A 90 días del comienzo de la cuarentena, se registraron al menos 12 casos de gatillo fácil y casi 50 situaciones de violencia policial y de otras fuerzas de seguridad, de acuerdo con un informe publicado por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI).  “No cuestionamos la decisión sanitaria respecto de la pandemia, sino la decisión de dejar el cumplimiento de las medidas en manos de las fuerzas de seguridad del Estado”, señaló María del Carmen Verdú, abogada y referente de Correpi.

“Al no resolverse las cuestiones básicas para poder cumplir correctamente con el aislamiento, en los sectores más vulnerables necesariamente se genera una exacerbación del conjunto de las herramientas represivas”, explicó Verdú. "A los vecinos de las villas se les respondió poniendo un efectivo armado en cada esquina”, añadió.

El crimen de Facundo Scalzo, cometido el miércoles pasado en el barrio porteño Rivadavia II, del Bajo Flores, es el caso más reciente al que el informe hace referencia. Por ese caso, hay tres gendarmes imputados, según quienes el episodio fue un supuesto enfrentamiento a tiros. “En la definición propia de gatillo fácil las fuerzas lo presentan como un enfrentamiento. Yo me pregunto dónde está el tiroteo si el chico no estaba disparando”, advirtió Verdú.

"En los últimos 15 juicios de los que participamos, salvo en dos casos, todos los responsables quedaron en libertad”, remarcó la referente de Correpi. En este sentido, tras el pedido de excarcelación de dos de los gendarmes imputados por el homicidio de Scalzo, la abogada Romina Avila, parte del equipo de la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, que representa a la querella, apeló la decisión. 

“Hay gente detenida por haber violado el aislamiento, por tentativas de robo, pero cuando se trata de un uniformado y el delito es homicidio, está libre por la calle”, advirtió Verdú. Otros casos que recoge el informe es el de Alan Maidana, asesinado en Berazategui el 24 de mayo, y la muerte, que aún está siendo investigada, de Florencia Morales, la joven que en abril fue detenida en San Luis y hallada muerta en la comisaría. “Al margen de si la mataron o no, no le quita responsabilidad estatal al caso porque no hubiera estado en la comisaría si no la hubiesen detenido”, señaló Verdú.

Además, el informe menciona las reiteradas situaciones de represión en las cárceles, tras los reclamos por las condiciones sanitarias en los penales. “Entre el 20 de marzo y el 31 de mayo, registramos 23 casos de muertes en lugares de detención, de los cuales 8 corresponden a comisarías y 15 a cárceles”, indica el reporte de la Correpi a 90 días del comienzo de la cuarentena. “En cada unidad carcelaria donde los presos reclamaron, les respondieron con tiros”, afirmó la abogada de la entidad.

"La naturalización del accionar de las fuerzas de seguridad permite que la violencia siga ocurriendo”, advirtió Verdú.

Informe: Lorena Bermejo