Con una sostenida escalada de casos de coronavirus como contexto, una trama de encubrimientos y complicidades entre el gobierno de Gerardo Morales y su Policía tiene en vilo a la población jujeña: dos integrantes de la fuerza que prestaban servicios en la comitiva del gobernador durante una visita a La Quiaca contrajeron la covid-19 y desataron una cadena de contagios entre los uniformados y sus contactos estrechos, lo que obligó a las autoridades a decretar el regreso a la fase 1, un golpe al triunfalismo de Morales que durante semanas se ufanó en los informes televisados del Comité Operativo de Emergencias (COE) de tener a Jujuy libre de contagios del “bicho”, como popularizó al virus en sus intervenciones.

Los más de 20 días de creciente desgaste de Morales y de su ministro de Seguridad, Ekel Meyer, desembocaron ayer en la salida del Jefe de la Policía de Jujuy, el comisario general Juan Segovia, quien solicitó licencia en sus funciones y fue reemplazado por su segundo, el comisario general Héctor Horacio Herbas Mejías.

La eyección del jefe de los uniformados fue el corolario de una novela que arrancó el pasado 4 de junio, cuando Morales y una comitiva integrada por los ministros Gustavo Bouhid y Meyer, Segovia, el secretario de Seguridad, Guillermo Tejerina, el coordinador del COE Omar Gutiérrez y el secretario de Salud Pablo Jure llegaron a La Quiaca en visita oficial, donde permanecieron dos días junto a numerosos efectivos de seguridad.

Al regresar a San Salvador, uno de los custodios de Morales comenzó a experimentar síntomas gripales, hizo la consulta médica y se confirmó que se había contagiado de covid-19. Pero previo a ello ya había tenido múltiples contactos con familiares y allegados. Fue entonces el comienzo de la cadena de circulación del virus.

Como en cualquier localidad pequeña, de inmediato comenzaron a circular entre los quiaqueños versiones de que uno de los uniformados habría cruzado clandestinamente a Bolivia para hacerse de coca, un insumo vital en la cultura norteña que escasea desde el cierre de la frontera con Bolivia, a mediados de marzo.

Los rumores no tardaron en llegar e instalarse en San Salvador de Jujuy, acompañados de un razonamiento simple: Morales y la totalidad de la comitiva que lo acompañó en La Quiaca deberían haberse aislado y testeado, cosa que no ocurrió. Es más, el gobernador se embarcó durante días en una defensa acérrima de los uniformados repitiendo un “dejen de embromar con la policía” en sus intervenciones en el COE.

La temperatura política subió el miércoles 17, cuando durante una reunión vía zoom entre los miembros del COE y el intendente de La Quiaca, Blas Gallardo –del Frente de Todos y de profesión bioquímico–, se enfrascaron en una dura discusión en la que abundaron los argumentos científicos y políticos sobre la necesidad de testear a los funcionarios provinciales.

La respuesta de Morales llegó tres días después: a través del COE ordenó testear en forma compulsiva a Gallardo, a su familia y a miembros del gabinete que se encontraban en el despacho del jefe comunal, con resultado negativo en todos los casos.

“Durante la tarde y nuevamente sin avisar, se presentaron en nuestro domicilio para realizarnos nuevos testeos a la familia. Accedimos, por segunda vez, a que nos extraigan las muestras requeridas”, informó el intendente a través de un comunicado. “Espero que hayamos podido aportar en el operativo sanitario y confío plenamente en la idoneidad de los profesionales que harán los análisis en San Salvador de Jujuy. Asimismo, espero que el COE pueda tener la misma celeridad y eficiencia para testear al resto de jujeños y jujeñas que lo necesiten”, completó con elegancia.

Ante la perseverancia de Morales por despegar de la responsabilidad de su custodia en los contagios, puso en escena a un chivo expiatorio a quien cargarle la responsabilidad. Otra vez desde la tribuna mediática del COE, se despachó con un “no voy a dar el nombre pero sí el apodo de la persona, de la mujer de Villazón que cruza y trae… una tal ‘Cholita’”. De inmediato, una catarata de memes invadió las redes, burlándose de un mandatario que eligió como destinataria de su ira a una mujer a la que calificó con un estereotipo estigmatizante.

Para entonces, la circulación del virus entre personal policial y contactos estrechos ya había avanzado lo suficiente como para que aparecieran casos en varias localidades jujeñas.

Por eso el lunes 22 Morales dió un brusco giro en su estrategia: presentó ente el Ministerio Público de la Acusación y ante la Justicia federal una denuncia para que se investigue a los policías que hasta unas horas antes había defendido con denuedo. Se trata de Hugo Orlando Cruz y Arnaldo Cesar Ramos, “efectivos que concurrieron con la comitiva que acompañó al Gobernador de la provincia a recorrer distintas ciudades de la Puna jujeña, los días 3 y 4 de junio, entre ellas la ciudad fronteriza de La Quiaca, donde pernoctaron en una casa particular. Sin embargo, se desconocen sus acciones en un período de tiempo antes de abandonar dicha ciudad. Por la falta de adopción de medidas de prevención sanitaria en sus contactos interpersonales se habrían contagiado y se encontrarían en terapia intensiva”, dice la presentación.

Lo concreto es que luego de mantener estabilizado el número de casos confirmados en menos de 10 durante varias semanas, el “brote policial” ya hizo escalar la cifra hasta los 57 casos.

Además, la saga de descrédito sobre la policía empeoró cuando dos semanas atrás y en un control de la Gendarmería sobre la Ruta Nacional N° 9 –a la altura de Tres Cruces, una localidad situada entre Humahuaca y Abra Pampa–, fue interceptado un patrullero cargado con 100 kg de hojas de coca en estado natural, sin que los dos efectivos a bordo –un sargento y un cabo que ya fueron separados de sus cargos– adujeran razones creíbles para justificar el traslado de un producto cuyo valor comercial creció exponencialmente como derivación del cierre de la frontera con Bolivia.

Desde 16 de marzo, día en que quedó cerrado el paso fronterizo entre Villazón (Bolivia) y La Quiaca, el precio de la bolsa de ¼ kilo de hojas de coca saltó de $500 a $3000. Es que el desabastecimiento de un producto que forma parte de los usos y costumbres ancestrales de los habitantes del norte argentino –sobre todo en Jujuy, Salta y Tucumán– determinó no sólo el fuerte incremento de su valor, sino que quedara expuesta la participación de la cúpula policial en el crecimiento del contrabando de ese producto.

Informe: Mariana Mamaní