El fiscal ante la Corte de Justicia, Eduardo Silvester, le dio legitimidad a la asociación de defensa del consumidor AYNI para representar colectivamente a usuarios damnificados por el cobro de las facturas de energía eléctrica de marzo y abril de este año.

La demanda ya se encuentra en manos de la jueza María Guadalupe Villagrán, a cargo interinamente del Juzgado Civil y Comercial de 9° Nominación. La asociación denuncia facturación fraudulenta de Edesa por los altos montos en las facturas que recibieron cientos de comerciantes a pesar de haber permanecido con sus locales cerrados durante la cuarentena por la pandemia del coronavirus.

El caso más conocido fue el del empresario Daniel Morales, dueño del café Teuco, quien subió un video en sus redes sociales tratando de “ladrones” a los empresarios al frente de la empresa distribuidora de energía eléctrica.

“Acá vienen las boletas de los ladrones”, manifestó Morales cuando se encontró con las facturas después de 50 días de cuarentena. Por los consumos de marzo, Edesa le había facturado $25.043 y por los de abril, $19.850.

En ese momento la empresa adujo que debido a las medidas de aislamiento, no se realizó la inspección correspondiente para tomar los datos de cada medidor, sino que se utilizó para el cobro del servicio un equivalente con respecto al consumo del mismo mes del año anterior. Pero este año todos los comercios permanecieron cerrados y, por lo tanto, no realizaron consumos o consumieron mucho menos que en circunstancias normales.

“La acción colectiva la presentamos hace poco más de un mes”, contó el titular de AYNI, el abogado José Lazarte, quien agregó que además de haber detectado sobrefacturación, encontraron “una estimación de consumo arbitraria e irregular”, según lo especifica la Ley de Defensa al Consumidor y el contrato de suministro, “que establecen que la lectura de consumo tiene que ser real".

Sin embargo, Edesa omitió realizar las mediciones, “sin ningún fundamento ni excepción y a espaldas del Ente Regulador, que es lo que lo hace más grave”. Desde el minuto cero de aislamiento el rubro fue considerado como esencial, por lo que se encontraba exceptuado y podía llevar adelante su actividad.

El abogado explicó que a pesar de que los más afectados fueron los usuarios no residenciales (comercios, bares, restaurantes, pequeñas y medianas empresas), “recibimos casos de residenciales como el de una jubilada que tenía un consumo de 80 kilowatts y pagaba $800, y en las facturas de esos meses le llegó $22.000 de luz”.

Para Lazarte, en cuanto a los hechos “ya está todo demostrado”, y lo único que queda es que tanto la empresa como el Ente Regulador de Servicios Públicos (ENRESP) presenten sus explicaciones de “por qué y cómo se llevó a cabo este procedimiento y si estaba o no habilitado, algo que ya sabemos que no fue así”.

Dijo que por esto esperan que la Justicia se expida favorablemente a la demanda, en la que se reclama que la estimación de consumo se declare nula, que todo lo cobrado de más se devuelva en “moneda de curso legal a todos los usuarios, más la multa y los intereses generados hasta el día de la sentencia”.

“No queremos que a los usuarios les devuelvan con energía, sino con el dinero que pusieron de más”, subrayó Lazarte.

El titular de AYNI, destacó que esta maniobra roza el fraude por lo que podría realizarse una denuncia penal. Pero aclaró que por ahora el reclamo será solamente en el fuero civil.

El rol del Ente Regulador

José Lazarte consideró que el ENRESP “tiene competencias por ley que debiera cumplir y que en este caso no lo estaría haciendo”. 

Utilizó como caso testigo lo sucedido en la ciudad de Metán, en donde “el Ente solamente ordenó a través de una resolución, que (Edesa) deje de estimar el consumo y que devuelva los créditos y débitos en próximas facturas”.

Para Lazarte, esa fue “una medida muy vidriosa” debido a que la empresa distribuidora de energía había actuado sin consultar al organismo rector. “En ese caso debían multarla, como en éstos que estamos denunciando, y no lo hizo”.

Indicó que “si en abril el ENRESP tomó conocimiento de lo que estaba haciendo Edesa para facturar y a junio no la multó, evidentemente no está cumpliendo el rol que debe cumplir conforme la Ley que lo crea y las competencias que tiene, por lo que nos genera suspicacias”.

Lazarte añadió que el presidente del Ente Regulador, Carlos Saravia, “siempre se encargó de desligar responsabilidades de la empresa, y eso me parece una irresponsabilidad”, y aunque aclaró que si bien AYNI no demandó al Ente, “su responsable tendría que dar explicaciones, porque es la entidad que regula el servicio para los usuarios, no a favor de las empresas”.

El municipio de Salta también

Ante los cientos de reclamos y la burocracia que representa realizar las denuncias a través del Ente Regulador de Servicios Públicos provinciales, a mediados de mayo, la subsecretaria de Defensa del Consumidor del municipio capitalino, Emilia Calmejane, confirmó a este medio que habían comenzado a actuar al respecto.

En ese momento, Calmejane solicitó a Edesa y al ENRESP que la acreditación por lo sobrefacturado sea automática para todos los usuarios “y no esperen el reclamo de cada persona de manera individual ya que son miles los damnificados”.

El mismo titular del organismo que debe controlar a las prestadoras de servicios públicos, reconoció por aquel entonces ante diputados y senadores, que sumaban unos 100.000 (el 32% de los usuarios de la provincia) los casos en los que se habían calculado los consumos sin relevar los medidores.

Calmejane informó que al día de hoy, en esa dependencia municipal recibieron 89 denuncias de locales gastronómicos, 45 de comercios, y otros 157 reclamos de usuarios domiciliarios por sobrefacturación en marzo y abril.