El ministro de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, junto al secretario del área, Benjamín Cruz; el titular de Asuntos Internos, Enrique Cornejo Costas, y la Jefa de Policía, Norma Morales, acudieron a la Cámara de Diputados para responder los pedidos de información por la violencia policial registrada durante la pandemia. Para los funcionarios, las denuncias contra efectivos por procedimientos abusivos y de violación a los derechos humanos, son "casos particulares" y no un accionar "sistemático".

Al contrario de la consigna de las organizaciones de derechos humanos, "no es un solo policía, es toda la institución", el ministro se esforzó en plantear que la violencia policial "no es sistemática". Pulleiro comenzó detallando que en 152 días realizaron 360 mil procedimientos y que en proporción hubo "pocos" hechos de abusos policiales denunciados en fiscalías o en la Secretaría de Derechos Humanos. 

El ministro dijo que aumentaron las intervenciones policiales en un 40% respecto al año pasado. "Durante la pandemia en marzo y abril los delitos habían bajado: los robos y hurtos un 40%, con la modalidad motochorro, un 60%. Después del 1 de mayo los números se dispararon", señaló.

Respecto al accionar de la Policía, Pulleiro dijo que "se rige por el Código de Procedimientos, por el Código Penal. Tienen que hacerlo y así lo indica la ley". Indicó que la Dirección de Asuntos internos está para realizar las "investigaciones pertinentes” cuando se denuncian hechos de violencia institucional y le compete realizar "sumarios". "Si nosotros determinamos que se cometió una falta, se sanciona con el régimen disciplinario que tiene la Policía que va desde una sanción de apercibimiento o arresto, hasta la exoneración o baja de la institución", explicó.

Pulleiro dijo que el gobernador ha firmado 12 exoneraciones y bajas y que tienen 8 causas en proceso de investigación "que todavía no se pueden catalogar pero que van camino a esa figura". "No hay nadie que esté protegido, no hay impunidad, nosotros obramos como tenemos que obrar, de acuerdo al deber ser de la Policía y de los procedimientos que tenemos que llevar adelante", insistió.

El secretario de Seguridad, Benjamín Cruz, expresó su indignación ante los cuestionamientos a la Policía. “Yo rechazo muchísimos términos que ocupan como comunidad, de si la Policía si tiene un patrón (de conducta) o no, y cuando generalizan la institución. Me molesta muchísimo cuando generalizamos el accionar de la Policía. Es impecable, está haciendo un trabajo de 24 horas (...) Venimos trabajando en esta pandemia sin descanso, me hubiera gustado escuchar de todos los diputados un agradecimiento o una valorización de la Policía en el trabajo que venimos haciendo. Les agradezco a los que sí lo hicieron y reconocieron ese esfuerzo", sostuvo. 

"Están acá por violaciones a los derechos humanos", refutó el diputado del radicalismo, Héctor Chiban. El legislador cuestionó que los funcionarios hayan acudido a la Cámara con "un escudo de defensa". "Me preocupa lo que dijo Cruz de que la Policía es impecable porque no lo es de ninguna manera. Están adoptando una posición corporativa", respondió.

"Entendemos que el rol de la Policía es fundamental en este período de la emergencia pero también entendemos que este desempeño se debe realizar en el marco del respeto, cumpliendo con la Constitución Nacional, con el Estado de derecho en que vivimos", manifestó por su parte la legisladora del Partido de la Victoria, Jorgelina Juárez, presidenta de la comisión de Derechos Humanos.

Frente al planteo de inconstitucionalidad del decreto 255 realizado por las organizaciones de derechos humanos, porque amplía facultades de la Policía en la pandemia, Cruz también se mostró molesto. "Quiero ver quien planteó la inconstitucionalidad y quién la va a firmar. Es un decreto que está ayudando a que la provincia de Salta tenga el índice que tiene en salud y cantidad de casos, está siendo pionera en lo que es el comportamiento ante el tema de Covid-19, gracias a Dios y al trabajo de la Policía, a las decisiones políticas que ha tomado el gobernador", planteó. 

