La jueza porteña Elena Liberatori ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) que cubra la adquisición de los alimentos “necesarios” para satisfacer la dieta que, según prescripción médica, debe cumplir una mujer desocupada y su hijo discapacitado.
Según fuentes judiciales, la medida cautelar, que mandó incluir en forma provisoria al grupo familiar en el “Programa de Ciudadanía Porteña. Con Todo Derecho”, fue dictada ante la acción de amparo iniciada por V.B.E., de 53 años, quien desde 2012 reside en un inmueble cedido por el GCBA.
V.B.E., asistida por un defensor oficial, reclamó el beneficio para atender las necesidades alimentarias del grupo familiar, en particular las de su hijo R. quien, además de ser epiléptico, presenta trastornos de desarrollo en el lenguaje y habla, por lo que se extendió un certificado de discapacidad. Como además el joven fue diagnosticado con “alteración severa en su tránsito intestinal compatible con colon irritable”, se le indicó -de acuerdo a constancias de la causa- “una dieta astringente y floratil, junto con otros medicamentos”.
V.B.E. expuso que para sostener a su familia realizaba tareas domésticas y como peluquera, manicura y podóloga a domicilio, “pero dado el contexto sanitario generado por la pandemia de Covid-19 se encuentra imposibilitada de trabajar y acceder al dinero necesario para cubrir sus necesidades alimentarias”.
