Desde que la pandemia frenó la actividad judicial, escucho a algunas defensas opinar por lo bajo sobre la imposibilidad de continuar con los juicios por delitos de lesa humanidad. No se refieren a todos los juicios orales y públicos ni a la actividad judicial en general, sino específicamente a esos juicios. Ese murmullo se transformó en protesta airada durante la audiencia del viernes pasado en el debate que lleva adelante el Tribunal Oral de San Juan. Luego de febriles intentos por establecer un sistema de conexión aceptable que uniera a todos los protagonistas en un espacio virtual, se retomó el juicio contra treinta y un imputados (militares, policías y un ex Fiscal Federal) por la situación de más de doscientas víctimas, con presencia mínima en la sala, con una nueva plataforma contratada por el Consejo de la Magistratura y con conexión simultánea con más de seis ciudades y al menos cincuenta personas desde distintos puntos habilitados al efecto. Allí finalmente escuché los planteos concretos de las defensas; aquí copio algunos de ellos, convencido de que se repetirán a lo largo y ancho del país mientras dure esta pesadilla sanitaria.
Los cuestionamientos se dirigen en particular a los testimonios. Sabedores de que, en caso de tener éxito, directamente desmoronarán el debate, han alegado extremos insólitos: que no pueden controlar la prueba porque se realiza a distancia; que los testigos al declarar desde sus casas o desde algún otro punto remoto pueden estar “preparados” con papeles o notas a la mano que no se podrán ver y hasta han deslizado la posibilidad de que puedan contar “con una persona que les diga qué decir”, o sea una suerte de “apuntador” en materia de historia del horror o algo semejante, como si les hiciera falta.
Esta nueva revictimización, esta vez con el argumento de las “declaraciones armadas” (hasta donde sé, no ha existido en la historia de los juicios por delitos de lesa humanidad en Argentina una sola causa por falso testimonio en contra de una víctima o testigo en general), en verdad se trata de un argumento aparente que pretende procurar la impunidad. Porque si los testimonios no pudieran ser tomados por el motivo que fuera, los juicios se transformarían en un espacio vacío y caerían irremediablemente.
No existe ningún impedimento para continuar con los juicios orales y públicos, por cualquier delito. Es más, el Poder Judicial tiene la obligación de llevarlos adelante pese a las limitaciones que impone la pandemia; por otro lado, las partes en general tenemos el deber de contribuir a esta empresa más allá de nuestro rol. La buena fe procesal nos obliga a todos a saltar por encima de los “inconvenientes de conectividad” o como se los quiera llamar y seguir con los juicios. No existe ninguna garantía violada en un trámite como el que se implementó en el juicio de San Juan o en cualquier juicio que se celebre en el país.
Todas las prácticas que las defensas denuncian ahora como obstáculos insalvables ya fueron realizadas o consentidas por ellos mismos en juicios anteriores. Cuando se tomó una declaración a un testigo o imputado en un punto remoto por videoconferencia no opusieron ningún reparo y cuando les fue imposible estar presentes en una audiencia nombraron un colega para que los sustituyera. Si prima la buena fe, nada impide que hoy hagan lo mismo. Los juicios por delitos de lesa humanidad, como cualquier otro juicio, deben y pueden continuar.
* Fiscal general de Mendoza
