“¿Y con éstos qué hacemos?”, dijo el hombre. Bárbara García nunca olvidó esa frase, ni las otras preguntas que le hacía, ni esa cara. Imposible olvidar ese cogote largo, esa mirada penetrante. Ella tenía nueve años y sabía que de ese hombre dependía su futuro y el de su hermano pequeño, Camilo. Más que su futuro, si había un futuro. Bárbara había escuchado gritar a su madre desde la otra habitación. Y esa fue la última vez que la escuchó. Cuarenta años más tarde, Bárbara entró a un juzgado decidida a identificar al hombre. Ahora sabía que seguramente era un militar, aunque esa noche de junio de 1977 estaba vestido con campera de cuero, pantalones caqui y borcegos, otras cosas que no se olvida. Pensaba que la tarea iba a ser sencilla, había imaginado ese momento muchas veces. Pero se encontró con una pila de fotos viejas con rostros parecidos, militares con gorras que tapaban parte de las caras, peinados iguales, imágenes un poco borrosas. Entre todas ellas seleccionó tres, estaba segura de que uno de ellos debía ser. Resultó que los tres eran la misma persona: Martín Eduardo Sánchez Zinny. No había dudas de que era él quien había comandado el operativo de secuestro de su madre y su compañero en la casa de Haedo. Pero el hombre dijo que no, que ella no puede acordarse, que era chica y que por eso no pudo haber retenido el recuerdo del trauma que le cambió la vida. Así que sus abogados iniciaron una causa por falso testimonio contra Bárbara, que pasó de ser víctima a ser acusada. La Cámara de Casación debe decidir ahora si impugna la palabra de aquella niña que esperó años para hacerse oír.

El 13 de junio de 1976, en la madrugada, un grupo de hombres entró en la casa del barrio Envión, en Haedo, en la que vivían Rocío Angela Martínez Borbolla y Pedro Martucci con Camilo y Bárbara García, los hijos de la mujer, hoy los dos periodistas. Estaban de civil aunque se identificaron, a los gritos, insultos, empujones y golpes, como miembros del ejército argentino. Rocío era maestra, delegada de CTERA y militante del PRT ERP. “De esa noche me acuerdo todo –relata Bárbara. Yo tenía nueve años pero sabía que algo pasaba. Cuando escucho los gritos, me subo a la cama de Camilo para tratar de abrir la ventana. El era chiquito, estaba petrificado, no reaccionaba. Cuando entran los tipos a nuestro cuarto, veo uno con un arma enorme, cuando él nos ve se nos mata de risa porque éramos dos criaturas. Me mete un culatazo en los tobillos, me caigo y empieza a hacerme preguntas”.

Quería saber si en la casa vivía alguien más, si tenía que ir alguien esa noche, si había armas. Bárbara respondía mecánicamente a todo que no. Mientras, escuchaba los gritos. “No, por favor, mis hijos” (de su madre) y “callate, puta, guerrillera” (de los militares). El hombre de mirada penetrante, de cogote largo se preguntaba qué hacer con los niños. “A éste lo podemos llevar, pero ¿con ésta qué hacemos, la matamos?” Los chicos terminaron con un vecino y luego pudieron encontrarse con sus abuelos y su padre. Antes de salir de la casa, Bárbara preguntó por su madre. “No la vas a ver más”, le dijeron. Y así fue.

La investigación

Rocío Angela Martínez Borbolla está desaparecida desde ese día. Durante años, ese fue el único dato que tenía su familia. Hasta que en 2012, en la megacausa de Campo de Mayo, declaró un hombre que durante la última dictadura había hecho el servicio militar en el Regimiento de Infantería de Mercedes y aportó datos reveladores. “El 9 de julio desfilamos en Luján –contó-- y cuando llegamos al Regimiento no hicimos más tareas. A la noche, después del toque de queda, como a las 2 o 3 de la mañana, nos levantó un suboficial. Nos preparamos y pasamos por la sala de armas, a formar y de ahí a las camionetas”.

El ex conscripto dio detalles del operativo que se realizó el 10 de julio en la imprenta que tenía el PRT ERP en la localidad de San Andrés, en el partido de San Martín. “La manzana de enfrente se rodeó completa. Cada cuadra tenía uno o dos suboficiales, que tenían al resto a cargo. Controlaban que nadie entrara y saliera del círculo que formaron. Al salir nos habían dicho que nadie entraba ni salía, indicaron que ‘primero se tira y después se pregunta’ y que a los únicos que no había que tirarles, era a los que estaban vestidos de civil y con un brazalete en el brazo. Mientras tanto, los de civil empezaron a patear la puerta. Se empezaron a escuchar disparos de Itaka. Entraron con Itakas recortadas. A medida que fueron entrando, iban tirando, sin importar si había o no alguien. Cuando nosotros entramos, estaban las paredes agujereadas”.

El ex conscripto narró que de un galpón de la vivienda salieron con las manos en alto dos hombres de unos treinta años vestidos con saco, pantalón y pullover. En algún momento, uno de ellos se quiso escapar. “Apenas pasa el portón, le dispara uno de los soldados y cae, se movía, se veía que no estaba muerto. Ahí sale Sánchez Zinny y da una arenga de que ‘estos son los hijos de puta que matan a tu madre’ y le voló la cabeza de un itacazo, y pidió que todos gritaran ‘viva la Patria’. Ahí quedó tapado con diarios hasta las 2 o 3 de la tarde, que lo cargaron en una ambulancia vieja”. La víctima era Jorge Arancibia y este testimonio permitió conocer quién fue su asesino.

