El hecho de que las cárceles son lugares cerrados y aislados y, por tanto, menos proclives a la circulación del coronavirus que "el afuera" fue y es uno de los argumentos más usados por las querellas y fiscalías para oponerse a casi todos los pedidos de prisión domiciliaria que genocidas condenados e investigados por delitos de lesa humanidad presentaron no bien se declaró la pandemia. Y no estaban errados: este lunes se supo que Luis Muiña es el primer represor portador del virus. Tras confirmar el contagio, que se habría producido durante una salida por consulta médica, Muiña fue trasladado desde la unidad penitenciaria de Campo de Mayo al Hospital Muñiz. 

Muiña, el represor condenado varias veces por crímenes de lesa humanidad cometidos en el Hospital Posadas , donde integraba la patota de seguridad durante la última dictadura cívico militar, dio positivo en el análisis de coronavirus tras permanecer casi dos semanas internado en el Hospital Raúl Larcade, de San Miguel. 

Muiña estuvo internado en ese hospital entre el 4 y el 17 de junio. "Desde el penal informaron antes de salir al control en el hospital de San Miguel, no tenía síntomas. Que cuando regresó, tampoco los tenía, pero quedó en aislamiento preventivo mientras le hacían los análisis de coronavirus", reprodujo el abogado Pablo Llonto, que representa a querellantes en causas contra el represor. 

En una carta enviada a todos los juzgados y tribunales a cargo de detenidos en la cárcel vip de Campo de Mayo, el titular del establecimiento Ricardo Alderete informó que el diagnóstico positivo se conoció el sábado 20 a la noche. Entonces, se decidió trasladar al represor al pabellón penitenciario del Hospital Muñiz, mientras que se ordenó el aislamiento de "los agentes que tuvieron contacto estrecho" con él, durante su custodia. Son seis hombres y una mujer, enfermera de la cárcel. 

Los análisis de covid-19 también fueron realizados a otros dos represores detenidos en la misma cárcel, pero dieron negativo. El genocida condenado a 23 años de prisión por su actuación en el centro clandestino cordobés La Perla, Héctor Vergez, es uno de ellos. La querella representada por Llonto solicitó un informe al Servicio Penitenciario Federal para que detalle qué pasos en términos de prevención siguieron con el resto de la población de ese penal. Se espera que la institución responda rápidamente.  

La pandemia como excusa

Muiña tiene 65 años. Su nombre resuena cada vez que se sale a la luz alguna novedad sobre el cumplimiento de sus condenas debido a que fue quien, en 2017, recibió el beneficio del 2x1 de la Corte Suprema, desandado tras un masivo y rotundo rechazo social. A pesar de aquella negativa que recibió a la morigeración de sus penas, el genocida no cesó en sus intentos de salir de abandonar la cárcel cada vez que pudo aunque más no fuera a través del beneficio del arresto domiciliario: sí, también lo pidió amparado en la pandemia. Tampoco tuvo suerte. 

No fue el único. Según cifras de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad, hasta fines de abril de 177 pedidos; la Justicia Federal de todo el país había rechazado 127. Organismos de Derechos Humanos, querellas y fiscalías a lo largo y ancho del territorio insistieron en que la edad de los represores, que por ser en su mayoría mayores de 65 años, los ubica dentro de grupos de riesgo frente al virus, no era razón per sé para abandonar los penales. 

Sin ir más lejos, en una de las notas que la Cámara de Casación Penal envió a los juzgados federales para intentar guiar los procedimientos enmarcados en la pandemia , citó a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones unidas para los Derechos Humanos en cuanto a la excepcionalidad de liberar o beneficiar a “las personas condenadas de manera justa por delitos graves reconocidos por el derecho internacional, o los presos que puedan representar un riesgo grave para los demás". Los camaristas Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci , integrantes de la Sala II de esa alzada, fueron pra el otro lado en casi todos sus fallos. 

Se espera que ahora, con el contagio de Muiña, las defensas de los genocidas vuelvan a la carga. "Deberían rechazarles los beneficios", analizó Llonto, a la luz de la manera de proceder que el Servicio Penitenciario Federal . Completó: "Se han dado pasos correctos desde el comienzo: se han separado momentáneamente a los miembros del SPF que tuvieron contacto con Muiña, se hisopó a quienes tuvieron contacto con él cuando regresó del hospital, y esperamos el informe para ver qué hicieron para evitar la posibilidad de circulación del virus en la cárcel. Si el informe es claro, no habría razón para que las reacciones de los tribunales y juzgados cambien" respecto de los represores.