“Presidente, tenemos acuerdo”, alcanzaba a escucharse en el emocionado y luego viralizado audio de whatsapp que el ex canciller Jorge Faurie le mandó a Mauricio Macri cuando hace exactamente un año se daban por concluidos 20 años de negociaciones entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur. 

Dos décadas duraron los tires y aflojes entre funcionarios y empresarios a ambos lados del océano, hasta que en 2016 las conversaciones cobraron nuevo impulso y el 28 de junio de 2019 se anunciaba el fin de las deliberaciones -no la firma- del tratado comercial que el gobierno argentino presentó como un “pilar clave de la transformación productiva nacional”.

El texto final del acuerdo se encuentra ahora en etapa de revisión técnica, pero no es todavía seguro que llegue a concretarse: para empezar debe pasar por los Congresos del Mercosur, mientras que en Europa le toca atravesar un complejo entramado institucional que sumará algunas instancias supranacionales (como el Parlamento y el Consejo Europeo) y otras nacionales. 

El año pasado el parlamento austríaco se manifestó en contra, mientras que el de Holanda acaba de rechazarlo en una decisión que, si bien no es vinculante, empieza a mostrar un escenario político adverso.

Preguntas

¿Qué implicaría en definitiva este acuerdo Mercosur UE? ¿Quiénes ganan, quiénes pierden, y qué impactos podría tener en el medio ambiente, en la forma de nuestras economías, en el empleo y en la vida cotidiana de las casi 800 millones de personas que integran estos mercados? 

A lo largo de las negociaciones fue escasa la información pública y los estudios rigurosos de impacto que pudieran dar cuenta de estos efectos, de la misma forma que la etapa de revisión técnica está celebrándose a puertas cerradas. 

Con el objetivo indagar sobre esas cuestiones, los diputados del bloque de “Los Verdes” del Parlamento Europeo hicieron una convocatoria en busca de académicos que fueran capaces de encarar un estudio de impacto holístico, serio, agudo y minucioso sobre las posibles consecuencias que el tratado tendría para los países firmantes. 

Los elegidos fueron los argentinos Luciana Ghiotto, politóloga, investigadora del Conicet con sede en la Universidad de San Martín y militante de Attac Argentina, reciente -e inesperada- protagonista en las noticias cuando su nombre apareció entre los académicos espiados por la Agencia Federal de Inteligencia del macrismo; y Javier Echaide, abogado, e investigador del Conicet con sede en la Universidad de Buenos Aires y también miembro de ATTAC Argentina. 

Ghiotto y Echaide se dedicaron a estudiar cada tramo de las más de 400 páginas del acuerdo y publicaron los resultados en el libro "El Acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Estudio integral de sus cláusulas y efectos", cuya versión en español acaba de ser editada por Clacso en colaboración con la Fundación Rosa Luxemburgo y está disponible en forma gratuita en www.clacso.org/acuerdo-entre-el-mercosur-y-la-union-europea/ .

Impactos ampliados

“Los acuerdos negociados hoy dan forma a los intercambios económicos a largo plazo. Las industrias y los gobiernos se adaptan a sus reglas, los flujos comerciales cambian, los modelos de desarrollo están limitados o habilitados por su contenido. Sus efectos se sienten en todas las economías”, advierten desde el prólogo los eurodiputados del bloque de Los Verdes Anna Cavazzini y Yannic Jadot.

“No vimos solamente el impacto en las áreas de bienes y comercio, por ejemolo en ‘cuántos empleos se pierden en determinado sector’ o ‘cuál es el efecto sobre tal industria’. Claro que eso es importante, pero sumamos un capítulo sobre servicios, otro sobre compras públicas y otro más sobre propiedad intelectual", explicó Ghiotto durante la presentación del libro de la que participaron Echaide, Cavazzini y la subsecretaria del Mercosur y Negociaciones Económicas Internacionales de la Cancillería argentina, María del Carmen Squeff.

Para agregar que "estamos hablando de cuestiones como acceso a medicamentos, a la salud, a la educación, al agua. Estamos hablando de impactos ampliados. Hoy no se puede firmar un tratado de libre comercio si no se tiene idea de qué efecto puede tener para las mujeres. Para abrir el debate no sólo hay que tener los números, sino una mirada holística sobre unas consecuencias que no se van a ver solo en los sectores productivos, sino sobre toda la sociedad”, 

Asimetría

El acuerdo habilita al Mercosur a que algunos de sus productos accedan al mercado europeo con un arancel del 0 por ciento y otros a través de una cuota de acceso preferencial, mientras que para la UE implica el acceso comercial a la región más desarrollada de América del Sur. 

El fin de esta larguísima negociación, observan los autores del libro, apuntala los esfuerzos de la UE para erigirse como el principal defensor internacional del libre comercio. En contraste con Estados Unidos que en guerra comercial con China parecen replegarse en la defensa económica nacional, la UE se ha vuelto una “negociadora compulsiva” de acuerdos comerciales que le brindan tanto reducción de aranceles como facilidades para que el capital circule.

