El fiscal general Carlos Amad solicitó hoy al juez federal Nº 1, Julio Bavio, que se avance con el procesamiento y el juicio oral del empresario Marcos Jacobo Levín, del ex jefe de seguridad de la Veloz del Norte, José Antonio Grueso, y de los policías provinciales Víctor Hugo Almirón y Enrique Víctor Cardozo, por crímenes de lesa humanidad cometidos contra trabajadores de la transportista. durante la última dictadura cívico militar.
En cuanto al comisario Víctor Hugo Bocos, que también está imputado en esta causa, el fiscal pidió al juez que ordene un examen por parte de una junta médica local, en atención a la situación sanitaria del país. El pedido se hizo una vez finalizadas las audiencias indagatorias, que se completarona ayer con Grueso. El único que no fue indagado es Bocos, porque adujo razones de salud para no participar del trámite.
En esta causa se investigan denuncias de secuestro y tortura de 17 ex trabajadores de La Veloz del Norte, por hechos cometidos entre enero y febrero de 1977 en Salta.
Al iniciar la investigación del caso la Justicia Federal de Salta admitió avanzar contra el empresario y otros policías respecto a las torturas de las que fue víctima el delegado gremial de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Víctor Cobos, en el marco de lo que para la Fiscalía fueron "maniobras destinadas a disciplinar a los empleados".
Inicialmente la Justicia Federal tuvo una postura diferente respecto al secuestro y torturas que sufrieron los otros trabajadores, dado que se consideró que no constituían delitos de lesa humanidad y por lo tanto estaban prescriptos. Esto motivó un recurso de la Fiscalía y siguió una sucesión de planteos recursivos hasta arribar a una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que el 18 de diciembre de 2018 ordenó que debía continuar la investigación a cargo del Juzgado Federal 1 de Salta, e incluso dispuso que se lleven adelante las correspondientes indagatorias a Levín, su jefe de seguridad (sindicado también como jefe de personal) y los policías acusados.
Finalmente las indagatorias se concretaron entre el miércoles y jueves pasado. Ahora, por aplicación de las garantías de "plazo razonable y tutela judicial efectiva", el fiscal Amad sostuvo que corresponde "se resuelva sin más trámite la situación procesal de los imputados". Para ello, requirió que se dicten los procesamientos y oportunamente se ordene la elevación de la causa a juicio oral y público.
Amad sostuvo que los trabajadores fueron perseguidos, ilegalmente detenidos y torturados en la Comisaría 4° de la ciudad de Salta a instancias de los directivos de la empresa, que buscaban anular su actividad gremial. También recordó que se cumplieron con todas las medidas procesales tendientes a descubrir la verdad, las que consideró que ratificaron los hechos de privación de la libertad y torturas sufridos por las víctimas, como así también la participación de Levín, Grueso, Almirón, Bocos y Cardozo en los hechos.
