El golpe del 76 y los días de horror y sangre que siguieron quedarán para siempre grabados en nuestra memoria, y es fundamental que así sea, que hagamos de su reconstrucción un ejercicio cotidiano para que ninguna generación vuelva a padecer la atrocidad y la muerte.

Salvo los grandes grupos económicos, todos los ciudadanos vivieron en aquellos años bajo la mira de los tanques y los fusiles, y ni la más siniestra de las especulaciones habría podido imaginar las atrocidades cometidas contra estudiantes, trabajadores, periodistas, gremialistas, docentes, políticos, sacerdotes, artistas y hasta algunos empresarios en sus centros de detención clandestina, en los tenebrosos vuelos de la muerte y en las mesas de tortura.

Pero no fue solo la violencia física, también existió otra violencia ejercida desde una prensa cómplice, desde algunos juzgados y fiscalías que miraban para otro lado, desde la maldita policía y los robos institucionalizados, la delación y ese silencio estremecedor que habitaba en cada calle.

Hoy, los nombres de Darío Santillán, Maximilano Kosteki, Pocho Lepratti, Carlos Fuentealba y Julio López, entre otros, son el amargo y triste resabio de aquellos años de plomo en plena democracia, y si bien desde los ochenta se logró juzgar y condenar a muchos de los principales responsables de la violación más brutal a los DDHH, el golpe se cimentó y asentó sobre un terrorismo económico cuyos instigadores y  beneficiarios gozan todavía de total impunidad.

Son los mismos que sabían en aquel momento que un programa económico neoliberal sólo podría imponerse a través de un plan sistemático de violación a los derechos más elementales y el exterminio ideológico y físico de todo aquello que se interpusiera en el camino.

Son los mismos que, aún con gobiernos elegidos democráticamente, se quedaron con empresas del Estado o viviendo de él, sin que nada ni nadie los detuviera, sin dar testimonio de cómo hicieron su fortuna, sin que nadie los rozara con alguna pregunta incómoda.

La mayor deuda de nuestra democracia, entonces, es la impunidad de los cómplices civiles, que siguen beneficiándose con las políticas económicas que hoy están hipotecando el futuro de generaciones mientras se desarticulan las redes de contención de los más desprotegidos para condenarlos al hambre y la miseria.

Cuarenta y un años después de la ruptura del orden constitucional a manos de un grupo de tareas con rango militar, con la impotencia que despierta ver que solo algunos de los gestores de esas páginas negras tuvieron en su vejez algún castigo, vamos empezando de nuevo cada día: preservando la memoria, apoyando la lucha de las abuelas por la identificación de los nietos, pidiendo la apertura de archivos y resguardando otros que pueden hoy estar en peligro de ser destruidos, en definitiva, construyendo una mayor y mejor democracia.

* Diputado provincial socialista.