A lo largo de las últimas décadas, durante las diferentes etapas por las que ha atravesado nuestra imperfecta, y por momentos insuficiente, pero siempre defendida democracia, se han producido sucesivamente avances y retrocesos en el proceso social de construcción de la memoria sobre el pasado reciente, en particular, sobre la experiencia del terrorismo de Estado.

En la actualidad, es claro que se vive un momento de difusión de políticas negacionistas a nivel nacional, que buscan ocultar lo sucedido durante la última dictadura cívico militar, llamando "guerra sucia" lo que claramente fue un plan sistemático de desaparición forzada de personas, o intentando minimizar los hechos, al colocar el eje de la discusión en el número de desaparecidos como si eso redujera en algo la dimensión de la tragedia sufrida. Esto se traduce en la lentitud y la falta de recursos que se evidencian en las causas por delitos de lesa humanidad.

A diferencia del Ejecutivo nacional, en Santa Fe, los últimos gobiernos democráticos han promovido numerosas iniciativas tendientes a promover la verdad histórica y apoyar la realización de los procesos judiciales contra los genocidas y sus cómplices civiles. Entre ellas, podemos mencionar la creación del Archivo Provincial de la Memoria, el trabajo de búsqueda e identificación de personas desaparecidas y de localización de Centros Clandestinos de Detención y la señalización de sitios de memoria del terrorismo de Estado.

Entre los lugares señalizados, como parte de esta política pública, se encuentra la llamada Quinta de Funes, un sitio considerado emblemático por su utilización como centro clandestino de detención, en el que fueron detenidos y desaparecidos un grupo de militantes pertenecientes a la organización Montoneros. En el 2015, se logró la aprobación de la Ley que declaraba de utilidad pública y sujeto a expropiación este inmueble, con el fin de convertirlo en un espacio de recuperación, resguardo y transmisión de la memoria social para las próximas generaciones.

Hasta el momento, no se ha cumplido con lo que establece la normativa y es por eso que solicitamos al gobierno provincial que disponga de las medidas necesarias para concretarla. Consideramos fundamental contar con este lugar que fue testigo de la desaparición de personas y de bebés durante el Terrorismo de Estado para trabajar en la reconstrucción de la memoria histórica en la Argentina, que es un modo de garantizar nuestro compromiso con la vida y el respeto de los Derechos Humanos. Este próximo 24 de marzo seguimos exigiendo Memoria, Verdad y Justicia por los 30.000 desaparecidos y marchando con la sociedad en su conjunto porque esta lucha, a pesar de todo lo conseguido, no se ha terminado.  *Diputada provincial del Partido SI (Solidaridad e Igualdad), presidenta de la Red de Mujeres Parlamentarias de las Américas y el Caribe.