Mientras América latina se convierte dramáticamente en el nuevo foco de la pandemia, los esfuerzos para enfrentar la crisis se ven obstaculizados por una larga lista de escándalos de corrupción. Compra de insumos con sobreprecios, reparto irregular de fondos y falta de transparencia en licitaciones son sólo algunos de los casos de corrupción vinculados a la emergencia sanitaria. En países como Brasil, Bolivia, Ecuador o Perú, decenas de funcionarios públicos y empresarios locales están acusados de enriquecerse ilícitamente a costa de la salud de la población.
La pandemia amplió las oportunidades para que los funcionarios públicos saqueen las arcas estatales. Al declarar un estado de emergencia, varios países suspendieron las regulaciones que rigen los contratos públicos, detuvieron las sesiones presenciales del Congreso o eliminaron las reglas que les exigían responder a las solicitudes de información de los medios.
Respiradores en la mira
El mayor caso de corrupción tras siete meses de gobierno de facto en Bolivia tiene todos los síntomas del coronavirus. El ministro de Salud, Marcelo Navajas, se encuentra actualmente cumpliendo prisión domiciliaria preventiva por la compra de respiradores para pacientes críticos de covid-19 a una empresa privada española, con un sobreprecio de unos dos millones de dólares. En total se llegaron a comprar 170 ventiladores que ni siquiera funcionaban correctamente.
El gobierno boliviano acordó pagar a IME Consulting alrededor de 28 mil dólares por ventilador, tres veces el precio que el fabricante original cobra por cada máquina. Poco después de la llegada de los respiradores, los médicos empezaron a quejarse porque las máquinas no eran las adecuadas para tratar a pacientes con coronavirus gravemente enfermos.
Brasil, el segundo país del mundo con más contagios y muertes por coronavirus, tampoco escapa a la pandemia de la corrupción. Funcionarios gubernamentales de al menos siete estados están bajo investigación por supuesta malversación de más de 200 millones de dólares en fondos públicos durante la crisis. Aunque hoy el foco está puesto sobre los gobernadores de Pará, Hélder Barbalho, y Río de Janeiro, Wilson Witzel.
Barbalho es investigado por irregularidades en una compra de respiradores para pacientes de covid-19 por más de 10 millones de dólares. En tanto, al gobernador de Río está en la mira por la compra con sobreprecios de ventiladores y una sospechada licitación para la construcción de hospitales de campaña. Además Witzel, exaliado del presidente Jair Bolsonaro, está sospechado de haber negociado con su amigo personal, el empresario Mario Peixoto, la creación del Instituto Unir Saúde para firmar contratos con la Secretaría de Salud entre 2018 y 2019.
Policías desprotegidos
En Perú , que es el sexto país en el mundo con mayor número de contagios, los casos de corrupción son moneda corriente desde que estalló la crisis en marzo. A principios de junio, la Fiscalía Anticorrupción tenía identificados 653 presuntos actos ilícitos cometidos durante la pandemia por funcionarios públicos. Sin dudas, el caso más significativo es el escándalo de compra de materiales en el seno de la Policía Nacional, que le costó el cargo al ministro del Interior y a todo el alto mando del cuerpo de seguridad.
El ministro Carlos Morán renunció después de que la justicia revelara que sus subordinados compraron desinfectante diluido y cubrebocas defectuosos para los agentes de policía. Varios de ellos perdieron la vida infectados por la covid-19, mientras vigilaban el cumplimiento del confinamiento en las calles. Armillón Escalante, un agente de policía en Lima, dijo al New York Times que a él y sus colegas les dieron mascarillas y guantes tan delgados que se rompían de inmediato. Según el gobierno, más de 11 mil policías se infectaron y 200 murieron a causa del virus, lo que obligó al país a cerrar algunas comisarías para contener nuevos brotes.
Bolsas de cadáveres que valen oro
De todos los esquemas de desvío de fondos en Ecuador
, uno de ellos llamó especialmente la atención e incluso derivó en una fuga con ribetes hollywoodenses. El mes pasado, la Fiscalía anunció que habían identificado una red criminal que conspiró con funcionarios de salud para ganar un contrato de venta de bolsas de cadáveres a hospitales por hasta 13 veces su precio real: los insumos se vendieron por 148 dólares, a pesar de que solo valían alrededor de 11 dólares cada unidad.
El joven empresario a cargo de las compras con sobreprecios, Daniel Salcedo, huyó de Ecuador en una avioneta que se terminó estrellando en Perú. Salcedo ahora se recupera bajo custodia de la policía ecuatoriana, y deberá cumplir prisión preventiva. Días antes de la fallida fuga, los agentes de policía allanaron la casa del expresidente ecuatoriano, Abdalá Bucaram. Lo detuvieron después de descubrir un arma de fuego ilegal, junto con miles de mascarillas y tests de coronavirus.
Bucaram "no tiene calidad de importador o comerciante porque su actividad económica sea la comercialización de insumos médicos", aseguró al respecto Diana Salazar, fiscal general de Ecuador. Los fiscales a cargo del caso creen que una banda criminal que incluye a Salcedo, a Bucaram y a algunos de sus familiares opera desde 2018 cobrando sobreprecios en equipos médicos vendidos a los hospitales hoy colapsados por la pandemia.
