La Mesa de Derechos Humanos de Salta se reunió con el presidente de la Cámara de Diputados de Salta, Esteban Amat, ante quien expuso su preocupación por la reiteración de hechos de violencia institucional en la cuarentena. 

En ese marco cuestionaron que la Legislatura no haya derogado el decreto provincial 255, que otorga mayores facultades a la Policía y es usado reiterativamente para tratar de justificar atropellos, y que ese Cuerpo no haya designado a su representante en el Comité contra la Tortura, el organismo que debería actuar en estas circunstancias para prevenir estas agresiones. 

"Hicimos un descarnado análisis de la violencia institucional y policial. Citando casos concretos y denuncias. Definimos responsabilidades: del Poder Ejecutivo en primer lugar pero también del Poder Judicial y Legislativo. Exigimos acciones en ese sentido", informó Elena Rivero, de la Asociación de Derechos Humanos Coca Gallardo, integrante de la Mesa. 

Amat asumió compromisos: dijo que la Cámara llamará a concurso para elegir el representante de Diputados en el Comité contra la Tortura y que ese Cuerpo tratará el DNU 255. 

En la reunión también participaron los diputados Ramón Villa (FDT); la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Jorgelina Juárez (FDT), e Ivan Mizzau (PV). Por la Mesa asistieron Nenina Lezcano, Nora Leonard, Martín Plaza y Rodrigo Sola, uno de los dos integrantes del Comité contra la Tortura en representación de los organismos de DDHH.

"Hicimos hincapié en la inacción sistemática del Ministerio Público Fiscal, de la Justicia, también del órgano administrativo, del Ministerio de Seguridad", frente a los hechos de violencia institucional, informó el abogado Martín Plaza, de la asociación Pensamiento Penal, que junto a la agrupación HIJOS lleva un registro de abusos policiales en el territorio salteño. 

Plaza explicó que en la semana siguiente presentarán en conferencia de prensa este informe sobre la violencia institucional en el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Se trata de 16 casos testigos. El letrado consideró que se agudizó "la violencia ejercida" por la Policía.

"Son casos testigos. No es la intención mostrar la cantidad de los que sucedieron sino mostrar un problema sistemático y estructural", manifestó. Planteó que es necesario también que el Estado provincial realice estadísticas y desarrolle políticas públicas para una seguridad más democrática e inclusiva.

El diputado Ramón Villa indicó que la Mesa les planteó su preocupación por los distintos hechos de violencia que ocurrieron en toda la provincia, como Rosario de la Frontera y Pichanal. También planteó que hubo un reclamo por las detenciones de siete remiseros cuando se manifestaban frente a la Legislatura . 

Un silencio irrazonable 

Gran parte de la reunión fue ocupada en el DNU 255. Amat se comprometió a que se lo debatirá en el recinto el martes próximo. Para entonces, por el paso del tiempo, el decreto se convertiría en ley. Esta inacción de la Cámara durante los 90 días de vigencia que tiene la norma dictada por el gobierno provincial, fue criticada por los organismos. "Se lo expresamos y que nos parecía totalmente irrazonable que en todo ese tiempo no se lo haya tratado en la Legislatura", sostuvo Plaza. 

Según los establecido en el artículo 145 de la Constitución Provincial, para quedar convertido en ley el decreto debe ser aprobado por la Legislatura, pero en caso de que eso no suceda dentro de los 90 días desde que es puesto en vigencia, automáticamente adquiere ese carácter legal. El DNU fue enviado por el Ejecutivo a la Legislatura el 31 de marzo y los 90 días se cumplirán este martes precisamente. De todos modos, Villa indicó que si se vencen los plazos para tratar el decreto y se convierte en ley el martes, de igual forma pueden derogarla.

El decreto fue cuestionado desde su promulgación, el 3 de abril, por asociaciones de derechos humanos, abogados y legisladores, entre otros, principalmente calificándolo de inconstitucional, por lo que se presentó una acción colectiva que espera resolución en la Corte de Justicia salteña. 

Para Plaza, el DNU viola garantías y derechos constitucionales, y las reglas de la democracia, porque pone en cabeza del jefe de Policía la posibilidad de aplicar detenciones de hasta 60 días a cualquier persona sin otorgarle el derecho de defensa y sin dar intervención a un juez, un fiscal o un defensor. 

Planteó que el DNU 255 vino a profundizar la violencia institucional. "Es un retroceso en un estado de derecho porque profundiza un problema estructural que hayamos consentido esto como sociedad salteña. Los representantes del pueblo que son los legisladores han consentido el DNU y es lamentable", manifestó.

Otro de los planteos de la Mesa fue la necesidad de conformación del Comité contra la Tortura para el que faltan las designaciones de los representantes de la Cámara de Diputados y de Senadores. Hubo un compromiso de Amat para llamar a concurso y que se designe a alguien por la Cámara Baja.

"Hay mucha preocupación por la violencia institucional", sostuvo Villa. El diputado fue con la Comisión de Derechos Humanos a Rosario de la Frontera y pudo escuchar los relatos de las víctimas de abuso policial. "Hay un accionar con mismo patrón de la Policía. A un hombre de 72 años por no llevar barbijo le pegaron un culatazo cuando iba en moto y terminó hospitalizado. Otro chico que estaba con la novia fue violentado por violar la cuarentena", contó. El próximo martes se conocerá el informe de la Comisión en la Cámara. 

Este viernes asistirán a la Cámara el ministro de Seguridad Juan Manuel Pulleiro, el secretario de Seguridad, Benjamin Cruz, y la jefa de policía, Norma Morales.