Esto generó un cruce con el diputado Santiago Godoy, que le recordó que existe un proyecto para derogar al decreto y enmarcar las infracciones a la cuarentena dentro del Código Contravencional. 

Cruz invitó a "pensar" a los diputados también en "las familias de los policías acusados". "No estamos viendo los derechos humanos y la situación de cada uno de esos policías”, se quejó.

El titular de Asuntos Internos, Enrique Cornejo Costas, también insistió con que "no hay que generalizar" cuando se dice que la función de la policía es  "reprimir", sino "analizar caso por caso". Cuando comenzó a hablar de las denuncias contra policías en Rosario de la Frontera, las redujo a dos, cuestión que le fue corregida por Juárez, quien le recordó que son 6 y que escucharon otros relatos de los que no hubo denuncia.

Cornejo Costas realizó comparaciones poco afortunadas. Se refirió a "un joven de 23 años que estaba con la novia en estado de ebriedad". "Debe ser que por su juventud tuvo miedo cuando apareció el móvil policial y empezó a huir. En esa huida se lo detiene". Reconoció que hubo un "mal proceder policial". "Por eso estamos investigando quiénes fueron los policías que estaban a cargo del operativo", afirmó.

"No podemos compararlo con el caso del señor Saldaño. Hizo una denuncia contra dos policías. Uno estaba de licencia médica, es imposible que haya estado en ese lugar. El otro, con los registros que tenemos estuvo todo el día en la dependencia policial, nunca se acercó. Es un trabajador independiente y hoy está detenido por haber sustraído un chancho", planteó. Luego dijo que Saldaño tiene antecedentes, "más de 6 causas este año por robo agravado con armas, igual que (otro familiar)". 

"No podemos comparar un joven de 23 años que tuvo miedo (con) una persona que hoy está detenida y juzgada", dijo Cornejo Costas. Saldaño no fue juzgado, se encuentra con prisión preventiva. Sus familiares plantearon a la comisión de Derechos Humanos que lo acusaron de cuatrerismo luego de la denuncia que hizo a la Policía. En esa segunda detención, también fueron demoradas la madre cuando se impuso para acompañarlo en el móvil y dos hermanas cuando fueron a preguntar en la Comisaría. 

"Saldaño hizo una denuncia de que le sustrajeron la moto y otra de que le sustrajeron la moto y lo golpearon (...) Está probado que el golpe que recibe no fue de la policía sino porque integra una banda de cuatreros", afirmó Cornejo Costas. 

"En el informe de la comisión de Derechos Humanos destacamos la grave situación que nos han relatado los vecinos de Rosario de la Frontera y nos preocupa el grado de temor, de angustia, que vimos en esa localidad por este accionar. Las denuncias representan diferentes ámbitos sociales, si bien la mayoría son jóvenes también tenemos un adulto mayor de 72 años que denunció un abuso policial. En el caso Saldaño dicen que tiene causas anteriores y también nos lo dijo el fiscal pero también se detuvo a toda la familia", precisó Juárez. La diputada requirió a los funcionarios qué medidas tomarán para la prevención de las conductas abusivas de la Policía. 

El diputado Claudio del Plá, del Partido Obrero, aclaró que cuando hablan de patrón se refieren a los golpes en los traslados policiales o a los operativos sin identificación por parte de los efectivos. 

La jefa de Policía reiteró parte de lo dicho por los funcionarios y añadió que las personas que denuncian violencia policial deben ser examinadas por médicos "de los hospitales públicos" y no por los de la Policía. También dijo que a los efectivos denunciados por mal procedimiento o violencia de género, se les retiene el arma reglamentaria y deben pasar a cumplir tareas internas y administrativas, "no van a poder realizar procedimientos en la vía pública".

En referencia a la represión y detenciones hace dos semanas a los remiseros que protestaban frente a la Legislatura, Cornejo Costas también dijo que se está investigando que sucedió, para lo que solicitaron imágenes de las cámaras de seguridad. Ninguno de los funcionarios descartó que se los haya tenido ilegalmente detenidos dentro del edificio legislativo, en donde los remiseros inclusive denunciaron haber sido golpeados.