El espionaje al Instituto Patria y sobre los movimientos de la vivienda de Cristina Fernández de Kirchner no fue circunstancial: los fiscales que lo investigan sospechan que comenzó a principios de 2018 y que el ex jefe de Operaciones Especiales, Alan Ruiz, lo tuvo entre sus misiones centrales. Ruiz es el único detenido hasta ahora mientras salen a la luz múltiples operaciones de inteligencia ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri, de las cuales la actual vicepresidenta fue una de las principales víctimas. El juez Juan Pablo Augé rechazó la excarcelación de este ex espía, a instancias de los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, que consideran que tiene medios y capacidad para entorpecer la investigación que atañe a hechos de “notoria gravedad institucional” y “maniobras ilícitas complejas”. CFK será citada en los próximos días como testigo.

La causa sobre el espionaje a la ex presidenta y al Instituto Patria tramita separada de la investigación sobre espionaje a múltiples actores de la política (oficialistas y opositores), periodistas, organizaciones sociales y miembros de la iglesia católica, que está a cargo de Federico Villena. CFK está incluida en ambas (y como reveló Página/12 se la seguía incluso con participación de otras fuerzas de seguridad). Pero este tema en particular fue denunciado por la actual interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, en base a hallazgos en el organismo. Por lo pronto se sabe que hubo dos autos de la AFI destinados a vigilar el Patria y otros dos para vigilar la vivienda de la ex mandataria en Uruguay y Juncal.

En su indagatoria el lunes último, Ruiz confesó que ordenó esas tareas de espionaje, aunque sostuvo que estaban basadas en una hipótesis de atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, que a él le habían planteado en la jefatura de la AFI, que conducía Gustavo Arribas aunque el ex espía evitó dar nombres. En teoría, esa amenaza se daba –según la explicación— en el contexto de la Cumbre del G-20 que ser haría en Buenos Aires, donde asistirían mandatarios de todo el mundo. Hablaba de un supuesto posible acto de terrorismo, pero sobre eso trastabilló al ser interrogado.

--¿Usted es especialista en terrorismo?--, le preguntaron los fiscales.

--No.

--¿Era su área de acción?

--No.

--¿Quién le dio la orden de iniciar esas tareas de inteligencia vinculadas con un tema que no era el suyo?

--Me niego a responder.

La documentación e información que maneja la fiscalía y que reforzaron en su declaración tres testigos de identidad reservada de la propia AFI -- según contaron a Página/12 allegados a la causa-- muestra que la orden que se les dio a los espías no tenía nada que ver con un supuesto atentado terrorista o una bomba o algo similar, sino que debían reportar si veían movimientos de bolsos, mochilas o cajas con documentación o dinero, tanto en el Instituto Patria como en la casa de Recoleta. La lógica, además, hubiera sido que las autoridades de entonces alertaran a la expresidenta, lo que evidentemente no ocurrió. Es una de las razones por las que se la citará a testificar en los próximos días, probablemente antes de que se resuelva la situación procesal de Ruiz. Podrá hacerlo por escrito, con un pliego de preguntas.

Mientras tanto, la investigación avanza con otros testigos y rastreo de información. En el rechazo de la excarcelación de Ruiz, los fiscales Incardona y Eyherabide dan por probado que el espionaje duró por lo menos un mes, desde antes del 7 de agosto, que es la fecha en que miembros del Instituto Patria advirtieron la presencia de los autos que los vigilaban. Según pudo saber este diario, la hipótesis de la investigación es que en realidad este espionaje había comenzado mucho antes, a principios de 2018, y que Ruiz fue asignado especialmente a las operaciones de espionaje político.

En ese sentido discurrió parte del relato de dos espías en la Comisión Bicameral que fiscaliza a los organismos y actividades de inteligencia. La semana pasada el ex espía, policía y penitenciario Jorge “el Turco” Sáez, quien habría tenido un papel clave en toda la trama investigada, contó que el antecesor de Ruiz, Diego Dalmau Pereyra, que fue jefe de Contrainteligencia también, le había dicho que Arribas “quería que nosotros empezáramos a trabajar en política, que siguiéramos a los peronistas, y vos sabés que yo soy peronista. Entonces yo en esa no me embarco”. En efecto, Dalmau Pereyra terminó enviado a Chile a trabajar allí. “Ahí aparece este personaje, y discúlpeme que les hable así, siniestro de Alan Ruiz…”. Dalmau Pereyra también declaró en la Bicameral y, si bien reconoció que armó el grupo “Super Mario Bros”, de los espías que están involucrados en estos seguimientos bajo investigación, dio a entender que Ruiz se manejaba por su cuenta, vinculado con Arribas.

En la investigación más amplia a cargo del juez Villena, todos parecen tener papeles relevantes en el espionaje. En la causa a cargo de Augé, delegada en los fiscales, Ruiz tiene un papel fundamental y podría ser un caso paradigmático. Incardona y Eyherabide sostuvieron al plantear el rechazo de su excarcelación que “bajo las órdenes de Ruiz, se instaló personal de la Agencia Federal de Inteligencia dentro de vehículos automotores, con la finalidad de observar los domicilios indicados a fin de detectar y registrar los movimientos que se realizaban en ellos”; y “al ser descubiertos, intentaron darle apariencia de legalidad a esas actividades prohibidas que habían realizado y para ello elaboraron, rubricaron y utilizaron documentos ideológicamente falsos simulando que aquella actividad había sido realizada en cumplimiento de órdenes de investigación recibidas en causas judiciales”.

Esto último se refiere a que, cuando fueron detectados los autos de la AFI y que se hizo una denuncia en Comodoro Py, notificaron una supuesta alerta terrorista al juzgado de Lomas de Zamora, de Villena, que tenía a cargo una causa precisamente vinculada con esas alertas frente a la organización de la Cumbre del G-20 y los Juegos Olímpicos de la Juventud. Lo llamativo es que esa causa se abrió por una presentación de la propia AFI de Arribas y que el reporte sobre un supuesto atentado a CFK era absurdo: se decía que un espía había escuchado en una Plaza en Avellaneda que grupos anarquistas intentarían un ataque.

La causa que tramitó en el fuero federal porteño por el espionaje en el Patria estuvo a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, que se ciñó a los días 7 y 8 de agosto de 2018. La cerró sin nunca citar a los jefes de la AFI o responsables de los operativos. La investigación donde Ruiz permanecerá detenido revela la gravedad de los hechos. 

El juez Augé rechazó excarcelarlo tomando cómo válido ya que considera que podría entorpecer la investigación. Los fiscales alertaron que investigan operaciones “que implicaron el uso y disposición de grandes cantidades de recursos del Estado para su comisión, a los que Ruiz tuvo acceso hasta no hace mucho tiempo”. El escrito de la fiscalía deja claro que no sólo lo investiga a él sino a una “organización criminal”. 

“Ruiz, aprovechando el cumplimiento de sus funciones habituales, junto a otros funcionarios públicos, realizaron actividades ilegales con la finalidad de obtener información de carácter personal y/o relativa a la intimidad de personas. Dicha organización criminal ejecutó estas actividades de espionaje contrarias a la ley de inteligencia, utilizando, para ello la estructura legal” de la AFI y “contó con recursos humanos, técnicos y vínculos con otros funcionarios, para llevar a cabo su actividad ilícita desde el propio Organismo del Poder Ejecutivo”. Así las cosas, la investigación podría escalar en las jerarquías investigadas.