"Todos ustedes trasladaron el cuerpo por unos quince metros sin saber si la víctima se encontraba con vida o no", dijo el juez de instrucción penal Mario Velázquez, del Centro Judicial Monteros, en el extenso fallo con el cual dictó la prisión preventiva a los nueve policías y un civil: oficial José Alberto Morales, agente Gerardo González Rojas, cabo Claudio Zelaya, agente Carlos Romano, cabo José María Paz, sargento René Ardiles, subcomisario Rubén Montenegro, sargento Víctor Salinas, y el civil Héctor Villavicencio, empleado municipal de vigilancia. El grupo está imputado por la desaparición forzada de persona con resultado de muerte (artículo 142 ter del Código Penal), y privación ilegítima de la libertad en perjuicio de Luis Armando Espinoza, hecho ocurrido el 15 de mayo cuando él y su hermano Juan Antonio cabalgaban por un camino vecinal de la escuela de El Melcho, localidad de Monteagudo, Simoca, en el sur de Tucumán.
Los policías habían acudido a disolver una carrera de caballos clandestina cuando se cruzaron con los hermanos, los atacaron a golpes y balazos, escondieron el cuerpo de Luis y lo hicieron desaparecer en un barranco profundo en el límite con la provincia de Catamarca. El Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), bomberos voluntarios y sus hermanos lo encontraron una semana más tarde. "La desaparición forzada es un delito pluriofensivo que viene desde el poder", indicó el magistrado en consonancia con el dictamen de la fiscal Mónica García de Targa.
Así, los autores del asesinato y desaparición de este peón rural de 31 años, que dejó viuda a su esposa Soledad Ruiz y huérfanos de padre a sus seis hijes, llegarán detenidos al juicio oral que debería producirse antes de que se cumplan seis meses, tal el plazo que pidió la abogada de la familia Cintia Campos. Salvo por algunas contradicciones menores, los imputados coincidieron en sus versiones, que fueron respaldadas por contundentes pruebas. "Estamos muy contentos con la resolución porque se ha tomado en cuenta a las víctimas, además el juez recibió a la familia antes de resolver para escuchar sus inquietudes sobre el juicio, y vamos a luchar para que sea este año", expresó Campos a Página/12. "Queremos que nadie se olvide de Luis", agregó.
El viernes 15 de mayo cerca de las 16 llegaron los policías al Melcho, para prevenir la realización de carreras cuadreras bajo las orden del jefe de la comisaría de Monteagudo, subcomisario Rubén Montenegro, González Rojas y Zelaya iban en motocicleta, atrás venían en una camioneta Renault Kangoo Salinas, Morales, "Villa" Villavicencio y Miriam González. Se encontraron con un grupo de caballos con sus respectivos jinetes y para dispersarlos, los policías hicieron disparos con sus armas reglamentarias. "En ese accionar persiguieron a las víctimas que galopaban en sus respectivos caballos, Luis y Juan Espinoza, y entraron hacia un potrero. Juan se cayó porque se le cortaron las riendas, los policías lo reducen en el suelo, lo esposan y lo alejan del lugar arrastrándolo hasta la calle donde estaba su sobrina Micaela", describió el dictamen fiscal.
"Previo acuerdo de voluntades y división de tareas que cada uno ejecutaría en el plan criminal, vestidos de civil se hicieron presentes en el lugar e interceptaron a Juan Antonio y Luis Armando Espinoza, comenzaron a realizar disparos con balas de goma hacia las víctimas, logrando que Juan Espinoza se cayera de su caballo, oportunidad en la que lo golpearon con patadas en el cuerpo provocándole equimosis y escoriaciones, y ante el grito desesperado de Luis Espinoza para que dejen de golpear a su hermano, usted Morales apuntó con su arma reglamentaria marca Jericho calibre 9 mm a la humanidad del hombre que se encontraba a unos diez metros, con claras intenciones de causarle su muerte, realizó un disparo directo que impactó en el espacio intercostal izquierdo de la víctima, mientras todos ustedes arrastraron el cuerpo hasta el monte sin saber si el mismo estaba con vida o no y privándolo de recibir asistencia medica", escribió el juez dirigiéndose a los imputados.
