La comisión Mujeres y Diversidad, de la Cámara de Diputados, comenzó este martes el debate en torno al tratamiento de los distintos proyectos de Ley que abordan el acceso laboral de las personas trans y travestis. La reunión informativa se llevó a cabo de forma virtual, con la participación de referentes de la comunidad LGTBQ+ de distintas provincias del país.
En marzo de este año ingresaron al Congreso Nacional dos proyectos que ya habían sido presentados anteriormente, que presentan dos perspectivas para abordar la problemática: la Ley Diana Sacayán, de cupo laboral travesti trans, y la Ley Lohana Berkins, de inclusión laboral formal trans y travesti.
"Es necesaria una política de estado a nivel nacional para que tenga el impulso necesario y se implemente en todo el país", señaló a Página/12 Gabriela Estévez, diputada del Frente de Todos e impulsora del proyecto Lohana Berkins, que fue creado junto a la Liga LGTBQ+ de las Provincias y la Convocatoria Federal Trans y Travesti de Argentina, que nuclean a más de 50 organizaciones de todo el país.
"La diferencia entre cupo e inclusión es que el cupo plantea un techo, un número limitado, mientras que la inclusión habla de compromiso, acompañamiento, un proceso más amplio y que incluye tanto el ámbito público como el privado", explicó a este diario Claudia Vásquez Haro, presidenta de Otrans y de la Convocatoria Federal, y remarcó que "una Ley nacional jerarquiza nuestro reclamo, lo ubica como urgente y le da una mayor potencia".
En el país existen distintas normativas, tales como el Cupo Laboral Trans "Diana Sacayan", aprobada en 2015 en la Provincia de Buenos Aires pero reglamentada cuatro años después, en 2019, así como se han aprobado leyes similares en Santa Fe, Río Negro, Chaco y Chubut. Sin embargo, no existe hasta ahora una ley nacional que exija y reglamente la inclusión laboral formal de la población trans y travesti. "Instancias como la de hoy, donde hablamos por nosotres mismes, con la voz propia y la experiencia, son históricas, como lo fue la lucha por Ley de identidad de género en 2012", señaló Karin Tuma, referente de la Liga LGTBQ+ de las Provincias. "Decimos inclusión porque no podemos limitar la cantidad de trabajo disponible", afirmó Tuma, que vive en la localidad de Bell Ville, en Córdoba, y explicó que "en mi ciudad, por ejemplo, el cupo es de una persona y somos más de cuarenta. La necesidad de trabajar la tenemos todes".
En la reunión informativa participó Say Sacayán, hermane de Diana Sacayán y que coordina el Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación, quien afirmó que "esta Ley lleva su nombre para que nunca olvidemos que ella remarcó la responsabilidad del estado en la falta de acceso al trabajo registrado", y explicó que "el acceso al mercado laboral es algo que a veces no podemos ni imaginar desde todos los lugares de la exclusión".
Ambos proyectos establecen que un porcentaje de los puestos de trabajo disponibles en el ámbito público -Legislativo, Ejecutivo y Judicial- se reserven para personas trans y travesti. En el caso de la Ley de Cupo Diana Sacayán, el porcentaje es del 1%, tal como lo establece la Ley provincial bonaerense, mientras que en el caso de la Ley de Inclusión Lohana Berkins, se propone el 1,5% del porcentaje de puestos de trabajo disponibles.
Lo que agrega el proyecto de inclusión -Ley Lohana Berkins- es la creación de "incentivos impositivos para las empresas privadas radicadas en la República Argentina que ocupen a personas travestis y trans". Para esto, el artículo 9 del proyecto propone un sistema de porcentajes para regular estos incentivos según la magnitud de cada empresa. "Creemos que el sector privado es un gran generador de trabajo y que hay que apuntar ahí", señaló Estévez y remarcó que "si bien el proyecto contempla la generación de créditos para emprendimietos productivos de la población trans y travesti, apuntamos al empleo formal como la garantía de un derecho que ha sido vulnerado por tanto tiempo".
Otro de los ejes en los que hace hincapié el proyecto es el hecho de enmarcar la situación como una "emergencia laboral", por lo que propone la prohibición, por un plazo de 18 meses, de "despedir sin justa causa a cualquier persona trans o travesti tanto en el ámbito público como privado". En ese sentido, Vásquez Haro explicó que "la discriminación laboral que sufrimos es estructural, no depende de las crisis internacionales o las malas políticas económicas, aunque estos contextos no deja de recrudecer esa imposibilidad de acceder al trabajo".
Informe: Lorena Bermejo.
