El detenido exjefe de Operaciones Especiales de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), Alan Ruiz, reconoció que puso en marcha seguimientos e informes sobre movimientos en la vivienda de Cristina Fernández de Kirchner en Recoleta y en el Instituto Patria, en Congreso, durante el mes de agosto de 2018. No obstante, Ruiz alega que recibió la orden de varias direcciones generales de la AFI que a su vez tenían como respaldo una orden judicial del juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena. Los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide sostienen que fueron actividades de espionaje ilegal que se intentaron justificar con posterioridad insertando datos falsos en una causa sobre presuntas amenazas terroristas en el contexto de la cumbre del G-20 y un dato llamativo es que nadie le avisó a Cristina Kirchner de que corría algún peligro, algo que debería ser lógico en un caso así.
Ruiz, junto a su abogado Leandro Emsani, expuso durante horas ante el otro juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé y antes los fiscales. Su argumento es que en aquel momento, ante la llegada a la Argentina de mandatarios de todo el mundo para el G-20, había sospechas de la realización de posibles actos terroristas. El jefe de Operaciones Especiales afirmó que no conoce quiénes iban a cometer esos actos, pero los blancos eran el Instituto Patria, el domicilio de CFK y, entre otros objetivos estaban las viviendas de Graciela Ocaña y Diego Santilli, ambos dirigentes de Cambiemos. A simple vista no parecía un plan muy serio con objetivos tan diferentes como la principal figura de la oposición y dos integrantes de la alianza gobernante que no eran de la primera línea.
En su defensa, Ruiz dijo que sólo hacían vigilancia en los perímetros de los lugares, o sea que no se metieron a espiar a los posibles atacados. "No hubo escuchas, no se ingresó a los domicilios", dijo. Un detalle no menor de su declación es que se cuidó de comprometer a sus exjefes de la AFI en tiempos del gobierno macrista. Lo hizo en forma genérica diciendo que la órden vino de varias direcciones de la central de espías.
Ruiz es el único detenido por las maniobras de espionaje que están saliendo a la luz. El arresto se produjo en una causa que está focalizada en las tareas de inteligencia ilegal que se habrían hecho sobre CFK y el Instituto Patria, que está delegada en la fiscalía y radicada en el juzgado de Augé. El viernes declararon ante el magistrado tres testigos de identidad reservada de la AFI que comprometieron a Ruiz en actividades ilegales, que muestran que el espionaje habría tenido razones políticas, prohibidas por la ley. Pero, además, los integrantes del grupo de espías que se autodenominaban Super Mario Bros declararon que las órdenes justamente las daba Ruiz, lo que coloca al detenido en el foco de todas las operaciones ilegales de seguimiento a políticos, dirigentes gremiales, periodistas y hasta al obispo Jorge Lugones. En ese sentido, ya acusaron a Ruiz los espías Facundo Araque, Jorge "El Turco" Sáez y el abogado Facundo Melo, quienes expusieron ante la Comisión Bicameral del Congreso. Este lunes se sumó, en la misma línea, Mercedes "Mecha Funes". Como era previsible, en su indagatoria Ruiz dijo que está enemistado con ellos, afirmó que esos agentes estaban en la AFI desde antes que él y que ellos tenían negocios propios, sucios, por fuera de su actividad en el organismo. O sea que habrá intenso fuego cruzado entre el jefe y su tropa.
La indagatoria comenzó al mediodía y terminó después de las 19. No fue una declaración en la que Ruiz aceptara responder todo, sino que contestó algunas preguntas aclaratorias sobre hechos puntuales. Sus explicaciones no contaron con datos precisos. No respondió, por ejemplo, de qué personas recibía las órdenes de vigilancia, cómo, cuándo ni dónde fue a parar el material producido. Admite las tareas de inteligencia, que ubica en agosto de 2018, pero sostiene que se habrían hecho por amenazas terroristas que incluían a personas específicas y entendiendo que existía una actuación judicial. La fiscalía sospecha, de todos modos, que el espionaje comenzó un mes antes de la fecha en que miembros del Instituto Patria advirtieron y denunciaron la presencia de dos autos que vigilaban en los alrededores del Patria. Fue entonces que, en la hipótesis de la investigación, se dio alguna notificación del juzgado de Villena que tenía la causa vinculada con la seguridad del G-20.
Todo indica que hubo una operación burda. Un agente de la AFI dijo que escuchó, en la plaza de Avellaneda, que dos personas afirmaban que por el encuentro internacional de presidentes, gran parte de las fuerzas policiales iban a estar en la custodia de los mandatarios y que por ello era un buen momento para atacar a Cristina. Por supuesto que el agente no sabe quienes eran las dos personas que mantuvieron ese diálogo. Y el lugar --la plaza de Avellaneda-- era oportuno para hacer la denuncia, por jurisdicción, en Lomas de Zamora. Según Ruiz, a raíz del "peligro", hubo una orden del juez Villena de custodiar o vigilar a Cristina, algo que hizo la AFI sin notificarle a la expresidenta. En esta causa, el juez Villena tendrá que declarar como testigo.
