Desde la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) del Ministerio Público Fiscal de la Nación se llevó adelante un operativo de rescate de trabajadores cíclicos oriundos de la localidad salteña de Aguaray que estaban sufriendo trata con fines de explotación laboral. Ocho fueron rescatados en Florencio Varela y dos en La Plata.
El caso de Florencio Valera se pudo hacer visible por el contacto que los trabajadores establecieron con miembros de la Federación de Trabajadores Agrarios de la Actividad Primaria (FETAAP) del propio distrito. “Los trabajadores se contactaron con nosotros y nos comentaron su situación que nos hacía ver que se cometía explotación laboral y se subrayaba la trata”, contó a Salta/12 el delegado de la FETAAP en la provincia de Buenos Aires, Alejandro Vera. “Nosotros tenemos en la zona de Florencio Varela compañeros que trabajan en la floricultura y que, en este tiempo (de pandemia) son los que peor la están pasando dentro de la agricultura familiar”, destacó el delegado.
La situación refería a once personas, ocho eran los trabajadores y uno de ellos se encontraba con su familia: su pareja y sus dos hijos de cuatro años y el otro de unos meses de vida. Todas las personas estaban en Florencio Varela pero en dos fincas distintas cuyos dueños son Julián Quispe y Emilio Cruz. “Ellos estaban trabajando, pero en este último tiempo los despidieron y les pedían que abandonen el lugar” donde estaban viviendo, contó Vera.
Una parte del grupo estaba en "una casa muy precaria" de madera donde no tenían baño, el piso era de tierra y se filtraba el frío. El sueldo era de $10 mil no registrados y que era abonado en cuotas. Pero en el último pago cuentan que se les ordenó que abandonaran el lugar. Por otro lado, la otra parte del grupo ya había sido desalojada. “Ya estaban en situación de calle, no tenían calzado ni ropa ni comida y una vez que tuvieron su lugar de resguardo pudieron acceder a vestimenta y alimento”, dijo Vera.
Los trabajadores, oriundos de Aguaray y con edades entre los 20 y 35 años, llegaron a la provincia de Buenos Aires porque los dueños de las fincas les pagaron los pasajes y les proporcionaron el lugar para vivir.
Tras tomar conocimiento de la situación, la FETAAP se dirigió a Gustavo Vera, director del Comité Ejecutivo de Lucha Contra la Trata y Explotación de Personas y Para la Protección y Asistencia de Víctimas. De inmediato se encaminó el operativo desde la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) del Ministerio Público Fiscal y los trabajadores fueron rescatados el viernes 12 de junio.
En el operativo, donde el delegado de la Federación estuvo presente, se “acompañó a los trabajadores hasta la calle y ahí se hace el operativo” porque no pudieron ingresar a las fincas. Intervino la propia PROTEX, agentes de seguridad de Florencio Varela y personal del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. “Una vez que se constató que ellos (los trabajadores) estaban bien de salud se los llevó a la Fiscalía de Quilmes donde las trabajadoras del lugar dijeron que realmente se trataba de trata de personas y de explotación laboral”, relató Alejandro Vera.
La fiscala a cargo es Alejandra Magnano, quien ordenó que desde la Fiscalía de Quilmes se los acompañe a los trabajadores a retirar sus pertenencias. Actualmente, las once personas se encuentran alojadas en una casa en La Plata y a la espera de su retorno a Salta. En tanto, el director del Comité, Gustavo Vera, solicitó a la fiscala Magnano que se realice una investigación preliminar para identificar a los autores y partícipes de los hechos que configurarían la trata de personas con fines de explotación laboral.
Dos personas rescatadas en La Plata
Otro caso se conoció el jueves 18, el mismo día que los trabajadores rescatados de Florencia Varela estaban realizando las denuncias en la Fiscalía de Quilmes. Dos personas que se encontraban en el establecimiento Colonia Urquiza, ubicado cerca del barrio conocido como “La Villa”, en La Plata, también se encontraban en situaciones de vulneración extrema.
Se trataba de un hombre de 57 años y su hijo de 18 años, también de Aguaray. Llegaron a La Plata para la producción de flores de primavera contratado por un productor llamado Chimo Carpitanio, quien les abonó los pasajes de ida y después les descontó de sus primeros pagos.
La jornada que padre e hijo tenían durante la primavera y el verano iba de siete a diecinueve horas diarias. Hasta ese entonces, el pago era de $15 mil por mes. Pero cuentan que desde el inicio de la cuarentena la jornada laboral se redujo a seis horas y Carpitanio ya no les pagó ningún sueldo. Al igual de lo que sucedió en Florencio Varela, el dueño les ordenó que desalojen la casilla precaria que se les preparó. En dicha casa no había calefacción, ni agua caliente.
Mientras tenían sus ingresos, ambos se pagaban sus propios alimentos, en ningún momento se les proporcionó ropa de trabajo ni contaron con elementos de protección durante la cuarentena. Tras no recibir ningún tipo de ingresos, ya no tenían el alimento diario.
El delegado de la FETAAP señaló que en ambos casos, desde la Federación “están trabados”. “Las burocracias provinciales no permiten que los trabajadores puedan volver a sus provincias. Desde Salta no les están dando los permisos pertinentes para volver”, aseguró Vera. “Para nosotros es complejo encontrar a los trabajadores rurales en esta situación porque no pueden ser víctimas de explotación en un país donde la riqueza se produce desde el trabajo de la tierra”, aseveró.
Por su parte, el secretario general de la FETAAP, Ernesto Ojeda, explicó a este medio que los empresarios incurren en trata cuando trasladan a los trabajadores sin convenio previo, luego los hacen trabajar en los establecimientos sin contrato, las jornadas son de más de doce horas, no tienen recibo de sueldo y las condiciones de vivienda son de hacinamiento.
“En la cuarentena no solamente estaban gastando la poca plata en negro sino que el dueño los quería sacar del lugar”, describió Ojeda. El referente lamentó que se tenga que hablar de un gran número de trabajadores salteños, oriundos de Orán, Tartagal y Aguaray, que se desplazan a la producción de flores en la provincia de Buenos Aires.
Ojeda dijo que hoy las trece personas están protegidas y con asistencia gestionando su retorno a Salta. Además, se buscará la asistencia laboral cuando se encuentren en sus localidad a través del pago de lo adeudado y los programas nacionales como el Potenciar Trabajo del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.