"Estoy muy a favor de una renta básica universal acompañada de trabajo social garantizado y acceso a los servicios básicos", afirmó el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, en la Mesa Debate que organizó el jueves la Facultad de Ciencias Sociales de la Univerdad Católica Argentina (UCA). En la hora y media que duró el intercambio virtual, el ministro se explayó junto al ex presidente Eduardo Duhalde, entre otros expositores académicos, sobre el concepto de la renta básica universal y su posible aplicación en la Argentina.

El país recibió a la pandemia en una situación crítica: 8 millones de personas recibían asistencia alimentaria, había un 40 por ciento de pobreza  que escalaba a un 50 por ciento si se hacía foco en los niños, y 40 por ciento de los trabajadores lo hacían de manera informal. A casi cien días de la primera medida que el gobierno tomó para hacer frente a la covid-19, "el único número que tenemos es que las personas que comenzaron a recibir asistencia alimentaria aumentaron de 8 a 11 millones", confirmó Arroyo. 

Debido a la dificultad de medir la pobreza en este contexto, el gobierno no cuenta con números exactos pero el ministro afirma que es evidente que aumentó la pobreza, que cayó el ingreso tanto del sector informal de la economía, del sector informal integrado - aquellos que si no trabajan no cobran-, y también de parte de personas con trabajo formal. 

Este escenario obliga al gobierno a abrir un debate acerca de cómo se construye el camino para el escenario post-pandemia: "la salida gira en torno a tres ejes: el trabajo, la renta básica y el acceso a los servicios básicos. Estas dificultades no muestran solo un problema de ingresos, o de trabajo, o de falta de infraestructura básica. Es todo junto a la vez", sentencia Arroyo. 

Con respecto a la renta básica universal, Arroyo nombró los principales mecanismos por los cuales se realiza una transferencia de 115 mil millones de pesos a sectores con vulnerabilidad : el IFE para 9 millones de familias con dificultades, la AUH a 4 millones de niños y lo que el llama los "planes sociales" a 580.000 personas. 

Al pensar en cómo reconvertir ese esquema en una renta básica universal: "El mecanismo puede ser ya sea extendiendo la AUH para abordar a la pobreza infantil, aumentar el mecanismo del IFE y generar un corte en los sectores más vulnerables, o bien una combinación de ambas", informó el responsable de la cartera de Desarrollo Social. "Es un debate que cruza lo fiscal, pero primero es conceptual", sentenció. 

Esta semana, el presidente Alberto Fernández anticipó su decisión de implementar este instrumento. “Yo no soy hipócrita. Hay que hacer algo porque hay 9 millones de argentinos que están al margen”, comentó y abrió el debate acerca de la forma en que éste puede tomar en Argentina. Esta no es la primera vez que se abre este debate en la Argentina. En la crisis del 2001, el Frente Nacional Contra la Pobreza (FRENAPO), integrado por organizaciones de trabajadores, sociales, empresariales, universitarias, de derechos humanos, culturales, intelectuales, artistas y políticos, dio lugar al Plan Jefes y Jefas, implementada por Eduardo Duhalde, que buscaba no solamente colocar un piso de ingresos sino impactar en un nuevo tipo de demanda que privilegiara consumos populares. 

El ex presidente dio su opinión al respecto: "La gente no tiene autonomía cuando depende de un salario. La idea de la renta básica universal tiene que ver con la libertad, que nadie dependa de otro para tener autonomía. Hoy es una utopía, pero a mi criterio esto puede ser una realidad del futuro". 

Además de Arroyo y Duhalde, expusieron en el debate la investigadora del Albert Hirschman Centre on Democracy, Yanina Welp; el director del Observatorio de Deuda Social de la UCA, Agustín Salvia; el escritor Fernando Gril; la investigadora del Conicet, Laura Pautassi y el director del Programa de investigación Pobreza, Inclusión y Política Social de la UCA, Eduardo Lepore. Si bien en general los expositores estuvieron de acuerdo en la aplicación de una renta básica, coincideron en que su asignación tenga algún tipo de focalización, "es mucho gasto público para una política que no termina siendo 100 por ciento redistributiva y se deriva a gente que no necesariamente necesita", justificó Welp.

Agustin Salvia, presentó un contrapunto cuando destacó que el ingreso ciudadano tiene el riesgo de empoderar  a agentes consumidores o agentes de mercados, y no a ciudadanos productores de riqueza social. Sin embargo, ponderó este tipo de políticas como herramientas de coyuntura frente a emergencias.