El racismo encabeza el ranking de las violaciones a los derechos humanos en la actualidad y Estados Unidos es el principal escenario de ese problema, su problema estructural. Sin embargo, el país gobernado por Donald Trump zafó otra vez de ser mencionado en la resolución condenatoria de un organismo de Naciones Unidas, que en su origen pretendía denunciar el asesinato de George Floyd y a otros crímenes semejantes por discriminación. El texto aprobado devino en abstracto y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que lo debatió – y del que Washington se retiró en 2018 – resultó condicionado por la voluntad política de varias naciones de la Unión Europea. Burkina Faso, en representación del continente africano, había mocionado una iniciativa más dura con una mención explícita a EEUU. Pero tuvo que conformarse con una condena genérica -que se logró por consenso- contra la violencia policial que mata a los afrodescendientes. La descripción se extendió a todo el mundo y sin que aludiera de manera taxativa al foco principal de esas muertes.

Varios de los 47 estados miembros del Consejo de DD.HH con sede en Ginebra que trataron el tema a instancias de las 54 naciones africanas, desnaturalizaron una condena que el embajador de Burkina Faso ante la ONU, Dieudonné Désiré Sougouri había justificado con lógica cartesiana: “La muerte de George Floyd, lamentablemente, no es un incidente aislado”. Para el representante de Alemania en el organismo se imponía otro criterio basado en que “el racismo existe en todas las sociedades” y que “es un problema contra el que debemos unirnos, no dividirnos, de ahí la necesidad de no apuntar sólo hacia un Estado”. Otros países de la Unión Europea se pronunciaron de manera parecida y EEUU, siempre omnipresente aunque no esté, quedó eximido de una crítica directa al corazón de su conflicto racial.

La condena más dura corrió por afuera del Consejo en un documento de dieciséis páginas que firmaron unas 600 organizaciones de Derechos Humanos de unos 60 países. Por Argentina se sumaron el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH). El texto señala que “los recientes asesinatos de personas negras no armadas y la represión de las manifestaciones violan las obligaciones de los Estados Unidos de acuerdo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCyP), la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (CCT) y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial (CERD)”.

Además de las instituciones civiles que rubricaron el documento – muchas de EEUU – pusieron su firma Philonise Floyd y Quince Mason, hermano e hijo de George Floyd, el hombre negro de 46 años asesinado por la policía de Minneápolis, Minnesota, el 25 de mayo. La denuncia dice en otro tramo: “Observamos con inquietud el despliegue de al menos 62.000 soldados de la Guardia Nacional en dos docenas de estados, el llamado al uso de la violencia y detenciones masivas por el presidente Trump en redes sociales y su referencia a los manifestantes como ‘terroristas’. Varias ciudades del país impusieron un toque de queda que inflamó la situación aún más y creó una justificación adicional para más violencia policial y más detenciones”.

La denuncia que fue una iniciativa de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) le sugirió al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que debería pedirle al gobierno de Trump el acceso libre e irrestricto a su país. Se basó en la posibilidad de entrevistar a víctimas de la represión y testigos, visitar los centros de detención y seguir los juicios derivados de las manifestaciones que se produjeron en EEUU. Nada de esto ocurrirá ya que el organismo con sede en Ginebra después de su declaración se limitará a solicitarle a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que elabore un informe sobre el racismo y las violaciones de DD.HH cometidas por las fuerzas policiales en los 193 países de la ONU.

El 3 de junio la ex presidenta chilena había sido precisa sobre las raíces del problema racial en Estados Unidos. “Las voces que reclaman el fin de los asesinatos de afroamericanos deben ser escuchadas. Las voces que reclaman el fin de la violencia policial deben ser escuchadas. Y las voces que piden el fin del racismo endémico y estructural que persiste en la sociedad estadounidense deben ser escuchadas” declaró.

También cuestionó los ataques a periodistas en los días posteriores al crimen de Floyd cometido por el policía Derek Chauvin ante la complicidad de otros uniformados. Durante las movilizaciones producidas en muchas grandes ciudades de EEUU para protestar por el asesinato, según Bachelet, “hubo por lo menos 200 denuncias de periodistas que cubrían las protestas y que fueron físicamente atacados, intimidados o detenidos de manera arbitraria, a pesar de tener su credencial de prensa claramente a la vista”.

Aunque las deliberaciones del Consejo de Derechos Humanos concluyeron en un documento vago sobre el racismo, en la reunión plenaria sí se mencionó reiteradas veces a Estados Unidos y la muerte de Floyd a manos de su policía. Venezuela fue uno de los países más duros con Washington en la sesión. México se quejó de que no le avisaron con tiempo para evaluar la resolución. En el organismo de Naciones Unidas hay ocho países americanos: Argentina, Bahamas, Brasil, Chile, México, Perú, Uruguay y Venezuela.

A la resolución genérica del Consejo sobre el racismo, el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, le dedicó el sábado un documento típico del negacionismo: “Si el Consejo se tomara en serio la protección de los derechos humanos, hay muchas necesidades legítimas de su atención, como las disparidades raciales sistémicas en lugares como Cuba, China e Irán. Si el Consejo fuera honesto, reconocería las fortalezas de la democracia estadounidense e instaría a los regímenes autoritarios de todo el mundo a modelar la democracia estadounidense y a mantener a sus naciones con los mismos altos estándares de responsabilidad y transparencia que los estadounidenses aplicamos a nosotros mismos”.

Pompeo tiene cola de paja. El documento no mencionó a su país, más allá de alusiones al racismo colocadas en su contexto, que insinúan la responsabilidad de Estados Unidos. Por eso no se guardó lo que piensa del Consejo de Derechos Humanos: “Es un refugio para dictadores y democracias que los complace”.

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