La plaza estaba frente a su casa y cumplía con los 500 metros correspondientes debido a la cuarentena, de modo que una pareja cruzó a jugar con su pequeño hijo. Los policías de la comisaría sexta los detuvieron, los golpearon, sacaron sus armas, hirieron a un familiar con discapacidad que llegó en su auxilio. Este violento episodio sucedido en Mar del Plata el 10 de junio, es uno de los casi 40 hechos por los cuales Gabriel Fuks, secretario de Articulación Federal de la Seguridad de la Nación, envió una carta al secretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, donde pide informes en relación a una serie de actuaciones con presunto abuso de la fuerza en las que estaría implicada la policía de la provincia de Buenos Aires". Una carta similar fue enviada al ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, por un episodio ocurrido durante un operativo que él mismo encabezó, vistiendo el uniforme de la policía provincial.

Según consta en el texto al que accedió PáginaI12, "el Ministerio de Seguridad de la Nación recibió, a través de diversas fuentes, desde el inicio del aislamiento social preventivo obligatorio, más de 35 denuncias sobre hechos de violencia institucional que habrían sido perpetrados por las policías de la provincia de Buenos Aires". El texto firmado por Fuks destacó que entre ellas preocupa "aquella que refiere al accionar de una patrulla de la Comisaría Sexta de General Pueyrredón, el 10 de junio pasado, ejerciendo abuso de poder sobre una familia que se encontraba en una plaza del barrio Ameghino de la localidad de Mar del Plata". "Solicito tenga a bien informar si se ha iniciado una investigación administrativa a fin de esclarecer la responsabilidad del personal policial en el hecho y, en su caso, si se ha tomado algún temperamento preventivo", piden desde la cartera nacional.

En definitiva, desde la Nación piden informes sobre:

* Si se ha dispuesto algún protocolo de actuación o pautas de intervención que delimiten el correcto accionar de los integrantes de la policía local con relación al desarrollo de tareas de control del cumplimiento del aislamiento obligatorio. 

* Si existen áreas específicas del Gobierno que relicen el seguimiento y control del avance de las denuncias de violencia institucional.

* Si se ha previsto evitar que no sea la misma fuerza involucrada en las posibles irregularidades quienes realicen las pericias y actuaciones judiciales que pudieran iniciarse para determinar la responsabilidad penal de los agentes policiales.

El texto señala también que desde la cartera están convencidos "del compromiso compartido en cuanto a defender la vida y la salud de nuestro pueblo, haciendo respetar las decisiones dispuestas por el Presidente en virtud de la emergencia sanitaria dentro de los principios internacionales y las normas constitucionales vigentes en relación a los principios básicos de actuación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley". 

Según el último informe de la Correpi (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional), durante los 90 días que lleva el aislamiento obligatorio "el incremento exponencial de detenciones arbitrarias, que se traduce en un aumento de las denuncias por imposición de tormentos en comisarías, también se refleja en una mayor cantidad de personas muertas en dependencias policiales. Entre el 20 de marzo y el 31 de mayo, registramos 23 casos de muertes en lugares de detención, de los cuales 8 corresponden a comisarías y 15 a cárceles". Entre los hechos más resonantes, PáginaI12 ha reportado los casos de los asesinatos de Luis Espinoza en Tucumán y Florencia Morales en San Luis, además del brutal ataque a la familia qom Fernández-Saravia en Salta. El gatillo fácil, sin embargo, no conoce de jurisdicciones: hubo 12 casos durante al aislamiento y casi 50 hechos de violencia policia.

El 10 de junio en el barrio Ameghino, de Mar del Plata, se encontraba una pareja joven con su niña jugando en la plaza de enfrente a su casa, ubicada a menos de 500 domicilio. Un patrullero de la comisaría de Sexta, la misma donde trabaja el jefe de calle de apellido Leiva, quien asesinó a Matías Ordóñez el 5 de enero de 2018, se subió a toda velocidad a la plaza sin importar que había más niñes. Identificaron a la pareja e inmediatamante esposaron al hombre. Cuando llegó su cuñado, quien tiene una cardiopatía congénita y retraso madurativo, lo esposaron también, además de golpearlos. Al chico discapacitado le pusieron la rodilla en el cuello, como en el caso del asesinato de George Floyd. Cuando quiso intervenir la chica, los policías le pegaron con la bebé a upa, y la llevaron detenida también. El relato fue publicado en la página Justicia por Thomas Pérez. 

 


Más allá de los mediáticos cuestionamientos de Berni hacia la gestión de Frederic , en el ministerio desestimaron que se trate de una respuesta a las declaraciones del ministro bonaerense, y recordaron que se hizo lo mismo con casos de Chubut, Tucumán y San Luis, y más recientemente Chubut. 

El 15 de junio pasado Gabriel Frede escuchó ruidos y fue a cerrar el portón de su casa, en el barrio Inta de la ciudad de Trelew. En ese momento desde una camioneta policial le dispararon en el rostro sin mediar palabra. 

La carta destaca la "inmensa preocupación por los hechos ocurridos en la madrugada del 15 de junio en el marco de una intervención policial que, de acuerdo al material audiovisual disponible, contraría los principios básicos de actuación para funcionarios y funcionarias encargados de hacer cumplir la ley recomendados por Naciones Unidas y de imperio legal en nuestro país. La información recibida de diversas fuentes da cuenta de graves hechos de violencia institucional perpetrados por personal de la Policía de Chubut que habría disparado al interior de las casas del barrio sin mediar ningún tipo de intervención previa e hiriendo a algunos de los vecinos del lugar. 

"Por ello, solicito informe si se han iniciado actuaciones administrativas para identificar al personal que intervino y determinar la responsabilidad individual e institucional; si hay un protocolo específico para que la policía haga cumplir el aislamiento social obligatorio; si hay alguna área específica de su gobierno que haga un seguimiento de las denuncias de violencia institucional protagonizadas por personal policial; y si se ha dispuesto que otra fuerza se encargue de las investigaciones.