Los uniformados cortaron la calle en ambos sentidos de modo que la escena quedó libre de testigos, y trasladaron a Juan con las manos esposadas. A los 20 minutos dos policías en una camioneta Chevrolet Silverado llevaron una bolsa de gran tamaño color blanca e ingresaron al potrero para penetrar en el monte donde se encontraba el cuerpo de Luis y lo cargaron unos quince metros hasta el camino vecinal de Melcho, donde habían colocado la Renault Kangoo y el Volkswagen Fox azul, propiedad del subcomisario. En el baúl de ese auto pusieron el cuerpo de Luis y se fueron. En el camino se detuvieron para quitarle las esposas a Juan, y sin decirle nada, siguieron hasta la comisaría. "Con intenciones de ocultar el hecho y garantizar su impunidad todos ustedes se trasladaron hasta la comisaría de Monteagudo, ingresando el cuerpo de Espinoza al patio de la dependencia policial, donde todos ustedes procedieron a sacarle la ropa --estaba vestido con un pantalón de jean, campera de color celeste o azul, remera y zapatillas-- y envolver el cuerpo en una colcha color gris clara y un plástico color negro de un lado y blanco del otro para proceder luego a atar el cuerpo con un cable color lila, un cable color negro, unos trozos de soga color blanca con detalles negros con nudos y con cinta de embalar", dijo el magistrado. Los Policías Paz y Salinas fueron hasta Concepción y allí quemaron con nafta las ropas, además de un sobrepelo, un látigo y una gorra.
Morales, Montenegro, González Rojas y Zelaya se trasladaron por la ruta nacional 65 hasta unos 400 metros aproximadamente al oeste del hito interprovincial La Banderita, Provincia de Catamarca, sacaron del auto el cuerpo y lo arrojaron desde la orilla de la ruta hacia el precipicio unos 80 metros de profundidad. Ese mismo día a las 20 acudieron a la comisaría la esposa de Luis, Soledad Ruiz, Thalia Yudith Espinoza y Claudia del Carmen Espinoza para denunciar su desaparición, Miriam González y el sargento Salinas les negaron información, dijeron que no sabían su paradero y que tenían que esperar 72 horas antes de tomar la denuncia. A las 23 ya de regreso en la comisaría, Montenegro dijo a todos que “ya está, no se preocupen, no aparece más, quédense tranquilos que no va a aparecer”.
Luis Espinoza tenía un tiro en la espalda, pero la autopsia reveló que tenía lesiones del tipo por 'arrastre', equimosis, edemas, con características 'vitales' o sea provocadas en vida; lo cierto es que no se sabe con certeza la hora de su muerte. El fallo recordó que varios de los imputados tienen antecedentes de violencia institucional y de género.
La desaparición forzada de persona con resultado muerte es un delito complejo, entre sus características está la vinculación de la privación ilegal de la libertad de una persona por parte de un funcionario estatal o con la aquiescencia del Estado, seguido con la negativa estatal a dar información, con el ocultamiento del paradero de la persona desaparecida, con la finalidad de entorpecer, o de eliminar la actuación de la Justicia, de permanecer impune, debe haber una inequívoca decisión del Estado que tienda a ello, que éste niegue la existencia de los episodios, tal como sucedió con la historia de Luis.
Desaparecer en democracia
En las consideraciones finales, el juez Velázquez expresó que "la Nación Argentina no es ajena a estos hitos, habiendo sufrido cinco golpes de facto en el siglo XX, y la desaparición forzada, tortura, secuestro, asesinato y demás aberraciones de miles de compatriotas". A su criterio, "el Poder Judicial no debe ni puede quedar impasible ante tan flagrante violación de derechos por parte de individuos que forman parte del mismo Estado, y que son su brazo monopólico de la fuerza. Los excesos policiales, luego de las lecciones que nos dio la historia, no pueden ser permitidos ni tolerados, ni por el Estado ni por la sociedad". En ese sentido, obiter dicta (dicho de paso) "es necesario de forma imperiosa que se empiece a trabajar en la profesionalización de la Policia de Tucumán, capacitación que debe incluir, necesariamente, la revalorización de las garantías constitucionales de la cual todos los ciudadanos -sin distinción alguna-, somos titulares; garantías que costaron muchísimo dolor y lucha".