El macrismo busca paralizar el Congreso

Juntos por el Cambio está decidido a bloquear el funcionamiento de la Cámara de Diputados, por lo menos hasta que culmine el nuevo periodo de aislamiento estricto decretado para el área metropolitana. El protocolo acordado en la Cámara baja para realizar sesiones a distancia caducó el último miércoles, y la oposición se negó a prorrogarlo. En ese marco, los referentes del principal espacio opositor le exigieron a Sergio Massa, presidente del cuerpo, el regreso de las sesiones presenciales y le advirtieron que no están dispuestos a debatir reformas estructurales de manera remota. Desde el Frente de Todos sostienen que se trata de una estrategia para clausurar los debates parlamentarios.

“Entendemos que tenemos que sesionar de manera presencial. Desde ya que las sesiones se tendrán que hacer en un lugar más amplio y cumpliendo todos los protocolos sanitarios”, afirmó Alfredo Cornejo, diputado y titular de la UCR a nivel nacional, ante la consulta Página/12. En el mismo sentido se expresó el diputado del PRO, Jorge Enriquez, que señaló: “No puede ser que nos estemos turnando para ir al recinto. Las sesiones tienen que ser presenciales, están dadas las condiciones para que así sea”. Para Enriquez “no se puede seguir demorando el regreso, porque hay temas que se terminan acordando dentro del recinto y desde las bancas. Además, hay proyectos, como la reforma judicial, que se terminan enriqueciendo con el debate dentro del recinto”.

La visión de Cornejo y Enriquez es compartida por el ala dura del PRO, y también fue expresada a lo largo de la última semana por los diputados Álvaro de Lamadrid y Fernando Iglesias.

Desde el oficialismo entienden que, en realidad, el pedido de sesiones presenciales tiene como objetivo paralizar la actividad parlamentaria. “En el pico de la pandemia, reclaman sesiones presenciales. Si plantean eso, es porque los que quieren cerrar el Congreso son ellos”, explicó ante Página/12 una fuente cercana a la presidencia del bloque de Diputados del Frente de Todos. En ese contexto, desde el oficialismo remarcan que la exigencia de volver a las sesiones presenciales se da luego de que en menos de 15 días dos diputados del Frente de Todos, Walter Correa y Federico Fagioli, dieran positivo en el testeo de coronavirus.

Dentro de la decisión de Juntos por el Cambio de bloquear el trabajo del Congreso también se juega la posibilidad de seguir postergando un debate interno que puede terminar en ruptura. Para el oficialismo, la decisión de Mario Negri, titular del interbloque de Juntos por el Cambio, de quedarse en Córdoba y no participar de manera presencial de la última sesión también es una muestra del pésimo clima que existe dentro del principal espacio opositor. Sin embargo, en el entorno de Negri, aseguraron que la decisión del diputado radical tuvo que ver con evitar transitar por la Ciudad de Buenos Aires ante el crecimiento exponencial de casos de coronavirus, y con resguardar a su familia de posibles contagios. Cualquiera sea el caso, la decisión del referente de la UCR de Córdoba se contrapone con los deseos de Cornejo.

En el seno de Juntos por el Cambio niegan que la intención sea paralizar el Congreso, pero asumen que ante las posiciones irreductibles la continuidad de las sesiones en Diputados durante las próximas tres semanas se hace imposible. “No depende de nosotros, depende de las autoridades de la Cámara”, argumentan. Ante esa realidad, el primer debate postergado será el de la creación de la comisión Bicameral para investigar la relación de Vicentin con el Banco Nación durante el gobierno de Cambiemos. 

Lo cierto es que la discusión por la manera en la que debe continuar trabajando el Congreso volvió a mostrar los cuatros sectores que conviven dentro del interbloque de Juntos por el Cambio. El sector que encabeza Martín Lousteau, no tiene problemas en continuar trabajando de manera virtual; los que se encolumnan tras Negri, plantean que la modalidad remota sólo debe utilizarse para debatir temas consensuados por todos los bloques; los del ala dura del PRO, exigen sesiones presenciales; y los que responden a Emilio Monzó y Rogelio Frigerio, plantean un análisis tema por tema. Así las cosas, el mejor escenario para el posmacrismo es un Congreso cerrado que evite una fractura que parece inevitable.

Ante esa coyuntura, la postura del oficialismo en Diputados, en principio, es evitar el tratamiento de temas que pueden generar “ruido político” en el medio del endurecimiento de la cuarentena. Por eso, según pudo saber Página/12, el proyecto que busca establecer un impuesto por única vez a las grandes fortunas aún no tiene fecha de tratamiento. “Hay decisión de avanzar, el proyecto está listo y tiene el consenso necesario. Sin embargo, la decisión es no generar ruido político en medio de la profundización de las medidas de aislamiento”, explicaron desde lo más alto de la estructura parlamentaria del Frente de Todos.

Más allá de eso, desde el bloque que conduce Máximo Kirchner, ya planean una estrategia para intentar seducir a una porción del radicalismo y lograr que finalmente acompañe el impuesto extraordinario. El texto definitivo establecerá una aplicación específica para lo recaudado. Será para financiar el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBap), una norma aprobada durante de la gestión de Mauricio Macri y que tuvo entre sus impulsores a Elisa Carrió. La intención del Frente de Todos es utilizar los recursos extraordinarios para cumplir con la ley que establece la regularización de los dominios y el acceso a los servicios públicos en todos los barrios populares.

La estrategia planteada por Juntos por el Cambio tiene base sólida en Diputados, donde el Frente de Todos no cuenta con mayoría propia y necesita de una decena de aliados para alcanzar el quórum. En tanto, en el Senado, el panorama es diferente. En la Cámara alta, el bloque que comanda José Mayans supera con amplitud el número necesario para habilitar sesiones y sancionar leyes. Por eso, el recinto que preside Cristina Fernández de Kirchner seguirá funcionando las próximas semanas. Y por esa misma razón, el ala dura de Juntos por el Cambio comienza a transitar el camino de la judicialización para tratar de obstruir en la justicia lo que no puede frenar en el Congreso.

Así las cosas, en los próximos días el oficialismo avanzará con el tratamiento en comisión de la ley que regula el teletrabajo, la iniciativa que crea la Campaña Nacional de Donación de Plasma de los pacientes recuperados de coronavirus y la norma de economía del conocimiento. Los tres proyectos ya cuentan con media sanción de Diputados y el oficialismo apuesta a convertirlos en ley antes del 10 de julio.