casa Rosada junto con Javier Bustos al ex secretario presidencial Fernando De Andreis) y Mercedes Funes Silva, mencionada como “Mechi”. Su familia era la dueña de un departamento de la calle Pilar 1460, donde había una base de operaciones. En diciembre, después del cambio de gobierno, fueron reincorporados Araque y el propio Sáez. Araque también aparece en múltiples operaciones de inteligencia y al menos en 12 visitas a Martinengo en la Rosada. En su celular se encontró mucho material de espionaje, incluso sobre la vicepresidenta.
Ante la Comisión Bicameral de Seguimiento de los organismos de inteligencia, Sáez no asumió haber sido parte de los seguimientos a CFK, a pesar de que en el croquis aparece mencionado seis veces. Sí dijo que los conocía. Algo que reveló fue que espiaron a la hermana de Macri, Florencia Macri, por una supuesta causa de narcotráfico que involucraba a su pareja, Salvador Pica. “Macri tenía miedo” de que lo “salpicara”, dijo, y por eso lo mandó a investigar. Sáez también hizo una referencia clave en esta declaración, la primera que alude directamente al ex jefe de la central de inteligencia, Arribas: relató que él dio la orden de espiar a políticos y en particular a peronistas. Esto, explicó, fue lo que le dijo otro espía, Diego Dalmau Perayra, que era jefe de Contrainteligencia y aparece en una serie de audios que pudo escuchar la vicepresidenta. Según Sáez, Dalmau le dijo: “El (Arribas) quería que nosotros empezáramos a laburar en política, que siguiéramos a los peronistas, y vos sabés que yo soy peronista. Entonces, yo en esa no me embargo”. Este espía fue enviado como delegado a Chile. Caamaño lo hizo volver y ahora está sumariado.
Otros espías que siguieron a CFK según documentos que le exhibieron son Facundo Melo, Emiliano Matta, Andrea Fermani, Daiana "Bucky" Baldasarre y Denise Aya Tenorio.
La agenda
Por lo que muestra el listado de actividades de los espías, el gobierno de Macri tenía gran interés en seguir de cerca las causas en las que estaba implicada CFK. En poder del grupo de WhatsApp aparecen documentos de las causas de lavado, de las fotocopias de los cuadernos y otra denuncia de Beraldi sobre el fallecido juez Claudio Bonadio. Pero, además, siguen de cerca los allanamientos y lo que le secuestran, como obras de arte del departamento de Recoleta. Ruiz le pide a Sáez que consiga actas y fotos de lo secuestrado. Se meten también en las movilizaciones que la acompañan a Comodoro Py y reportan, por ejemplo, que iba allí con el actual diputado Eduardo Valdés.
El abogado de Cristina le presentó a Villena actas de una serie de allanamientos que guardan cierta vinculación con este escenario: Araque y Sáez participaron en allanamientos ordenados por Bonadio en causas contra ella. Después incluso les mandó una felicitación.
Otros ejes de preocupación de los espías eran los movimientos en el departamento de Recoleta, por lo que hacen alusión a la denuncia de CFK sobre las cámaras instaladas en la cuadra para observarla, y en el Instituto Patria, donde se monta un operativo ilegal, con la excusa del G-20, por lo que tramita una causa judicial. El juzgado le mostró que había una dedicación especial al armado de noticias falsas, como una reunión de la dirigente con venezolanos en marzo de 2018, entre otras que no eran reales.
Macri y otras fuerzas
El papel clave de Susana Martinengo, una mujer que tenía su oficina a metros de la de Macri en la Casa Rosada, como jefa de Documentación presidencial, se empezó a conocer a partir de una presentación que hizo el abogado Carlos Beraldi, donde queda claro que Araque, Melo y Sáez la iban a ver con asiduidad y que, todo indica, le iban a llevar partes de inteligencia. En el cuadro que le mostró Villena a CFK se lee: “13/5/2018: Martinengo solicita información a T.S. sobre reunión secreta en Calafate para el presidente”.
De las pruebas de seguimientos que pudo ver el jueves el ex intendente de La Plata Pablo Bruera, también espiado, surge que Martinengo participaba en reuniones donde Sáez le llevaba a Alex Campbell --ex secretario de Asuntos Municipales de María Eugenia Vidal-- información sobre él y sus tíos, el obispo de Lomas de Zamora, Jorge Lugones, y su hermano Luis Lugones, titular del PJ platense, por sus vinculaciones con el Papa Francisco.
En el esquema de las actividades de inteligencia aparecen anotados en rojo y azul los nombres o dependencias de otras fuerzas de seguridad que colaboraban con la AFI. Un nombre que se repite es el de un agente que perteneció a la Policía Federal, cuyo domicilio fue allanado la semana pasada, Gustavo Marcelo Cicarelli. Otra supuesta policía que aparece figura con el nombre Vanesa Arbiza. Figuran como “informantes” en operaciones específicas la Policía de Seguridad Aeroportuaria y Gendarmería Nacional.
Esta semana se presentarán en Lomas de Zamora Hugo y Pablo Moyano, sobre cuyo espionaje hablaron los agentes en la Bicameral y hasta se cotejó que espiaban en la cárcel de Melchor Romero a los barras de Independiente que debían acusarlos y les habían montado una celda. También está pendiente que vayan --aún sin fecha cierta-- los hombres de PRO Diego Santilli, Emilio Monzó y Nicolás Massot.