A tres meses de la mayor matanza de presos en la historia de Colombia, persisten algunos interrogantes frente al lento avance de la justicia. Todo había empezado como una jornada de protesta en más de diez penales del país para exigir mejores condiciones sanitarias frente a la pandemia de coronavirus, que por entonces daba sus primeros pasos en la región. Aquel 21 de marzo, la situación se desmadró en la hacinada cárcel Modelo de Bogotá. Allí el motín se prolongó por diez horas, hasta que los guardias del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) lograron retomar el control. El trágico saldo fue de 24 presos muertos y 84 heridos.
La revista Semana recopiló decenas de imágenes y más de 50 horas de grabación de 20 cámaras del penal. Además tuvo acceso a las autopsias de los internos que perdieron la vida. Los resultados del informe son concluyentes: por la forma en que murieron la mayoría de los detenidos, hubo un uso excesivo de la fuerza. Apenas iniciado el 22 de marzo, el gobierno salió a legitimar el accionar policial, argumentando que se trataba de un "plan de fuga" orquestado por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), aunque solo existen audios difundidos por medios locales y, por el momento, ninguna prueba concluyente.
"De todos los internos que murieron entre la noche del 21 de marzo y la madrugada del día siguiente en el sangriento motín de La Modelo, solo uno no presenta disparos de fusil en su cuerpo. Todos los demás tienen impactos de bala", señala la investigación publicada recientemente por Semana. Algunos de los internos se rindieron y levantaron las manos, pero igual recibieron disparos. "Tuvimos una pequeña visita a la cárcel el 22 de marzo y evidenciamos que había una gran cantidad de orificios de armas de fuego, lo que implica un gran volumen de respuesta por parte del INPEC. Eso nos hace pensar que allí hubo un uso excesivo de fuerza. De acuerdo a las necropsias, los impactos de bala fueron dirigidos con la intención de matar", aseguró en diálogo con Página/12 el abogado y coordinador del área Carcelaria del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), Óscar Ramírez.
"Es necesario aclarar que muchos de estos casos no se pueden catalogar como un exceso, sino como la comisión abierta de delitos", fue aún más tajante Juan Sebastián Hernández, abogado, filósofo e investigador del centro de estudios sociales y jurídicos Dejusticia. "Los detalles de algunos informes de medicina legal dan a entender que hubo ejecuciones extrajudiciales, lo que no puede catalogarse como un uso excesivo de la fuerza legítima, sino como delitos de homicidio. Lo mismo ocurre con los casos de tortura que, según se ha reportado, ocurrieron posteriormente, pues estos casos no constituyen un uso excesivo de la fuerza sino la violación directa de la Constitución y los derechos humanos", enumeró Hernández.
En su defensa, los guardias de la cárcel Modelo aseguran que no hubo disparos a quemarropa. "Nos estaban disparando y prácticamente todos tenían machetes, cuchillos, chuzos y de todo. Nos iban a matar. No estamos hablando que son precisamente hermanitas de la caridad", dijo a la revista Semana un oficial penitenciario que prefirió reservar su identidad. Otro contó que esa noche un grupo de internos logró prender fuego la garita número ocho y el guardia que estaba en ella escapó arrojándose al vacío desde una altura de ocho metros. Aunque logró sobrevivir, perdió su fusil. "No queda claro si el ataque del INPEC con armas de fuego fue anterior o posterior a ese hecho, y eso habría que determinarlo. En cualquier caso, si había la necesidad de retomar el control del penal debió haberse hecho a través de armas no letales", enfatizó Ramírez.
Los reclamos de los presos
Las cárceles colombianas arrastran hace más de 20 años una crisis estructural que ha sido varias veces objeto de sentencias judiciales, incluyendo la participación de la Corte. "Existe una violación sistemática y generalizada de los derechos fundamentales de los reclusos. Actualmente el hacinamiento en las cárceles colombianas va por el 51 por ciento, aunque la cárcel de Villavicencio tiene un 100 por ciento de hacinamiento, o la cárcel de Ternera en Cartagena asciende al 200, lo que habilita un brote exponencial de contagios", destacó Ramírez del CSPP.
La convocatoria de los presos a una jornada de protesta y cacerolazo fue organizada con la intención de exigir mejores condiciones sanitarias y de protección contra el coronavirus, y debido a la suspensión de las visitas familiares. Más allá de lo ocurrido en la Modelo, los motines pudieron ser controlados la noche del 21 de marzo en las otras 13 cárceles del país. "Hubo muchos llamados para que el Estado tomara medidas urgentes de protección, que incluyen la adopción de medidas para reducir de manera rápida el hacinamiento. Sin embargo, el Estado tardó mucho en tomar medidas, y cuando las tomó luego de las protestas del 21 de marzo, estas fueron muy insuficientes para mitigar la amenaza de la pandemia", aseguró Hernández desde Bogotá.
La versión del ELN
Tanto la revista Semana como varios medios colombianos aseguraron que detrás de las acciones coordinadas en las cárceles existió un plan de fuga orquestado por la guerrilla del ELN. Al día siguiente de la matanza, la ministra de Justicia Margarita Cabello le dio asidero a esa versión asegurando que los motines no tenían nada que ver con las condiciones sanitarias y que lo que hubo fue "un intento masivo y criminal de fuga". Para Hernández, en cambio, las afirmaciones de la Fiscalía y de la ministra “desconocen que los motines tuvieron origen en su inacción frente a las medidas de protección que debían tomar, así que reducirlos a simples intentos masivos de fuga es un intento de deslegitimar una protesta legítima frente al actuar estatal".
Además, si realmente el Estado conocía ese supuesto plan hace tiempo, ¿por qué no reaccionó antes? "Deberían haber tenido un plan de contingencia para mitigarlo. Cuando uno va a la cárcel Modelo, la cantidad de detenidos de las disidencias de las FARC y el ELN no es muy grande, la mayoría tienen un perfil de delincuencia común u organizada radicada en Bogotá", agregó Ramírez.
Las responsabilidades
Gracias a los informes forenses, hoy se puede saber cómo murieron los internos y qué pasó en parte en la noche del 21 de marzo en la cárcel Modelo de Bogotá. "La Procuraduría avanza en su trabajo para establecer responsabilidades disciplinarias en este abominable caso. No podemos dejar que este tema entre en el capítulo del olvido", aseguró el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo. Pero determinar la responsabilidad individual de cada uno de los integrantes de la guardia no será fácil. "Sabemos que la escena fue alterada, que hubo arrastre de cadáveres, la Procuraduría estableció que no ha sido posible establecer qué arma tenía cada integrante del INPEC porque la minuta desapareció, entonces esto nos lleva a pensar que hay responsabilidades de mando. El Estado es completamente responsable en ese sentido", aseguró tajante Ramírez.
Un fiscal de derechos humanos con un equipo de más de 40 investigadores está al frente del caso, y la Procuraduría le exigió al director de la cárcel, Carlos Hincapié Franco, tener acceso a todos los videos de cámaras de seguridad. Por su parte, el senador Iván Cepeda y el CSPP enviaron un comunicado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que exija al Estado colombiano una investigación a fondo, y para que la tragedia no quede en el olvido.
Informe: Guido Vassallo.
