“Todo gobierno va a tener casos de violencia institucional, porque lamentablemente no se cambia de un día para el otro. Pero lo que este gobierno nunca va a hacer es avalar políticamente a quienes lleven adelante ese tipo de acciones”, dijo el Secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, en un encuentro virtual sobre violencia institucional, salud mental y derechos humanos que mantuvieron junto a Laura Sobredo, directora del Centro de asistencia a víctimas de violaciones de derechos humanos “Dr. Fernando Ulloa”; la directora del Programa para el desarrollo socio comunitario de la Subsecretaría de DDHH de la provincia de Buenos Aires, Marina Vega; y Liliana Rudman, integrante del Programa contra la violencia institucional de la Defensoría General de la Nación.
Pietragalla Corti cuestionó a sectores de la oposición que ahora denuncian casos de violencia institucional y no lo hicieron cuando eran oficialismo: “con la violencia institucional no se puede especular políticamente. Se repudia siendo oposición, pero también siendo oficialismo”. En ese sentido, dijo que "celebro que ahora les preocupe", y adelantó que "desde el bloque del Frente de Todos se va a presentar un proyecto de ley con respecto a este tema aprovechando que ahora parece haber sensibilidad y esperemos que todos puedan acompañar”.
A lo largo del encuentro, las psicoanalistas y psiquiatras debatieron acerca del rol del Estado en el acompañamiento y contención de las víctimas de violencia institucional. En ese sentido, Sobredo introdujo el cruce entre violencia institucional y salud mental, y habló de la tarea que llevan adelante desde la institución que dirige. “Lo que hacemos los psicólogos y psicoanalistas en estos casos es construir dispositivos de acompañamiento para las víctimas. Esos dispositivos rescatan la palabra de las víctimas y hacen aparecer al Estado donde los hechos sucedieron. Se trata de un trabajo situado y de construcción de subjetividad”, afirmó. A su vez, la especialista indicó que sus tareas están orientadas a rescatar la palabra de las víctimas y restaurar la confianza con un Estado presente, que se ofrece como interlocutor ante el sistema de Justicia para lograr una reparación.
Rudman, por su parte, compartió su experiencia en el acompañamiento de víctimas de violencia institucional y en la tarea de “contrarrestar la versión oficial haciendo lugar a la palabra de la víctima, a través de su testimonio o de la producción de prueba pericial, para que pueda ser incluida en el expediente judicial”. Asimismo, propuso abordar la discusión acerca la posibilidad de documentar los padecimientos de las víctimas, que permita dar cuenta del impacto en la subjetividad a fin de que puedan ser valorados al momento de buscar una reparación en la Justicia. "Por un lado, se trata de acompañar y por otro de contrarrestar la versión oficial en el expediente para que la palabra de la víctima pueda ser tenida en cuenta y llegar a la judicialización", remarcó.
Con respecto al rol de los miembros de las fuerzas de seguridad, Pietragalla Corti indicó que es "fundamental se involucren en las políticas contra la violencia institucional", y agregó que "necesitamos que los miembros de las fuerzas sepan cuáles son sus limites, sus derechos y cómo defenderse de bajadas políticas que les piden endurecer la mano”. A su vez, aclaró que desde la secretaría: “abrazamos siempre a las familias”, porque, para el secretario de Derechos Humanos, es central “nunca perder la sensibilidad”. “No podemos naturalizar que una madre pierda a un hijo. Hay que acompañar, entender lo duro que es que el Estado mediante las fuerzas de seguridad te quite a un ser querido. Es el mismo Estado el que tiene que hacer que ese hecho, que produce un dolor y un daño que no se van a ir nunca, pueda ser juzgado para que no se transforme en un hecho impune”, afirmó.
Por último, Vega habló desde su experiencia en Provincia de Buenos Aires. “Hay que trabajar en sumar algo de lo reparatorio para que las personas afectadas puedan encontrar, también en ese mismo Estado, un acompañamiento y una posibilidad de escucha", dijo. A su vez, puntualizó que esas víctimas deben "empezar a ver que la ley puede ejercerse cómo tiene que ser y no que vean solo un Estado que los ataca y vulnera, o que los pone como 'los malos que se merecían los que les hicieron'". "Ahí está la responsabilidad nuestra de dar una respuesta en el marco de las políticas públicas”, indicó.
Informe: Melisa Molina