Cuando todo terminó, a los soldados les mostraron que en la casa había dos subsuelos. En el primero había una biblioteca que los militares atribuían al líder del ERP, Mario Roberto Santucho, porque muchos libros estaban dedicados a él. En el segundo estaba la imprenta. También una “cárcel del pueblo” donde había estado el vicecomodoro Roberto Echegoyen. Antes de irse, los represores les dijeron a todos que se llevaran algo como “trofeo de guerra”. De regreso en el Regimiento, se enteraron de que mientras ellos estaban en San Andrés, otra camioneta fue a una casa quinta en Bella Vista, otros soldados vieron que tenían en una camioneta a ocho hombres y cuatro mujeres desnudas.

A partir de este testimonio, los abogados Pablo Llonto y Ernesto “Coco” Lombardi, la ex militante del PRT Diana Cruces y el entonces director de derechos humanos de Moreno, Miguel Hernández, hicieron una investigación que derivó en la apertura de una causa judicial sobre la represión de todo el aparato de prensa del PRT ERP. En este expediente, que está a cargo del juez federal Daniel Rafecas, fueron imputados los militares Luis Felipe Fernández Bustos, Emilio Pedro Morello, Martín Eduardo Sánchez Zinny, Horacio Linari, Luis Alberto Brun, Gustavo Delfor González Sass, Alberto Ramón Schollaert y Rubén Osmar Andrade, todos integrantes, en 1976, del Regimiento de Infantería de Mercedes. Schollaert era el jefe del Regimiento. Bustos, teniente coronel. Pero hay otro Bustos, Alberto Francisco, que también revistaba en el regimiento de Mercedes y que en junio de 2017, cuando empezaron a detener a sus compañeros, se pegó un tiro en el tórax. “Antes de ir preso de mato”, dicen que le dijo a sus familiares. Este Bustos, que sobrevivió, no estaba en ese momento involucrado en la denuncia, pero Llonto y Lombardi reclaman ahora que sea investigado.

En esta causa se investiga el destino de 37 víctimas –entre ellas María Cristina Cournou, hermana del músico Víctor Heredia, y de su compañero Claudio Nicolás Grandi-- secuestradas o asesinadas entre mediados de junio y julio de 1976 en una serie de operativos concatenados realizados por los mismos grupos de tareas en la zona oeste del conurbano bonaerense, como el que integraban los militares del Regimento de Mercedes. Todas las víctimas, como se ha dicho, estaban relacionadas con tareas de propaganda y difusión del PRT ERP, como la impresión y distribución de la revista Estrella Roja y el periódico El Combatiente.

Persecución y respaldo

Rocío Angela Martínez Borbolla era editora de El Combatiente y fue en esta causa que Bárbara García identificó a Sánchez Zinny. Y que el represor le contestó con su denuncia de falso testimonio. Al principio, ella lo minimizó y pensó que se terminaría rápido. Pero el expediente ya está en la Cámara de Casación. Aunque el juez Rodolfo Canicoba Corral y la Cámara Federal no le dieron la razón al militar, el hecho de que el caso escale en las instancias judiciales la alarmó. Los mismo pasó cuando supo que el hombre había conseguido el arresto domiciliario. “Ellos pertenecían a un lobby importante. Estaban conectados, se sentían impunes. Cuando empezaron a caer no lo podían creer. Yo lo había subestimado. Pero venimos de años duros y por primera vez me quebré. Estoy con apoyo psicológico, porque una de las cosas que intentan es desestabilizarte, que te agarre miedo”, dice Bárbara.

Los acusados de esta causa habían logrado mantener un perfil bajo y no ser identificados como integrantes de grupos de tareas del terrorismo de Estado durante mucho tiempo, pero Sánchez Zinny y Morello habían salido en defensa propia en la Semana Santa de 1987, cuando se levantaron contra el gobierno de Raúl Alfonsín junto a Aldo Rico para impedir que avancen los juicios contra los represores. Morello, además, llegó a convertirse en diputado nacional por el MODIN, el partido del carapintada.

“La denuncia contra Bárbara no debería prosperar pero están buscando que se ponga nerviosa, hostigar a los testigos antes del juicio oral, esperemos que todo esté resuelto antes de que empiece”, señala Llonto.

Bárbara dice que lo tiene a Sánchez Zinny “en la nuca”, pero a la vez se siente contenida y agradece la solidaridad recibida en estos días. Destaca el apoyo de los organismos de derechos humanos, del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla y del propio presidente Alberto Fernández. También de Analía Kalinec, del colectivo Historias Desobedientes, que integran hijos de genocidas, y de Ruben López, hijo del testigo desaparecido Julio López.

“No toleran que tengamos memoria, eso es lo que los va a perseguir el resto de sus vidas. Somos la historia viva, testigos de las atrocidades que estos asesinos cometieron. Esta falsa acusación de la defensa del genocida no hace otra cosa más que lastimar a las víctimas del terrorismo de Estado. Denunciar a la víctima es algo que no debe prosperar, Casación debe rechazar in limine esta denuncia en tu contra”, señala una carta firmada por hijos de desaparecidos, asesinados, presos y exiliados en respaldo a Bárbara.