La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito denunció la muerte de una mujer de 41 años como consecuencia de un aborto inseguro en el partido de La Matanza. El hecho se produjo hace más de un mes pero recién ahora salió a la luz, por lo que la Campaña pidió la “aprobación inmediata" de su proyecto de legalización del aborto además de la “implementación efectiva del Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE)”.

"El 19 de mayo de 2020, B. llegó al Hospital Materno Infantil Teresa Germani de Laferrere cursando un aborto, con fiebre y una hemorragia severa”, detalló la Campaña en un comunicado difundido este domingo donde se agregó que “ante la imposibilidad de detener el sangrado, le realizaron una histerectomía y posteriormente fue derivada al Hospital Simplemente Evita de González Catán, donde llegó en paro cardíaco y antes de las 22 horas había fallecido”. El comunicado se encarga de resaltar que la muerte se produjo como consecuencia de “un aborto inseguro por fuera del sistema de salud”. 

Este evitable fallecimiento es el segundo del que se tiene conocimiento público en lo que va del aislamiento social, preventivo y obligatorio. El 24 de abril otra mujer había muerto por la misma razón: se llamaba Ivana Micaela, tenía sólo 22 años y era oriunda de la localidad formoseña de Pirané.

Además, en el comunicado de la Campaña se brindan detalles del contexto "sumamente adverso" que históricamente se vive en La Matanza en relación a esta problemática: “La Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir lucha desde hace años para que se garantice la ILE. El contexto es sumamente adverso ya que no se cuenta con medicación, ni reconocimiento institucional, a la vez que sufrimos hostigamiento y persecución por garantizar derechos". 

En este sentido, la Campaña aseguró que "la ILE es un servicio esencial en el marco de la pandemia", por lo que la situación en La Matanza "expulsa a quienes necesitan acceder a una ILE y empuja a las personas a la clandestinidad, exponiendo sus cuerpos y sus vidas a prácticas inseguras".

Cecilia, trabajadora de la salud e integrante de la regional oeste de la Red por el Derecho a Decidir, aseguró a Télam que “en toda La Matanza sólo seis centros de salud garantizan la ILE”: “Desde que se aprobó el protocolo por parte del Ministerio de Salud de Nación, se retomó la compra de Misoprostol pero en cantidades que no alcanzan para cubrir la demanda”, contó.

Ante esta falta de provisión, “muchas mujeres se endeudan para poder comprar Misoprostol”, detalló Cecilia. En el caso de que la gestante no pueda acceder a la ILE antes de la semana trece, es derivada a hospitales que “no tienen un servicio amigable por la resistencia de los servicios de tocoginecología a hacer abortos". Según explicó la trabajadora, esta resistencia se traduce en que "algunas situaciones se resuelvan a fuerza de presión y se terminan haciendo mal, con violencia, con técnicas no recomendadas o dejando mujeres internadas más días de lo necesario, solo para castigarlas”.

Finalmente, el comunicado de la Campaña concluyó exigiendo un "real acceso a las políticas de salud que garanticen medicamentos y herramientas al primer nivel de atención en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires" y, en este sentido, la “implementación efectiva del Protocolo de ILE". Por último, también reclamaron la "aprobación inmediata de nuestro Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo”.