Una de las claves del acuerdo es que son dos bloques que en lo comercial resultan asimétricos. “Es algo histórico: el Mercosur vende productos asociados a las materias primas, y la UE ha exportado productos con mediano y alto valor agregado. Lo que hace este acuerdo es justamente profundizar esas asimetrías, porque brinda incentivos para hacer crecer un modelo agrario basado en el glifosato y los fertilizantes químicos. Pero no vamos a incentivar la industria nacional, al contrario”, indicó Ghiotto.

Señaló además que el ingreso de productos europeos se estará abriendo para sectores sensibles como automóviles, repuestos, maquinaria, productos químicos, textiles, calzado y medicamentos. 

A la industria argentina -que hoy tiene un arancel de 35 por ciento en automóviles y de entre 14 y 18 por ciento en maquinaria- se le abre un plazo máximo de 15 años desde la firma para adaptarse a los niveles de competitividad de las empresas europeas, que en general tienen costos financieros y energéticos más bajos. Este es uno de los mayores beneficios para las empresas europeas, a las que solo en cuestiones arancelarias el tratado les representaría un ahorro de 4000 millones de euros.

Para las economías del Mercosur el panorama es distinto para el sector industrial, ya que al reemplazar parte de la producción local por la europea las cadenas regionales de valor se trastocarían. Si bien el Mercosur se especializa en exportar productos agrícolas, al interior del bloque las exportaciones entre Brasil y Argentina son principalmente de bienes, en gran parte piezas de automóviles. 

Con el acuerdo UE-Mercosur se reduciría la compra de productos argentinos por parte de Brasil, en el sector metalúrgico y autopartes y también en procesados de origen agrícola, como aceites de oliva y quesos. Esa manufactura argentina se quedaría sin su principal comprador. “El aumento de la presencia de productos europeos en las góndolas brasileñas se hará a costa de la industria argentina y en parte uruguaya”, se destaca en el libro mencionado, que pese a ello apunta que la oposición al acuerdo todavía no ha tomado forma.

Medio ambiente

El acuerdo no es algo pergeñado desde Europa, dado que se observan, en los hechos, que en ese continente es donde hasta ahora más se han levantado voces críticas. El sector agrícola es el que se opone más férreamente, aunque ya venían dándose en el terreno ambiental una serie de tensiones que terminaron de explotar cuando los incendios en el Amazonas (presuntamente generados para expandir la frontera agraria) poblaron en agosto pasado las tapas de los diarios del mundo.

Los estándares que rigen la actividad agrícola son mucho más bajos en el Mercosur que en la UE, por lo que -destaca el libro- “no existen entre los bloques solo asimetrías comerciales, sino también regulatorias” y brinda como uno de los ejemplos más escabrosos la llamada “Operação Carne Fraca”, relevante porque Brasil es el país que más carne exporta en todo el mundo. 

El escándalo se desató cuando la policía federal brasileña reveló que las principales productoras cárnicas del país -entre ellas las gigantes del mercado JBS y BRF- habían adulterado carne bovina y aviar podrida para exportarla, modificando la fecha de vencimiento y ocultando el mal olor con químicos. “Este tema se vuelve extremadamente sensible para los consumidores europeos”, señalan los autores.

Esas mismas prevenciones se extienden sobre el uso en cerdos de la ractopamina (una hormona que se aplica para aumentar la masa muscular de los animales, y que en Brasil está permitida) y los Organismos Genéticamente Modificados, cuya aprobación en la UE no es armoniosa. “Todos estos problemas -aseguran- tienen un gran impacto en lo que los consumidores encuentran en los estantes de los supermercados”.

El informe abunda en ejemplos que exhiben la irracionalidad del comercio internacional, como es el caso de productos alimenticios que aunque se producen a pocos kilómetros de donde se consumen “viajarán ahora 10.000 kilómetros desde, por caso, Roma a Montevideo”. 

Compras estatales

También se mete de lleno con las contrataciones públicas, ya que el acuerdo permite a los Estados adjudicar contratos a las empresas europeas en las mismas condiciones que las locales, apertura que, según describe Echaide, se producirá en todas las entidades, tanto a nivel central (ministerios nacionales, agencias y universidades) como subnacionales (provincias y municipios). 

“Los afectados podrían incluir incluso a los cafés de las universidades públicas, que suelen ser concesiones a pymes o cooperativas que van a tener que competir con empresas transnacionales como Segafredo, que opera en aeropuertos y centros comerciales de todo el mundo”, señaló al respecto el abogado.

“Noto un desbalance muy grande. Y creo que la gestión actual, de la que soy parte, no ve con buenos ojos este acuerdo”, expresó Squeff durante la presentación, que recordó el paso necesario por los parlamentos (“donde podremos mostrar nuestra posición”, dijo) y mencionó también que la Cancillería ya ha comenzado una ronda de consulta con el sector privado. 

Gerhard Dilger, director de la oficina Cono Sur de la Fundación Rosa Luxemburgo, fue el encargado de cerrar el encuentro que se divulgó bajo el hashtag #TratadoVampiro. “¿Por qué vampiro? Porque las multinacionales quieren chupar la sangre del sur, pero también porque, como dijo la filósofa Susan George, estos tratados se elaboran en la noche y en el más absoluto secreto”, explicó, para advertir que aun así existe una salida “porque a la luz del día, cuando la sociedad civil fomenta transparencia con estudios como el que hoy presentamos, tratados como este pueden morir”.