En el campo de la educación, uno de los problemas que comenzó a aflorar con mayor fuerza, a partir de la forzosa virtualización que se produjo con la pandemia, es el de la desigualdad educativa.

La desigualdad educativa no es un fenómeno nuevo, ni resultado específico de las diferenciales posibilidades de acceso a la educación a distancia. Es una relación social históricamente configurada que excede a las condiciones de estudio actuales, pero que la virtualización hizo profundizar.

Hace unos días escribí un artículo en el cual relataba las historias de Felipe y Maite. Maite vive en un barrio popular de Rosario. Hasta que llegó el coronavirus, estaba estudiando en una escuela de adultos. Tiene un hijo y trabaja en un supermercado. Tanto a ella como a su hijo se les complica la posibilidad de la continuidad pedagógica. En el barrio en el que viven no hay conexión y el gasto que genera la utilización de datos con el celular es mucha plata que, con su salario, no puede pagar. Felipe vive en la ciudad de Santa Fe, estudia en la universidad, su papá es profesor y su mamá maestra. Comparten la computadora que hay en la casa o, en su defecto, utilizan el celular. Felipe está pudiendo cursar sin ningún tipo de problema sus clases, amén de las tensiones pedagógicas que genera lo virtual.

Esta es la historia de dos jóvenes, que viven en la misma provincia, en el mismo momento, pero de muy distintas formas. Si bien sus desiguales condiciones de existencia no son una novedad, la crisis sanitaria y la virtualizacion de la educación las profundizaron, a la vez que las hicieron más visibles para el conjunto de la sociedad.

Lxs personajes ficcionales de mi artículo viven en la provincia de Santa Fe. Hace unos días, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció la intervención y expropiación de Vicentín, que es una de las empresas cerealeras más importantes del país y que justamente tiene su planta de producción en esa provincia. Seguramente, para muchxs de nosotrxs, antes del día en el que se dio a conocer la diversificada producción de esta corporación, el vínculo más directo, por así decirlo, con la empresa era a través de sus aceites. O por lo menos, así lo era para mí porque era el aceite que usaba mi abuela. Quizás mi abuela, como miles de consumidores de ese alimento, no advertían que cocinar con ese aceite constituye un acto social y mucho menos que esa práctica cotidiana podía tener vínculo con las desiguales condiciones de acceso al derecho de la educación. A comienzos de los años 2000, Michael Apple, uno de los pedagogos críticos más importantes de Estados Unidos, escribió un texto a partir de una anécdota personal ocurrida en un local de comidas rápidas. En esa obra reconstruye lo que ocurrió con la educación de las niñas y los niños en un país asiático donde se plantan las papas que luego, por toda una cadena de producción, devienen en las papas fritas baratas de ese local de fast food, el más conocido a nivel mundial. En ese texto, nos enseñó que comer una papa frita barata es una acción social que contiene atrás todo un conjunto de relaciones sociales desiguales en términos de clase, género y raza, que produjeron que miles de niños y niñas de ese país en Asia se quedaran sin escuela.

Como se está denunciando y demostrando actualmente, durante el gobierno de Macri, Vicentín -como tantas otras empresas- fue beneficiada por el Estado de diferentes formas. Y si de capitalismo/neoliberalismo estamos hablando, y si al capitalismo estamos analizando, siempre que se beneficia un sector, a una clase, en este caso al empresariado, se lo hace en detrimento de otra. El proyecto político-económico-cultural del macrismo se sustentó en el extractivismo en todos sus sentidos y dimensiones. De la naturaleza, sí, pero sobre todo de una clase para satisfacer a otra. Vicentín sobrevivió durante muchos años a costa de un Estado que lo financió a la par que desfinanció y desmanteló programas educativos, como, por ejemplo, el Plan Conectar Igualdad que garantizaba que lxs estudiantes de todos los niveles del país y sus docentes tuvieran computadoras y formación en el uso de las mismas, de modo de generar mayores niveles de igualdad. Con Apple, podríamos decir entonces que detrás de las imposibilidades de conexión de Maite y detrás de cada bocado de los fideos Don Vicente existe un conjunto de relaciones sociales que privilegiaron el salvataje de empresarios millonarios y la ganancia empresarial, por sobre el financiamiento de la educación.

¿Qué estoy queriendo decir? Que el problema de la imposibilidad de conexión no es ni técnico, ni estrictamente educativo. Es un problema político. Y que las diferentes posibilidades de acceso a la educación en las condiciones actuales que impuso la pandemia no son una novedad, sino que expresan relaciones sociales históricamente construidas en una violenta y arrolladora desigualdad.

Y eso es lo que el asesinato de George Floyd en Estados Unidos vino también a denunciar.

Hace unos días, en una de las tantas movilizaciones que se están produciendo en todo el imperio --que nos está mostrando su fase de decadencia--, una maestra sostenía una pancarta que decía “Debería estar en casa enseñando a mis estudiantes ciencia. Sin embargo, estoy acá enseñando a la policía de Nueva York que mis estudiantes son personas”. En ese pizarrón del pueblo, sintetizó la historia de violencia y racismo hacia los afroamericanos que existe desde el origen mismo de los Estados Unidos.

Las calles y movilizaciones se han convertido en la nueva escuela de resistencia popular. Miles de jóvenes, a costa de arriesgar su vida contagiándose de covid-19, todos los días salen a las calles a combatir a un sistema que, como la pandemia ha demostrado, no da para más.

Expropiar para educar y movilizar para enseñar pueden convertirse en las prácticas educativas más necesarias de este momento histórico, para que la opresión por raza, género y/o clase no existan nunca más.

* Cinthia Wanschelbaum es doctora en Educación; investigadora del Conicet, IICE-UBA, y profesora del Departamento de Educación de la UNLU.