“Las sociedades diversas no solamente protegen nuestras vidas sino que dan una mejor calidad de democracia”, dice Alba Rueda, la primera subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. En el momento fundacional del Ministerio, la elección de su nombre --una mujer trans militante por los derechos de las personas trans y travestis-- generó buenas expectativas en el colectivo de la diversidad sexual. A seis meses de su asunción, y en el marco del Día Internacional del Orgullo LGBTI+, contó sus planes y acciones. Además, adelantó que hay voluntad política de que el cupo laboral trans sea ley.

--Hoy en el mundo se celebra el Día del Orgullo Gay. ¿Qué destaca en esta fecha?

--Lo primero que me parece muy importante es que si bien tiene un gran eco en muchos países, se considera un día muy importante en la agenda LGBT local. Hace años se instauró esta fecha por el reclamo de justicia por Diana Sacayán, con la idea de que el orgullo tenía que ver con la vida de las personas. Se iniciaron una serie de marchas con la consigna “Basta de travesticidios y transfemicidios”. Esa consigna le da la impronta local al día internacional, que en algunos lugares tiene una clave más mercantilizada. Es para nosotres importante que en nuestro país el movimiento LGBT supo tener una agenda propia. La marcha de travesticidios ha cobrado una enorme agenda.

--Es el primer 28 de junio como funcionaria. ¿Cómo lo vive?

--Desde el Ministerio la agenda del 28 tiene una textura política, que tiene que ver con nuestros territorios, con las demandas y los espacios de las organizaciones LGBT. Y justamente el reclamo tanto de justicia como la demanda “Basta de travesticidios y transfemicidios” es un planteo que le da cuerpo a nuestras políticas públicas. Porque para nosotras tanto los crímenes hacia la comunidad LGBT como la muerte evitable y temprana de las personas trans, son uno de los mayores compromisos y responsabilidades que tenemos desde las políticas públicas. Estas políticas públicas tienen que considerar la violencia estructural hacia la comunidad LGBT y principalmente a las trans y travestis.

--¿Con qué plan llegó al gobierno y con qué se encontró?

--Hay dos ejes que son clave para poder atender estas realidades de violencia estructural. Uno tiene que ver con que frente a la demanda de la emergencia, la falta de alimento, las amenazas por desalojos, la violencia institucional, la violencia en hogares hacia niñes LGBT, tenemos que tener un enfoque de política pública de manera integral. Tiene que haber un abordaje integral para poder pensar esta dimensión de la violencia estructural. Sobre todo considerando que no solo corresponde sino que es posible este enfoque. Otro dato muy sustantivo es considerar la transversalidad de las políticas públicas. El Estado tiene que trabajar mucho para poder articular con sus contrapartes locales, territoriales, para que el ejercicio de ciudadanía trans esté puesto dentro de los territorios. Y ese es un desafío social y político muy amplio: atender las situaciones de emergencia considerando la responsabilidad de las políticas públicas. Pero no basta solamente con atender la emergencia, hay que proyectar cambios culturales, sociales. Entonces el desafío es enorme porque implica considerar una política transfeminista dentro de las lógicas del Estado.

--¿Qué desnudó la pandemia?

--La pandemia mostró la emergencia social que para las organizaciones estaba clara, pero se puso muy en evidencia.

--¿Qué hicieron desde el Ministerio?

--En el abordaje de la emergencia pudimos generar una respuesta alimentaria, y con la perspectiva integral. Incorporamos 3500 personas trans y travestis al Potenciar Trabajo, un programa que tiene como contraparte un proceso de capacitación y formación en economía social y la terminalidad educativa. También estamos trabajando frente a los desalojos articulando con el Ministerio Público de la Defensa para abordar las cuestiones vinculadas. Otro gran aspecto es trabajar la violencia institucional que se vio mucho en estos meses. Lamentablemente muchas personas de la diversidad sexual vivieron situaciones de violencia institucional. A una chica de Jujuy se la sacó de la puerta de su casa, por ejemplo. Hay un mensaje que lamentablemente las personas LGBT lo conocemos, lo tenemos en el registro de nuestra historia, que es la persecución de la policía. El estado de situación actual es que falta mucho trabajo con respecto a las fuerzas de seguridad para que efectivamente tengan una práctica de los derechos. El tema se dio principalmente con las fuerzas provinciales que ya vienen de prácticas abusivas y muchas veces con una legislación conflictiva, como por ejemplo los códigos contravencionales. Son códigos que criminalizan la pobreza, la prostitución y tienen un ejercicio discrecional en su aplicación. Igual avanzamos con el Ministerio de Seguridad reemplazando el protocolo de detención Bullrich para personas LGBT por una resolución que permite pensar no solo los derechos sino volver a resituar una perspectiva de derechos dentro del Ministerio de Seguridad.

--¿Las deudas son las mismas que años atrás?

--Hay un sujeto político de la diversidad, trans, que supo llegar a planteos que tienen consistencia con estos modelos de gobierno. Soy una persona que viene de los movimientos sociales con una agenda y el gran desafío es traducirlas en políticas públicas. Con el enorme desafío que eso implica. El movimiento LGBT se fue robusteciendo. Estamos a días de celebrar los diez años del matrimonio igualitario. Hoy por lo menos queda clarísimo que el derecho no fue el holocausto que vaticinaban quienes hablaban en contra del matrimonio igualitario, no, nuestra sociedad avanzó, se fortaleció la democracia, no se terminaron las familias como decían… quizás una evaluación del aporte de los movimiento LGBT tiene que ver con que fortalecen las instituciones.

--Esta semana se empezó a tratar el proyecto de ley de cupo laboral trans, una de las demandas más urgentes.

--Es una agenda social y política que tiene su historia. Fue iniciativa en la provincia de Buenos Aires por Diana Sacayán. Eso me parece muy importante para nuestras perspectivas trans feministas, para pensar en la clave de los derechos y el reconocimiento en el marco normativo. No basta el reconocimiento del derecho a la identidad si no va acompañado de los derechos económicos (de mejorar) las condiciones de vida... que el Estado adopte criterios para romper esa desigualdad. Una ley como esta permite saber que la responsabilidad de todas estas violencias también tiene que ver con el Estado y es su responsabilidad poder modificarlas.

--¿Se aprueba este año?

--Creo sí. Hay voluntad política, de eso no me cabe duda.

--En legislación de diversidad, Argentina está avanzada en el mundo. ¿Qué implica esto para usted?

--Sí, por eso nosotras tenemos que dar un paso más allá, subir los indicadores de derechos humanos, poder abrir nuestra sociedad, porque las sociedades diversas no solamente protegen nuestras vidas sino que dan una mejor calidad de democracia. Como un país latinoamericano, en Argentina tenemos una enorme responsabilidad de saber que en el 2020 es posible avanzar en derechos y demostrar que las políticas públicas también incluyen en nuestras latitudes. Y hoy, en pandemia, hemos visto que el rol del Estado es sumamente necesario y fundamental para nuestras sociedades y que las perspectivas de diversidad también son fundamentales para poder resguardar la vida y el ejercicio de los derechos de los sectores más excluidos de nuestra Argentina. La responsabilidad del Ministerio de las Mujeres es transversalizar en todas las políticas públicas una agenda que tenga que ver con la diversidad y las mujeres.